UNGRD: así es la contratación en Montelíbano (Córdoba) del padre del congresista Andrés Calle, quien también aparece salpicado en el escándalo

Desde el primero de enero de este año, cuando se posesionó como nuevo alcalde de Montelíbano, Gabriel Alberto Calle Demoya, quien está hoy cuestionado por supuestamente haber recibido dineros del escándalo de la UNGRD para usarlos en su campaña política, ya ha comprometido 18 mil millones de pesos en contratos para su municipios, de los cuales el 60 por ciento, incluido el más oneroso de todos, ha sido adjudicado por vía directa.

Pero más allá de eso,  lo que ha generado debate entre la opinión pública es que Calle Demoya, padre del representante  a la cámara Andrés Calle, una de las fichas clave del mencionado escándalo, logró llegar al poder y seguir manejando recursos estatales pese a estar investigado por la Fiscalía en medio de un proceso por presuntas irregularidades en la contratación de ese municipio durante su primer período como alcalde entre los años 2012 y 2015.

Según esa investigación, publicada por medios como La W, se habrían comprometido al menos 40 mil millones de pesos, adjudicados de forma directa, para la ejecución e interventoría de proyectos de obras públicas. Entre los convenios que están en la mira de las autoridades están los suscritos con la empresa mixta Jaguazul S.A. E.S.P., qué es 80 por ciento propiedad del municipio y que es la encargada del acueducto yde Montelíbano.

Recientemente, un equipo de medios del que hizo parte Cuestión Pública reveló, que “empresas y personas cercanas al exalcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya, obtuvieron $25 mil millones en contratos entre 2012 y 2019, mientras él y su grupo gobernaban”.

Según ese medio, habría irregularidades en al menos 25 contratos interistrativos celebrados por las alcaldías de Buenavista, San José de Uré y Montelíbano, con la empresa mixta Jaguazul que de acuerdo con la investigación tiene nexos familiares con Calle Demoya.

“A través de estos convenios, que suman en total $19.163 millones, estos municipios adjudicaron contratos de obra y prestación de servicios a Jaguazul de manera directa y sin procesos licitatorios. A su vez, Jaguazul contrató 60 veces a terceros para desarrollar las mismas actividades por un 15% más barato”, señala la investigación hecha por Cuestión Pública.

Lo cierto es que, mientras las pesquisas judiciales avanzan, Calle Demoya logró ganar de nuevo, con el aval del Partido Liberal,  la Alcaldía de Montelíbano con 19.210 votos, equivalentes al 46,9 por ciento de los 42.320 depositados en los comicios de marzo de 2023 en ese municipio. Su más cercano rival fue César Emilio Cura Vergara, del Partido de la U, con el 44,9 por ciento de los sufragios.

La Unidad de Datos de EL TIEMPO rastreó la contratación pública de este municipio desde el 1 de enero hasta el 7 de noviembre de este año y encontró que pese a los señalamientos, Jaguazul sigue siendo la empresa con los contratos más grandes de lo que va corrido de la istración.

Actualmente, de acuerdo a lo que se puede hallar en la plataforma Secop I, de Colombia Compra Eficiente, tiene tres acuerdos, todos por contratación directa que suman 3.418 millones de pesos. Entre ellos está el que ha comprometido los mayores recursos en los 11 de meses que va de la istración de Calle Demoya.

Se trata de un convenio por valor de 2.550 millones de pesos, que tiene como objeto el pago de los subsidios que se le asignan a los estratos 1, 2 y 3 en el municipio de Montelíbano, cuya población actual, de acuerdo con las proyecciones del Dane, es de 86.647 habitantes.

El acuerdo se firmó el 29 de febrero de este año y si bien se proyectó un costo de 2.250 millones de pesos, en el documento contractual se especifica que el “valor real con cargo a este convenio será el que resulte de liquidar los subsidios por facturación causados al finalizar el período fiscal 2024”. 

