Esto es lo que se esconde tras la caída del precio de la hoja de coca en Nariño

Tumaco y la costa Pacífica de Nariño viven un momento en el que la producción y el mercado de la coca están en declive, aseguran líderes sociales locales con amplio conocimiento del territorio. Sin embargo, la versión es negada, de manera categórica, por organismos de seguridad del Estado.

Por su parte, expertos advierten repercusiones en materia de seguridad y en temas de salud pública, pero ven una buena oportunidad del gobierno para empezar un cambio social y económico en las poblaciones afectadas.

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La ‘descocalización mental’ puede ser a simple vista un concepto complicado de entender, pero en Tumaco y otros municipios de Nariño ya se comienza a replicar en los distintos escenarios y comunidades. Consiste en que los pobladores empiezan a comprender la gran diferencia que hay entre el costo y el beneficio del cultivo de la coca, a la postre el mayor generador de violencia en la región durante casi tres largas décadas.

Hay posiciones encontradas a la hora de una semiparálisis coquera en el vecino Cauca, en municipios como Argelia y El Tambo, donde se reporta escasez de compradores de hoja o pasta de coca.

El comandante de Policía Nariño, coronel Edwin Rojas, señala que en el departamento hay más de 50.000 hectáreas sembradas con coca, y esa cifra no ha cambiado, y respalda su opinión en las constantes incautaciones de cargamentos de coca y de productos utilizados en su procesamiento.

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Por su parte, para explicar los cambios en la dinámica de la producción y comercialización de la coca, Uberley Ramírez, director ejecutivo de la Fundación Simón de Cirene, dijo que en el último año las comunidades afros e indígenas entendieron que para romper sus vínculos con los actores armados se hacía necesario rechazar los cultivos de coca, para aceptar la vida y la autonomía con procesos istrativos y organizativos legalmente constituidos.

“Hoy, de manera autónoma, muchas comunidades están impulsando proyectos e iniciativas productivas alternativas”. Entre ellas, mencionó la siembra de hierbas para la preparación de alimentos, los cultivos de plátano y palma. Y dijo que sí ve un cambio paulatino de paradigma en la comunidad.

En cuanto a los dineros con los que se financia al narcotráfico en el litoral Pacífico nariñense, explicó que terminan en manos del ‘clan del Golfo’, “pero que no son solo de ellos, otros terminan directamente en los que compran la pasta de coca y de emisarios de los carteles de la droga de México”.

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Por los enfrentamientos entre los carteles de Sinaloa y Nuevo Jalisco y los fuertes golpes al narcotráfico por la Policía en México, eso ha traído consigo una significativa desfinanciación en la actividad ilícita en el territorio, la cual se agudizó aún más con la constante transición por el dominio del control territorial entre los diferentes grupos armados ilegales que se disputan las rutas del narcotráfico.

“Y para nadie es un secreto que la desfinanciación de la guerra y de los grupos al margen de la ley en la zona tuvo su origen en la drástica caída del mercado de la coca”, agrega.

Esa caída del mercado se refleja en materia de precios. Hoy, 30.000 pesos cuesta en promedio la arroba de hoja de coca, cuando anteriormente su precio oscilaba entre los 50.000 y 80.000 pesos. Si en las mejores temporadas un kilo de coca oscilaba entre 1’800.000 y 2’500.000 pesos, hoy se lo obtiene por 1’500.000, pero poca calidad comercial, es decir, el precio histórico más bajo.

“Ahora la gente ni quiere recibir, prefiere otro tipo de elementos de cambio y no la coca”, aseguró Ramírez sin vacilaciones.

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Pero la otra realidad es que mientras para los carteles de México el mercado de la coca de Tumaco dejó de ser atractivo, hoy el producto del municipio es trasladado a Esmeraldas y San Lorenzo, en la frontera marítima con Ecuador, donde -justo por esto- se dispararon los niveles de violencia.

Ramírez expresó que, “como los laboratorios para el procesamiento quedan en lo más recóndito de Nariño, movilizar esa coca desde allá implica tener un comprador seguro”; y para garantizar su transporte los debe pagar o a la ‘Nueva Marquetalia’ o al frente 30 de las Farc.

