‘Queremos que todos los colombianos declaren sus ingresos ante la Dian’

A lo largo de sus 235 páginas, las bases del Plan Nacional de Desarrollo que dio a conocer esta semana el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, dan cuenta de las metas a corto, mediano y largo plazo que tiene el gobierno de Gustavo Petro para los próximos cuatro años.

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En el documento ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’, que seguirá en construcción gracias a los insumos de los diálogos regionales vinculantes y se radicará finalmente ante el Congreso el 7 de febrero del 2023, se contemplan varias reformas, como la del sistema de protección social, la rural, la laboral o la pensional. Además, en entrevista con EL TIEMPO, González aseguró que se buscará actualizar el sistema de focalización de los subsidios poniendo a todas las personas a declarar sus ingresos ante la Dian.

El tema de poner en evidencia la importancia del ordenamiento territorial y la necesidad de recuperar las cuencas, los páramos y los ríos, ahora que estamos inundados en el país. También la sostenibilidad de las ciudades: sigue aumentando la población pero los recursos naturales son escasos. Hay que hacerse la pregunta de la relación existente entre las condiciones de vida, la productividad y los recursos de la naturaleza. La situación coyuntural y las preocupaciones por llegar a 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra nos pone a pensar de manera distinta. Además, está la idea de la convergencia, de cómo logramos que haya flujos de pasajeros, de carga o de bienes que permitan una menor diferenciación en términos de condiciones de vida, o el tema energético, de reducir las exportaciones de carbón y petróleo, y el ambiental.

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En esta primera versión del documento estimamos inversiones públicas para los próximos cuatro años por valor de 1.048,2 billones de pesos, una cifra consistente con el escenario macroeconómico y fiscal propuesto. El mayor rubro irá para el apartado de la convergencia regional, que se trata de que las distancias no sean tan grandes. Ahí tienen relevancia las vías terciarias y todos los proyectos de infraestructura, como el férreo o el fluvial.

Proponemos una serie de metas relativamente sencillas y que sean transformadoras. Algunos indicadores todavía no tienen una cifra específica porque siguen en discusión. Por ejemplo, temas relevantes como el de reducir la deforestación o el de actualizar el catastro multipropósito, en el que solo se ha avanzado un 9,4 por ciento. Otro indicador potente es el de los kilómetros de vías terciarias que queremos aumentar o el de reducir tanto la pobreza extrema como la multidimensional. También estamos esperando incorporar los resultados de la reforma tributaria, entonces ahí habría más metas.

Hay recursos que provienen del Presupuesto General de la Nación, de las ciudades y departamentos, de las empresas públicas nacionales y locales, del sistema general de regalías o de la cooperación internacional, entre otros (ver gráfico). Para nosotros es importante que los recursos de las regalías estén articulados con los programas estratégicos y no se dispersen como están ahora.

Está la reforma integral a la seguridad social, a las pensiones o al mercado laboral. Pero todo está en discusión, simplemente lo que estamos diciendo es que sería ideal que pudiéramos llegar como gobierno al Congreso con unas políticas integradas. Otro tema importante es el de cómo modificamos los subsidios. Lo que nosotros proponemos es una declaración universal de ingresos, que todo el mundo declare, unas personas para pagar impuestos y otras, para recibir subsidios. Me parece que ese es un cambio central en el manejo de las ayudas.

Sí, como en otros países. En lugar de tener el formato del Sisbén o el de Familias en Acción, lo que nosotros quisiéramos proponer, y ya lo hemos conversado con la Dian, es que todos los hogares declaren sus ingresos para que reciban subsidios si su capacidad de compra es bajita o, al contrario, paguen impuestos en el caso de que sea mayor. Con ello, se evitarían todos los líos que tenemos ahora con la estratificación y con la actualización de las bases del Sisbén.

Claro, usted elimina el estrato, ya no lo necesitaría pues lo que va cambiando es la declaración anual. Por ejemplo, si una persona vive en una casa que ahora la catalogamos como estrato 4 o 5 pero tuvo muchas dificultades económicas durante el año, y obviamente sigue viviendo ahí, esa familia en ese periodo de tiempo no va a ser castigada con unas tarifas altas de servicios públicos, sino que se le pueden subsidiar los servicios porque tuvo una situación económica difícil.

En principio nosotros presentamos la idea ante los ministros y yo creo que tiene cierta aceptación. Ya la Dian nos dijo que está de acuerdo. Es como ir ambientando la idea. Todavía estamos en el proceso de construir, escuchando y mirando propuestas que luego podamos concretar en artículos de ley.

