Recomendaciones del Banco Mundial para reducir la desigualdad en Colombia

Un niño colombiano que nació en una familia de bajos ingresos tendrá muchas más probabilidades de ganar menos dinero cuando inicie su vida laboral que otro en las mismas condiciones en cualquier otra parte del mundo.

Y es que Colombia no solo es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos de la Ocde y el segundo de América Latina y el Caribe, sino que también está entre los que más cuesta cerrar las brechas entre una generación y otra. El nivel de ingreso de los padres influye mucho más en las oportunidades de los hijos y las diferencias en el a la salud, a la educación, la región, el barrio o la etnia, entre otros, perpetúan aún más estas desigualdades.

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Con el objetivo de reducir estas brechas, que se vieron aún más profundizadas por el impacto de la pandemia del covid-19 que arrastró a más de 3,6 millones de personas a la pobreza en el 2020, el Banco Mundial publicó el informe ‘Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia’ en el que los economistas María Dávalos y Paolo Dudine dan una serie de recomendaciones de política para que la sociedad colombiana pueda poco a poco llegar a ser más igualitaria.

“En Colombia, preocupa lo temprano que empieza la desigualdad. Se trata de uno de los países donde es más persistente de una generación a otra, donde la educación de los padres determina en gran medida la de sus hijos”, indicó Mark Thomas, director del Banco Mundial para Colombia, México y Venezuela, en la presentación de dicho informe.

En Colombia, las desigualdades afectan a las personas desde el comienzo de sus vidas de una manera que tiene consecuencias en la acumulación de capital humano y, por lo tanto, en las oportunidades disponibles. Por ejemplo, el Banco Mundial indica que las poblaciones afrocolombianas e indígenas pierden 4,7 y 4,5 años de educación, respectivamente.

Frente a la educación, los economistas encontraron que hay desigualdades estructurales en la calidad de los docentes y en la asignación de la financiación en las escuelas, las regiones y los municipios. Además, dicen que hay una alta dependencia de la provisión privada, lo que a la larga termina afectando a los estudiantes de familias con bajos ingresos.

Ante ello, proponen desarrollar un plan de estudios básico que sea pertinente y de calidad, donde los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades de matemáticas y lectura basadas en sus necesidades, en lugar de la edad o el grado. También aconsejan llevar a cabo medidas para ofrecer apoyo pedagógico a los maestros e incrementar la oferta en las áreas rurales.

“La desigualdad en educación es una de las principales inequidades; sin embargo, vemos que Colombia tiene espacio para mejorar. Un niño pobre recibe 2 años y medio menos de aprendizaje que uno rico y tiene tres veces más probabilidades de sufrir malnutrición. Además, el potencial productivo que esperan alcanzar es muy diferente. Uno de menos recursos solo alcanzaría la mitad de su potencial”, manifestó la economista Dávalos.

Respecto a la salud, la organización sostiene que el modelo colombiano está centrado en el hospital, lo cual es ineficaz para satisfacer las necesidades de las poblaciones más vulnerables y propone mejorar el y la calidad.

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Solo el 40 por ciento de los colombianos que trabajan tiene empleo en el sector formal, lo que es una de las tasas más bajas de América Latina. Y es que según el Banco Mundial en el país existen grandes barreras debido a la excesiva regulación, a los costos de formalización y a los altos salarios mínimos que “desalientan” la creación de empleo y llevan a la mayoría a estar del lado de la informalidad.

“Los costos laborales no salariales debido a las contribuciones obligatorias a la seguridad social son altos. Además, una alta proporción de las empresas afirman que las regulaciones laborales son un obstáculo importante”, explicó Dávalos.

Entre otros, el informe recomienda promover regulaciones laborales más acordes con el contexto económico y el mercado laboral moderno, que se reduzcan los trámites burocráticos necesarios para poder realizar contrataciones formales y que se eliminen las barreras de equitativo a las oportunidades económicas, especialmente para las mujeres.

Respecto a los costos laborales salariales altos, el Banco Mundial propone limitar el crecimiento del salario mínimo a la tasa de inflación durante algunos años (hasta que este alcance un nivel más favorable a la creación de empleo, dice el estudio) y establecer un mínimo por hora para que no se penalice el trabajo a tiempo parcial.

Según el Banco Mundial, en comparación con otros países de la OCDE y América Latina, en Colombia los impuestos y las transferencias hacen poco para reducir la desigualdad de ingresos. El nivel de recaudo es menor que en otros países, especialmente en lo que respecta al impuesto sobre la renta de las personas naturales, debido a que las deducciones y los umbrales tributarios son muy altos, y esta situación priva al Estado de recursos que podrían redistribuirse entre los más pobres.

“El impuesto que pagan las personas genera pocos ingresos y no es lo suficientemente progresivo. En Colombia, el nivel de ingresos por encima del cual las personas empiezan a tributar es muy alto. De cada 100 personas, solamente las 7 con ingresos más altos tienen que pagar impuesto a la renta”, sostuvo Dudine.

Debido a esta situación, la organización recomienda mejorar la progresividad del sistema tributario aumentando la cobertura del impuesto a la renta a los dos deciles superiores.

Respecto a las exenciones del IVA, aconsejan mantener las tasas cero solo para unos pocos bienes que son consumidos principalmente por personas de bajos ingresos. Para todos los demás, proponen utilizar IVA de 5, 12 y 19 por ciento, según la proporción del consumo total al que contribuyan las personas de altos ingresos. Al mismo tiempo, recomiendan aumentar el monto y la cobertura del programa de devolución del IVA para compensar a los hogares con ingresos hasta el ingreso medio.

“La parte del recaudo no se puede mirar sin las transferencias sociales. Hay que verlo en conjunto. Por ello, también hay que fortalecer a la vez estos programas focalizando las transferencias y los subsidios solamente a los necesitados e implementando un registro social único dinámico que permita identificar a los más necesitados”, añadió Dudine.

Respecto al sistema de pensiones, el informe establece que hay que aumentar la participación y la cobertura y que las reformas también deben tener como objetivo preservar la sostenibilidad financiera del sistema, es decir, garantizar que el valor presente de los pagos futuros se corresponda con el valor presente de las contribuciones futuras.

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En Colombia, la brecha entre la región más rica y la más pobre es más del doble que la de otros países de la OCDE. Adicional a ello, las desigualdades se amplían en función de los grupos de población definidos por etnia. Por ejemplo, los municipios con altas concentraciones de indígenas colombianos tienen persistentemente altos niveles de necesidades básicas insatisfechas.

“Las desigualdades están ligadas al lugar en el que vive una persona. La región más vulnerable es la Amazonía. Esta es casi dos veces más que la Región Central. Además, dentro de las mismas ciudades también encontramos diferencias. Los de la periferia tienen menor ”, indicó Dávalos.

Ante todas estas desigualdades, el Banco Mundial recomienda mejorar la infraestructura de al transporte público dentro de las ciudades y fortalecer la capacidad técnica y el desempeño fiscal de los gobiernos departamentales y municipales.

Además, también hablan de mejorar la focalización hacia los grupos que históricamente han sido segregados como por ejemplo los afrodescendientes, las poblaciones indígenas y, más recientemente, los migrantes.

El covid-19 no es el único choque externo que ha empeorado las desigualdades en el país. El informe señala que el impacto de los climáticos también inciden en mayor proporción sobre las personas vulnerables.

El informe recomienda promover la agricultura climáticamente inteligente mediante programas de entrenamiento de los agricultores y equiparar el sistema de protección social con herramientas de evaluación de los riesgos climáticos.

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