¿Qué plantea el polémico artículo del PND que incentiva la contratación a dedo?

Las plenarias de Cámara y Senado aprobaron el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que favorece la contratación de la economía popular, como son las juntas de acción comunal, y sobre el cual diferentes organismos de control alertaron porque podría abrir un nuevo boquete para la corrupción en la contratación oficial. En el texto final conciliado se trata del artículo 100. 

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El proyecto plantea que las entidades estatales puedan empezar a celebrar directamente contratos hasta por la mínima cuantía –es decir desde 28 hasta unos 100 salarios mínimos en función del presupuesto del contratante-  con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hacen parte de la economía popular y comunitaria.

“Siempre hemos hablado de asociaciones público-privadas, pensando en las grandes empresas. Lo que ahora quiere este gobierno es que tratemos de ver cómo las personas de menos ingresos también participan en las dinámicas del Estado. Por ejemplo, que si se va a hacer una vía terciaria, usted tiene alta ingeniería, pero contrata a los vecinos del pueblo para poder hacerla”, explica Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Para algunos expertos consultados por EL TIEMPO, esta posibilidad es una manera de abrirle la puerta a una mayor contratación a dedo y corrupción.

Estos pequeños contratos se harán a través de las denominadas asociaciones público-populares, a las cuales se les exigirán menos requisitos para acceder a los contratos. 

Hoy en día, la ley ya permite al Estado celebrar contratos directamente con las juntas de acción comunal hasta por la menor cuantía, que puede ser de hasta 1.000 millones de pesos. Lo que cambia con el Plan de Desarrollo es que estas organizaciones de la economía popular también podrán celebrar con las entidades públicas directamente contratos por la mínima cuantía (unos 116 millones de pesos). Es decir, sin pasar por todos los requisitos que impone la Ley 80. Esa facultad, más en un año electoral como este, ha encendido todas las alertas.

“Hoy ya se pueden celebrar contratos; estamos ampliando lo que se puede hacer. Se sorprenderían si les digo que este artículo fue fruto de la Comisión Primera hace años con Germán Vargas Lleras”, señaló el nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Estos pequeños contratos serían para la ejecución de obras, de vivienda rural, vías terciarias y caminos vecinales, entre otros, así como para temas culturales, proyectos de eficiencia energética o temas agropecuarios. Además, se especifica que el Gobierno, a través del Departamento Nacional de Planeación, reglamentará el artículo.

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En medio del debate fueron varios los congresistas de la oposición que alertaron de la inconveniencia de la norma. “Esto puede ser un gran foco de corrupción y de compra de votos con los recursos públicos”, alertó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.

Por su parte, el representante Christian Garcés dijo que este artículo ayuda a flexibilizar la lucha contra la corrupción y disminuye los avances que se han hecho hasta el momento en descentralización. “El Gobierno va a poder contratar directamente con entidades sin ánimo de lucro. ¿Quién va a controlarlo? Miles de millones de pesos van a estar repartidos por todo el país en 'contratitos' de 1.000 millones de pesos”, alertó.

La primera alerta la hizo el propio fiscal general, Francisco Barbosa. Sin embargo, se le han sumado otros como la procuradora Margarita Cabello o los exfiscales Viviane Morales y Néstor Humberto Martínez.

Hace unas semanas, Barbosa aseguró que pese a ser cifras conservadoras, el erario podría quebrantarse a través del uso reiterativo de estas figuras, que pueden representar hasta 116 millones de pesos contratados de manera directa.

“Realizar excepciones sobre lo excepcional, como lo es la mínima cuantía, implica grandes dificultades para la investigación y el procesamiento de delitos asociados a la celebración indebida de contratos, como la violación del régimen legal”, dijo.

Igualmente, señaló que el artículo que permitiría a la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– realizar procesos de contratación con actores de la economía popular sin necesidad de presentar el registro único de proponente (RUP) resulta “altamente preocupante”.

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La procuradora Margarita Cabello, le dijo a EL TIEMPO que en el texto propuesto se amplía la contratación directa mediante la nueva modalidad de asociaciones público-populares, la cual no está definida en relación con su objeto estatutario y la reconocida idoneidad adecuada para desarrollar los objetos contractuales, además de la experiencia en la ejecución y istración de recursos públicos y capacidad financiera.

“Sobre la idoneidad que se exige a los contratistas, por ejemplo, en materia de ejecución de infraestructura vial y acueductos, debe tenerse en cuenta que la Ley 842 de 2003 reglamenta la profesión de ingeniero y precisamente se requiere tal calidad para el ejercicio de estas actividades. Por otra parte, se estaría permitiendo contratar por el monto de la mínima cuantía de la entidad contratante, cualquiera que sea esta, sin consideración de la capacidad financiera que podría exigirse de la asociación público-popular”, dijo.

Una opinión similar tiene la exfiscal general Viviane Morales, quien asegura que bajo el título seductor de la economía popular y de la “inclusión” quieren entregarle al Gobierno la discrecionalidad total para que contrate con sus amigos y con sus bases políticas prácticamente todo lo que quiera.

“Con el cuento de que hay que priorizar la contratación con los indígenas, las organizaciones étnicas territoriales, las comunidades negras afrocolombianas, raizales, palenqueras, rom, etc., lo que verdaderamente quieren es destruir los principios constitucionales de la contratación pública con el fin de entregársela toda a los amigos y a las bases electorales del Pacto Histórico (...). No es cierto que vayan a contratar con los campesinos; van a contratar con la organización campesina del Pacto Histórico”, sentenció en una columna de este medio.

El exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira también le dijo a EL TIEMPO que esta propuesta rompe los principios constitucionales de la selección objetiva y de la transparencia porque se escoge a un contratista directamente no en razón de elementos objetivos, sino de política pública para favorecer a entes de la economía popular. Además, dice que violenta el régimen de competencia en la medida en que se cambian las reglas de la libre concurrencia en el mercado, de tal manera que se discrimina contra empresarios establecidos que no son de la economía popular.

“Se facilita la corrupción en la medida en que a través de contratación directa serán muchas las entidades que se organicen bajo formas asociativas populares para obtener beneficios contractuales del Estado de manera espuria”, sentenció.