Las promesas que le hizo el Presidente al sector de la infraestructura

En línea con el acuerdo nacional —que marcó el encuentro del martes con algunos de los principales empresarios del país—, el presidente Gustavo Petro les dio un parte de tranquilidad a los representantes del sector de la infraestructura, que estaban preocupados por una serie de rumores que habían circulado en los últimos días.

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En el XX Congreso Nacional de la Infraestructura, que se celebra en Cartagena hasta mañana, el mandatario negó que se vayan a incumplir los contratos de concesión vial y aseguró que el Gobierno no eliminará la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), como se había dicho días atrás.

“No vamos a incumplir ninguno de los contratos ya firmados. La figura de la concesión tiene una importancia porque suple lo que el Estado no podría hacer por sí mismo. Es un mecanismo alternativo. Yo nunca he sido enemigo de eso”, aseveró a los asistentes al congreso anual que lidera la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

El propósito, dijo, es que los contratos de concesión vial tengan otras fuentes de financiación fuera de los peajes. Para ello, señaló que este año se está adelantando un ejercicio de valorización de los predios aledaños a las vías nacionales.

“En Bogotá se hicieron muchas obras de valorización. Nos tocó trasladar esta experiencia a la Nación. El cobro de valorización será complementario y no sustitutivo del peaje. Lo que queremos es no sobrecargar a quienes pasan por las carreteras. Eso es insostenible”, explicó.

Sin embargo, no todos los propietarios de los predios de las vías cercanas a las carreteras tendrían que pagar tal impuesto. Según el mandatario, el cobro por valorización dependerá de la estructura social que rodee a cada vía.

“No vamos a cobrar valorización a los pequeños propietarios porque los arruinamos. Generaríamos una especie de gentrificación. Pagarán los pudientes y los grandes poderes. Es necesario descargar el peso financiero”, sostuvo.

Respecto al futuro de la ANI, Petro confirmó que la entidad no se acabará; al contrario, se fortalecerá pues tendrá un nuevo brazo que permitirá a la entidad estar detrás de la infraestructura social.

“¿Cuándo hemos hablado de acabar la ANI? Ni en sueños. No estamos pensando en acabarla; lo que queremos es fortalecerla. Queremos aumentar las capacidades del Estado, no debilitarlas”, subrayó.

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Con la firma del Plan Nacional de Desarrollo, la entidad adquirió la facultad para ampliar la provisión de infraestructuras sociales, es decir que también estaría a la cabeza de proyectos como hospitales, universidades, colegios y saneamiento básico, en articulación con las autoridades departamentales y locales, a través de las asociaciones público-privadas (APP).

Sin embargo, este no será el grueso de su inversión, pues 67,8 billones de pesos de su portafolio serán para el modo carretero, 33 billones de pesos están planeados para el aeroportuario, 31 billones de pesos para el modo férreo y 7,8 billones de pesos para el fluvial y portuario.

“La ANI es el acorazado de la infraestructura del país. No la vamos a eliminar, pero eso no limita para que hagamos ajustes y revisiones al modelo de concesión para mejorar la forma de ejecutar los proyectos y minimizar su impacto, no solo en términos sociales y ambientales, sino también económicos y de financiación”, sostuvo el ministro de Transporte, William Camargo, también en el evento.

Esto, explicó, se lleva a cabo por cuenta de que la ANI recibió un paquete de 29 concesiones que materializan los proyectos de cuarta generación, pero 21 de ellas tienen problemas con los tribunales, lo que equivale en reclamaciones a más de 9 billones de pesos.

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Igualmente, en los últimos días se anunció la creación del Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir), entidad adscrita al Ministerio de Transporte, que se encargará de construir, mejorar y conservar las vías terciarias del país de una manera coordinada con los departamentos, los municipios y las organizaciones de la economía popular, como son las juntas de acción comunal (JAC) y las asociaciones étnicas, populares y campesinas.

“La vía vecinal tiene mucho que ver con la producción agraria y campesina. Queremos desarrollarla. ¿Con quiénes? Con las organizaciones populares”, sostuvo el jefe de Estado, quien explicó que en esta estrategia la junta de acción comunal tendrá una participación fundamental para la construcción y mejoramiento de las vías rurales.

La creación de esta entidad no ha estado exenta de críticas debido a que la contratación pública con las organizaciones de la economía popular sería directa y sin importar la cuantía mínima. Sin embargo, el ministro Camargo lo defendió. “Más allá de la discusión de cómo se van a asignar los recursos, hay que recordar que las JAC son las que se unen siempre para construir las vías”, concluyó.