Sí, hasta el pasado 9 de noviembre se habían realizado 31 diálogos regionales vinculantes en 573 municipios con la participación de más de 81.000 asistentes que habían presentado 14.383 necesidades de cambio y 22.945 propuestas para el Plan Nacional. Tenemos varias gráficas que vamos a ir cambiando con nubes de palabras en función de la frecuencia que vayan apareciendo en los diálogos.

El documento dedica un apartado especial a la importancia del papel que tendrán las mujeres como motor de desarrollo económico y su papel en el centro de la vida política y la paz. Igualmente, se habla de las personas de las comunidades LGBTIQ+ como actores del cambio.

Tanto las mujeres como la comunidad LGBTIQ+ son consideradas dentro de las bases del Plan de Desarrollo actores principales del cambio. Por ejemplo, se dice que se buscará aumentar el empleo, la remuneración y el liderazgo de las mujeres, así como una mejora en sus condiciones laborales, o se estipula que su participación aumentará en los cargos públicos y en las ramas del poder.

Igualmente, se buscará que la justicia sea más efectiva para resolver los casos de violencias de género y proteger a las víctimas. Del otro lado, se indica que se tendrán lineamientos para generar ambientes escolares inclusivos con herramientas para prevenir casos de violencias y discriminación, incluyendo rutas de prevención y atención que puedan garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en toda su diversidad. También se habla de una reparación efectiva e integral a las víctimas.

La transición hacia la paz total y el cierre de brechas son los ejes principales de las bases del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, que se radicará finalmente en el Congreso el 7 de febrero del 2023.

La hoja de ruta para los próximos cuatro años plantea inversiones públicas de 1.048 billones de pesos y tiene cinco ejes principales: la convergencia regional, la seguridad humana y justicia social, el ordenamiento del territorio alrededor del agua, la internacionalización, economía productiva para la vida y acción climática y el derecho humano a la alimentación.

“Pone sus mayores énfasis en la disminución de las desigualdades y en la superación de las injusticias, por lo que la redistribución de los recursos prioriza a los sectores de la sociedad y a las regiones que producen la riqueza, pero no se han beneficiado con ella”, dijo González.

En primer lugar, el eje que tendrá más recursos será el de la transformación de la convergencia regional, que tiene prevista la cifra preliminar de 459 billones de pesos y buscará reducir las brechas sociales y económicas existentes entre los hogares y las regiones a lo largo del país.

En segundo lugar, estará la transformación de seguridad humana y justicia social que busca garantizar el desarrollo de oportunidades, vida justa y el buen vivir para superar el enfoque tradicional basado en la seguridad física y la defensa.

Por ejemplo, en este apartado se propone disminuir el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional de la línea base de 16 por ciento a entre 9,5 y 11,5 por ciento en cuatro años. Para este eje se proyectan recursos preliminares de 329,1 billones de pesos.

En tercer lugar, se encuentra la transformación del ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental. Se habla de la reforma rural integral, de proteger y conservar los ecosistemas o de evitar la expansión urbana descontrolada en las áreas metropolitanas y ciudades. La idea será reducir el área geográfica de los conflictos del suelo, formalizar los títulos que otorgan el a tierras y aumentar el área actualizada de catastro multipropósito, entre otros.

El cuarto eje es el de la internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática. Este se orienta hacia actividades productivas diversificadas y limpias, donde se aprovechen los recursos naturales con conocimiento e innovación para reducir la intensidad en las emisiones de carbono y ser más resilientes ante los choques climáticos.

En este punto, se buscará que Colombia conserve su patrimonio natural mediante la contención de la deforestación. También se habla de aumentar la productividad nacional con la acción conjunta de sectores, territorios y actores privados en la reducción de sus emisiones de GEl mediante la descarbonización de los sistemas productivos y su captura y almacenamiento en la vegetación y en el suelo.

En quinto lugar, está la transformación de derecho humano a la alimentación, que busca que todas las personas se alimenten de manera adecuada. Aquí se habla de transformar el sector agropecuario para producir más y mejores alimentos. También de la necesidad de tener una red de infraestructura regional, basada en corredores carreteros, marítimos y fluviales, así como servicios aéreos y nodos logísticos que garanticen la accesibilidad física, tanto a alimentos como a los insumos y equipos utilizados en la cadena logística y de producción.

NOELIA CIGÜENZA RIAÑO

Economía y Negocios