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Así opera la mafia del agua en Santa Marta: políticos, empresarios y líderes comunales harían parte de red criminal

Agente interventor de la Essmar denunció corrupción en la distribución del recurso vital. Esto le dijo a EL TIEMPO.

Dice que en un carrotanque oficial el agua cuesta $18.000, pero el ilegal cobra hasta $200.000.

agua potable, un privilegio para Santa Marta Foto: Archivo particular

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Roger Urieles

27.05.2025 08:13 Actualizado: 27.05.2025 09:22

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En Santa Marta, conseguir agua potable en un 40 por ciento de los barrios es un privilegio y no un derecho.

Mientras miles de habitantes llevan años sin recibir una sola gota en sus viviendas, carrotanques ilegales recorren los barrios vendiendo el líquido a precios desorbitados.

¿La razón? Una presunta red criminal controla la distribución del agua, según denunció el agente interventor de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito (Essmar), Erney Alfonso Velásquez Torres.

Estamos perdiendo 120 litros por segundo entre El Roble y rebombeo por culpa del robo y la manipulación. Todo el mundo sabe dónde están esas conexiones ilegales, pero la ciudad ha decidido no hacer nada

'El agua se convirtió en un negociazo'

Durante una entrevista, Velásquez aseguró que detrás del desabastecimiento no solo hay un problema de falta de capacidad del acueducto, sino una estructura organizada con múltiples actores: funcionarios públicos, líderes comunitarios, valvuleros, empresarios de carrotanques y hasta políticos.

“Estamos perdiendo 120 litros por segundo entre El Roble y rebombeo por culpa del robo y la manipulación. Todo el mundo sabe dónde están esas conexiones ilegales, pero la ciudad ha decidido no hacer nada”, afirmó con preocupación.

Según Velásquez, estas mafias cierran válvulas, desvían caudales y manipulan el sistema para generar una "demanda inducida" que obliga a los más pobres a pagar por un derecho fundamental.

“Es un negocio redondo. En un carrotanque oficial puede costar $18.000, pero uno ilegal se cobra hasta en $200.000. Es una extorsión encubierta”, denunció.

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Los más afectados son los que menos tienen. Tienen que escoger entre comer o comprar agua

Control de válvulas, sobornos y amenazas

El modus operandi es claro: los operarios encargados de las válvulas reciben pagos para decidir a qué barrio llega o no el agua.

“Si la comunidad no paga, no hay agua. Así de simple”, dice el interventor.

En algunos sectores, incluso, existen valvuleros ilegales que operan con la complicidad de ciertos líderes barriales. Instalan motobombas clandestinas y venden el al líquido por horas.

“Los más afectados son los que menos tienen. Tienen que escoger entre comer o comprar agua”, explica Rosalía Pérez, residente del barrio María Cecilia, que no recibe agua desde hace más de cinco años.

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Vecinos desesperados y el negocio de la necesidad

Santa Marta sin agua — agua potable, un privilegio para Santa Marta Foto:

“Cuando no hay agua, los carrotanques aparecen como salvadores, pero nos cobran lo que quieren. A veces toca endeudarse para llenar una alberca”, dice Javier Herrera, habitante de María Eugenia.

Herrera afirma haber visto cómo algunos carrotanques cargan agua directamente desde albercas clandestinas. “Uno lo sabe, pero ¿qué se puede hacer si es eso o no tener con qué bañarse o cocinar?”, expresa resignado.

El agente interventor propone una solución clara: “Hace falta un decreto que obligue a todos los carrotanques a demostrar la procedencia del agua. Esa agua que están vendiendo es nuestra, es de los barrios”, sostiene.

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¿Quién controla a los que apropian del agua?

La denuncia del interventor no es nueva, pero esta vez el señalamiento va más allá. “Estamos ante un sistema que ha sido protegido por años. Cualquiera que se atreva a hablar pone en riesgo su vida”, advirtió.

Durante Semana Santa, Essmar logró llenar los tanques de la ciudad y enviar agua a barrios donde no llegaba desde hace más de seis años. “Eso demuestra que sí se puede, pero las interferencias ilegales nos lo impiden”, aseguró Velásquez.

Pese a los constantes llamados de atención, las acciones por parte de las autoridades son escasas. Mientras tanto, el negocio sigue prosperando y los barrios continúan secos.

“Nos sentimos abandonados. Todo el mundo sabe que hay corrupción, pero nadie hace nada. La mafia del agua es real y opera con impunidad”, asegura Olga Salinas, líder comunal del barrio San Pablo.

Santa Marta, una ciudad costera, y en las faldas de las Sierra Nevada, que debería tener garantizado el al agua, sigue atrapada en un ciclo de corrupción, necesidad y silencio. Mientras no se rompa esa cadena, la sed será el pan de cada día para miles de samarios.