De igual manera, se aclara que el dinero del contrato “será adicionado mediante otrosí a medida que se vaya contando con la disponibilidad presupuestal para cumplir las proyecciones de todo el año 2024”. (Vea el contrato aquí)

El otro contrato, que es el quinto de mayor valor en lo que va corrido de la istración, tiene un costo de 868 millones de pesos y tiene como objeto la “recuperación de la capacidad hidráulica para la conservación y control de inundaciones en quebradas, caños y box culverts que atraviesan algunos barrios en la zona urbana de Montelíbano”.

Este convenio fue firmado el pasado 26 de junio como parte de las obras para mitigar los efectos de la ola invernal que dejó al menos 468 familias afectadas debido a fuertes lluvias presentadas a finales de mayo. La situación obligó al municipio, el 23 de mayo, a decretar la situación de calamidad pública, que actualmente sigue vigente. (Vea el contato en este enlace)

El convenio destinó esos más de 800 millones, provenientes del Fondo Municipal de Gestión de Riesgo, para el arreglo de zonas afectadas por la inundaciones en un período de dos meses. La obras incluían extracción de residuos en quebradas, canales y desagües, retiro de desechos dejados por la inundación con maquinaria y el transporte para retirarlo así como la instalación de 14 vallas de sensibilización en cuidado de las cañada, 180 cuñas radiales y dos videos sobre el tema.

El tercer contrato con Jaguazul aparece por valor cero, pero tiene como objeto entregar a esta empresa de servicios públicos la istración de la Terminal de Transporte de Montelíbano desde el 2 de julio de este año y durante seis meses. Hay que decir que las oficinas centrales de la E.S.P. funcionan en el mismo terminal.

Según ese acuerdo, si bien Jaguazul es la prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado de la ciudad, y de acuerdo con lo señalado en el Registro Único empresarial Rues, su actividad principal es la de captación, tratamiento y distribución de agua, puede asumir la istración del terminal por ser de carácter mixto “con un régimen y una naturaleza jurídica propia”, y por contar “con la capacidad istrativa, técnica y operativa idónea para la istración y operación de la terminal”.

Además, entre las otras funciones registradas aparece también la de “regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad social”.

Con base en ello, la Alcaldía justificó entregarle a esta empresa el negocio de la istración de las más de dos hectáreas del terminal, que incluye dos bodegas, 24 locales comerciales, parqueaderos y otras unidades comerciales. "El objetivo es lograr estrategias comerciales que garanticen el sostenimiento y viabilidad operativa de la Terminal de Transporte, y así se pueda cumplir con el propósito por el cual fue construido”, señala el acuerdo. (Este es el contrato)

De acuerdo con datos del Portal de Transparencia Económica (PTE) de la secretaría de Transparencia de la Presidencia, desde su fundación Jaguazul se ha constituido en la empresa que más contratos ha tenido en este municipio. Desde el año 2017 ha firmado 23 convenios que le han representado más de 18 mil millones de pesos solo en ese municipio.

El segundo mayor contratista de este municipio es, según Paco, la 'Fundación para el desarrollo social, cultural, tecnológico y económico (Funtecol)', con 19 acuerdos que le han representado más de 4 mil millones de pesos en el mismo período. A la fecha, no ha suscrito acuerdos con la actual istración.

De los 172 contratos que ha celebrado la alcaldía de Montelíbano desde el comienzo de gestión de Calle Demoya la mayoría, correspondientes al 60 ciento del total, fueron adjudicados por contratación directa, lo que comúnmente se conoce como adjudicación ‘a dedo’. Éstos acuerdos representan un total de 9.988 millones de pesos.

Actualmente, solo tres contratos se han hecho por licitación pública y en dos de esos procesos se presentó un solo proponente, al que en efecto le fueron asignados los recursos. 

Uno de esos contratos tiene como fin el “apoyo integral a la primera infancia a través del Centro de Desarrollo Infantil Temprano” en el Jardín de Dios, del municipio. Le fue adjudicado a la Unión Temporal Jardín de Dios, por un valor de 925 millones de pesos.

