Así fracasó la última jugada de los constructores del edificio Aquarela en Cartagena

Los constructores del polémico proyecto Aquarela en Cartagena, Promotora Calle 47, han sufrido un nuevo revés en su lucha legal para frenar las acciones del Distrito. 

El Juzgado Segundo Civil Municipal de Cartagena desestimó la tutela presentada por la promotora en contra de la Alcaldía de Cartagena y otras entidades, con el fin de detener el proceso de intervención y exigir información sobre las acciones del agente especial que supervisa la empresa.

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El edificio Aquarela, ubicado a una cuadra del Castillo de San Felipe, ha sido objeto de controversia y acciones legales desde hace varios años. 

En marzo de 2024, la Alcaldía de Cartagena ordenó el desmonte gradual del edificio, luego de que se determinara que el proyecto violaba las normas de construcción y afectaba el patrimonio histórico de la ciudad.

Posteriormente, el 22 de abril, la Dirección de Control Urbano de Cartagena, liderada por Emilio Molina, tomó posesión de la oficina de Promotora Calle 47 en Medellín y embargó los bienes de la constructora como una medida preventiva para proteger a las familias afectadas que invirtieron en el proyecto. Esta acción fue el resultado de dos meses de análisis por parte del equipo jurídico y urbanístico del Distrito, que concluyó que era necesario intervenir para salvaguardar los derechos de los damnificados y preservar el orden económico y público de la ciudad.

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La istración distrital designó a Ángel Rodríguez Sánchez como agente especial interventor, con la tarea de evaluar el estado de la empresa y definir si la intervención culminaría en una istración de los bienes o en su liquidación. Además, se invitó a los inversionistas y acreedores afectados a unirse al proceso para garantizar la protección de sus derechos.

Ante estas acciones, el pasado 25 de septiembre Promotora Calle 47 decidió interponer una tutela en la que solicitaba que el agente especial Rodríguez Sánchez rindiera informes sobre la intervención y les entregara copia del concepto integral emitido por Control Urbano, que se encuentra en revisión. Además, la tutela vinculaba a la Secretaría de Planeación, la Dirección de Control Urbano, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio, y la DIAN, buscando que estas entidades también dieran respuestas sobre sus actuaciones en el caso.

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En su análisis, la jueza Ingrid Elena Reyes Palmera concluyó que la empresa Promotora Calle 47, debido a la intervención, tiene restringidos algunos de sus derechos, incluido el a la información sobre las acciones del agente especial. Por lo tanto, la negativa del agente especial de suministrar el concepto integral y de rendir informes detallados a la promotora no vulnera los derechos fundamentales de la empresa, ya que la intervención le otorga facultades específicas para manejar la situación sin necesidad de informar directamente a la constructora.

La jueza también desestimó el argumento de que se había vulnerado el derecho fundamental de petición y a la información pública, señalando que, bajo el marco de la intervención, las restricciones impuestas eran legales y justas. En consecuencia, la tutela fue rechazada y se negó el amparo solicitado por la promotora y las empresas vinculadas a la demanda, entre ellas Eme Propiedad Raíz S.A.S., Ingeniería Inmobiliaria S.A.S., FCR S.A.S., y Plano Constructivo S.A.S.

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Con esta resolución las autoridades judiciales dan un nuevo golpe a los esfuerzos legales de Promotora Calle 47 para frenar el proceso de intervención y detener las acciones en su contra. La decisión también ordena desvincular a la Alcaldía Mayor de Cartagena y otras entidades relacionadas, ya que el Juzgado consideró que el asunto fue resuelto de manera definitiva.

Este fallo marca una nueva victoria para el Distrito de Cartagena en su lucha por desmantelar el proyecto Aquarela y proteger los derechos de los ciudadanos que invirtieron en el desarrollo. Además, reafirma la autoridad del agente especial interventor para actuar en defensa de los afectados sin tener que responder directamente a la empresa intervenida.

El caso Aquarela sigue generando controversias y continuará siendo objeto de seguimiento por las autoridades locales y los inversionistas que esperan recuperar su inversión.

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