Defensoría estudia nueva alerta de riesgo para Buenaventura

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, no descartó que en Buenaventura estén funcionando ‘casas de pique’ para desaparecer los cuerpos de personas asesinadas. En entrevista con EL TIEMPO habló de la difícil situación en el puerto.

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Hay un nuevo rebrote de violencia suscitado por la ruptura interna del grupo de crimen organizado conocido como ‘la Local’, expresada en la división de dos estructuras ilegales: ‘los Shotas’ y ‘los Espartanos’. Estas se encuentran en lucha por el dominio del territorio, desde el pasado 30 de diciembre del 2020, en cuyo cometido han generado graves riesgos de vulneración a los derechos de la población civil. Además, está la intención de la banda delincuencial ‘la Empresa’ por ampliar su poder, con el apoyo económico y logístico de otros sectores de la mafia con influencia dentro y fuera de Buenaventura.

En términos globales, se evidenció una gestión institucional baja y la paralela persistencia del escenario de riesgo advertido inicialmente. Se resaltan las acciones adelantadas por el Ministerio de Defensa, quien aludió la ejecución de planes estratégicos por parte de la Policía para mitigar los riesgos alertados. Adicionalmente, el Gaula realizó campañas de prevención, alentando la denuncia de delitos e informando sobre las modalidades de extorsión. Se identificó la realización de consejos de seguridad en los que se priorizó aumento de las unidades de fuerza pública, con énfasis en investigación e inteligencia para que de manera coordinada con la Fiscalía se lograra el desmantelamiento de las estructuras criminales. Sin embargo, no se apreciaron acciones de seguimiento a las medidas adoptadas o su incidencia sobre el escenario de riesgo. La UNP, por su parte, ha implementado algunos esquemas de seguridad individual y colectiva para líderes sociales en riesgo. Sin embargo, las medidas siguen siendo limitadas en su alcance y efectividad, tomando en cuenta la magnitud del escenario de riesgo actual.

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Conforme el monitoreo efectuado, no se tiene información actual sobre ‘casas de pique’ en el puerto. Sin embargo, no se descarta que, en el contexto de intensificación de la disputa actual, este repertorio de violencia pueda presentarse de nuevo con fines de desaparición forzada y/o para generar terror en la población civil.

Existen diferentes riesgos para la población asentada en las zonas urbanas y rurales del municipio. Sin embargo, conviene destacar que la alerta temprana emitida por la Defensoría solo focaliza riesgos para cuatro comunas y un corregimiento. En todo caso, el riesgo en otras zonas rurales es objeto de monitoreo constante y se evalúa posible emisión de una alerta de carácter estructural para la mayor parte del territorio del Distrito.

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Se valora el aumento de pie de fuerza en la zona, los 250 hombres que se asignaron para el Distrito y los esfuerzos en la captura de cabecillas y de los grupos armados organizados y en la incautación de armamento de largo alcance. Es importante resaltar que así como ha habido aumento de la fuerza pública, se deben tener en cuenta los acuerdos de tipo social pactados entre instituciones del Estado y organizaciones sociales. Los proyectos derivados del Plan de Acción, acordado entre el Comité del Paro Cívico y el Gobierno Nacional, son un avance muy importante para el bienestar social de la ciudadanía bonaverense.

 Que las acciones de refuerzo de la Fuerza Pública tengan vocación de permanencia en las zonas de disputa. De cara a lo dicho en la Alerta 003-21, es importante que su accionar se focalice específicamente en los barrios y veredas señalados.

Además que se diseñen mecanismos para profundizar la presencia del Estado en su componente civil en las zonas en riesgo. Particularmente acciones para superar factores estructurales de pobreza, discriminación y desprotección social. De lo contrario, seguirá habiendo incentivos para que los actores ilegales se sigan presentando como alternativa para la vinculación de la población en sus filas.

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Se requiren planes de mejoramiento/profundización de la istración de justicia. Ello pues los actores ilegales imponen sus normas ilegales y las hacen valer de forma violenta. · Emprender planes de choque contra la extorsión. Prácticamente todas las actividades económicas legales son objeto de extorsión en el puerto Y financiación de los instrumentos de prevención: Planes de Prevención y Contingencia. Con una coordinación en lo pertinente con Gobernación y la Nación en materia de subsidiariedad.

Hay zonas con escenarios de riesgo de marcada disputa por el control territorial, que tienen un justo correlato con altos niveles de victimización de la población civil. Esto en el bajo Cauca Antioqueño: Cáceres, Tarazá, Caucasia, El Bagre, Zaragoza y Nechí. Fuerte y permanente disputa territorial entre AGC y Bloque Virgilio Peralta Arenas.

El sur de Córdoba: Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador. Fuerte y permanente disputa territorial entre AGC y Bloque Virgilio Peralta Arenas. Además el sur del Cauca: Argelia, El Tambo y Balboa. Disputas entre facciones disidentes de las ex FARC y ELN. Alto nivel de consumación de riesgos. Norte del Cauca: Control marcado de facciones disidentes de las ex FARC-EP y disputa con ELN y posible llegada de la llamada Segunda Marquetalia. Tumaco (Nariño): Rural y urbano. Debido a disputas entre la facción disidente Frente Oliver Sinisterra (FOS) y el grupo de crimen organizado Los Contadores.  Catatumbo por disputas por el control entre EPL, ELN, Rastrojos y AGC. Y Arauca: en donde hay disputas entre facciones disidentes de las ex Farc y el Eln. Se intensifica por las vulnerabilidades que supone la frontera porosa con Venezuela.

@JusticiaET