El otro acuerdo, por un costo de 483 millones de pesos, fue adjudicado a la fundación Manantial de Vida, que fue la única que presentó oferta. El objeto de este acuerdo es el de la prestación de servicios para “actividades de promoción de la Salud Pública de la dirección Local de Salud” de Montelíbano.

Expertos consultados por este medio señalaron que, si bien no es el escenario ideal porque se presta para amaño de los contratos y  el presidente de la Rapública, Gustavo Petro ha insistido en que no deben existir licitaciones con un solo proponente, lo cierto es es que la ley 80 lo permite, si esa única oferta cumple con todos los requisitos legales, adjudicarlo sin necesidad de declarar desierto el proceso.

De hecho, en su artículo “Sí puede haber licitaciones de un solo oferente’, publicado en la página especializada Lexir, la abogada Diana Rueda Prada señala que “declarar desierta una licitación luego de comprobar que un proponente se encuenta habilitado podría derivar en responsabilidad patrimonial del Estado y del servidor público a cargo”.

En donde sí hubo pluralidad de oferentes fue en el más grande de los contratos por licitación. Se trata de un convenio por 2.523 millones de pesos, con el objeto de hacer obras de mejoramiento de la malla vial en diferentes puntos del municipio.

En este caso, de acuerdo con el acta de adjudicación, se presentaron cinco oferentes: Siloh Group SAS, Consorcio Vias Barhem, Construcciones Somac, Abns Onassis Construcciones y el consorcio Paviurban.

De ellos, tres quedaron inhabilitados por el comité evaluador y solo dos, Paviurban y Abns Onassis, llegaron a la audiencia de adjudicación, quedándose esta última empresa con el contrato, el segundo más grande que se ha firmado hasta la fecha en el municipio.

Frete a las investigaciones que cursan y los actuales procesos de contratación, el alcalde Calle Demoya le señaló a EL TIEMPO que las acusaciones en su contra son infundadas, que durante su primer período no se hicieron contratos irregulares y que actualmente puede ejercer su cargo sin ningún tipo de restricción.

“Dentro de mi primer periodo como alcalde no se realizaron contrataciones irregulares, por el contrario, todos y cada uno de los proceso adelantados fueron en estricto cumplimiento de la ley 80. Y que si bien existe reproche en relación a algunas contrataciones adelantadas, no es menos cierto que todas se realizaron dentro del marco legal, con entidades de naturaleza publica con capacidad, experiencia y las cuales consagran dentro de su objeto misional la realización de obras y desarrollo de proyectos para los cuales fueron contratados”, señaló.

Agregó que su actuar istrativo “está sujeto a la ley y muestra de ellos es que en la página de contratación pública Secop se pueden identificar un sinnúmero de contrataciones adelantadas por otras entidades publicas similares a las realizadas desde mi periodo como alcalde y que son objeto de señalamiento”.

En cuanto a las investigaciones en su contra, recalcó que se encuentra ejerciendo como alcalde sin ningún tipo de inconveniente y que “dentro del proceso que se me adelanta hemos presentado los argumentos y pruebas del cumplimiento de la ley en los procesos contractuales señalados”. Añadió que las denuncias realizadas “corresponden a acusaciones falsas de la oposición del municipio”.

Igualmente, negó tener nexo alguno con la E.S.P. Jaguazul y explicó que “es una entidad de economía mixta con independencia y autonomía istrativa y financiera. Y durante mis periodos como alcalde no participó ningún familiar ni cercano ni lejano en los cargos directivos de la entidad, porque contrariaría la reglamentación de inhabilidades e incompatibilidades existente”.

Finalmente, aseguró que en su gestión actual cumple con “todas las imposiciones de ley para las garantías de transparencia pública. Como lo es la publicación de toda la contratación en la plataforma Secop I y secop II, en donde cualquier ciudadano puede consultar todos los procesos que se adelantan y participar de manera pública” y SEeñaló que todas las dependencias cumplen con sus reportes a las plataformas de ley para seguimiento por parte de los entes de control.

UNIDAD DE DATOS EL TIEMPO