Es así como, con la nueva dinámica del mercado, desde el 2022 Tumaco también dejó de ser el principal puerto de despacho de coca hacia Centro y Norteamérica, teniendo en cuenta además que las ‘rutas calientes’ que usaban barcos, lanchas rápidas y sumergibles cargados con coca son identificadas más fácil por la Fuerza Pública.

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Sin embargo, otra percepción sobre el tema de los cultivos de coca en Nariño tienen algunos sectores de los organismos de seguridad del Estado.

Una fuente militar que pidió mantener su identidad en reserva y que de entrada calificó el asunto como “dispendioso” y “complejo” porque se “podría interpretar de diferentes maneras” señaló de manera tajante que “lo del Cauca y lo de Nariño es mentira, es solamente para desviar la atención”.

“Quizás, como hay sobreproducción de la coca, entonces baja el precio de la mercancía. No quiere decir que la gente esté optando por dejar la coca por los cultivos tradicionales, no, sencillamente es por un tema económico”, y concluyó: “La gente no está buscando volver a sembrar cultivos de papa o yuca, no, necesitan es el dinero”.

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Por su parte, Diego Arias, analista del conflicto armado, señala que la implicación o los efectos de la economía del narcotráfico en relación con rentas es que terminan alimentando la dinámica del conflicto armado.

“Una extensión de esa lógica lo que supone es la necesidad de estos grupos ilegales de expansión a otros territorios con las consecuencias ambientales, impactos sociales y en economías locales”, dice, y agrega: “Hay que considerar que como viven de rentas ilegales y de la coca, en la medida en que su precio se deprime internacionalmente fuerza el tema de consumo interno y se agrava el problema de seguridad y salud pública en Colombia. Esto hace que se suplan esas economías con otras actividades irregulares, como la minería”.

Arias concluye señalando que bajo este panorama ahora se les presenta un desafío a las autoridades para hacer control territorial y desarticulación de esas estructuras criminales, “y, por supuesto, una muy fuerte, vigorosa y poderosa oferta de oportunidades sociales y económicas para las comunidades que están insertas en esas dinámicas”.

La política de drogas del gobierno Petro, “basada en la protección de la vida y de los derechos humanos, sostenible y amigable con el medioambiente, que concentre el esfuerzo punitivo en aquello que debe perseguirse: el tráfico de cocaína y el lavado de activos”, según lo ha explicado el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha generado inquietud en Washington y críticas de distintos estamentos nacionales.

El arranque del año no fue el mejor. En enero, el número de hectáreas de coca erradicadas fue cero. Solo hasta a mediados de febrero se iniciaron las labores, en medio de los cuestionamientos por la reducción de la meta para este año, que se fijó, extraoficialmente, en 40.000 hectáreas.

Las críticas se dan también porque aún se desconoce la forma como se van a erradicar los cultivos de hoja de coca, cuáles se van a erradicar de inmediato o cuáles van a entrar en un proceso de gradualidad. Y, más allá de esto, porque las cifras de cultivos no están actualizadas. Las últimas oficiales del Simci corresponden al año 2021, y hoy, de manera extraoficial, se habla de que puede haber 204.000 hectáreas cultivas en Colombia.

Sergio Uribe, licenciado en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad del Rosario, señala en un artículo publicado en el portal Razón Pública que es imposible realizar un análisis estadístico de la evolución de los cultivos de coca en el país, “pues la desinformación, tanto social como académica, alcanzó grandes niveles durante los últimos años”.

“Por ejemplo -explica-, el informe publicado en 2022, que debería haber descrito la evolución del problema de los cultivos en 2021, omitió o desconoció información como la productividad por hectárea, la estimación del volumen de hoja emanada de los cultivos, el contenido de alcaloides de la hoja, la densidad de los cultivos por región, las tasas regionales de conversión de hoja a clorhidrato de cocaína, etc.”.

MAURICIO DE LA ROSA Y CAROLINA BOHÓRQUEZ

Especial PARA EL TIEMPO - PASTO Y CALI