Las reveladoras cifras que reflejan impunidad en asesinatos de líderes sociales en el país

De los pocos detalles que tienen sus seres queridos, señalan que “lo montaron en una camioneta”, sin más datos. Presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, pero más de una década después no tienen resultados, “solo dicen que está muerto”.

Su familia se pregunta por su suerte, lamentan que ni siquiera pueden llevarle flores a su tumba y, esta semana, su amiga Shirley Tejeda aprovechó un emotivo acto de la ONG Somos Defensores para recordarlo firmando el libro ‘Historias Inconclusas’.

Se trata de un proyecto que encabeza este movimiento para visibilizar miles de historias, como la de Luigi Dante Scarpati, creando lo que han denominado “un símbolo de lucha contra la impunidad”.

Así lo indica la coordinadora del programa, Astrid Torres, quien señala que es un esfuerzo que se hace desde organizaciones de la sociedad civil para hablar sobre la impunidad que existe alrededor de asesinatos contra personas defensoras de Derechos Humanos en Colombia.

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“Este libro recoge los nombres de 1.333 líderes y líderesasque han sido asesinados en Colombia desde 2002 hasta marzo de 2022 en la primera fase. En la segunda fase, que inició en 2024, tenemos el nombre de 266 líderes que han sido asesinadas entre abril de 2022 y septiembre de 2023, para un total de alrededor de 1599 líderes asesinados en más de 22 años”, explica la mujer en EL TIEMPO.

En ese intento por conocer cómo avanzan las autoridades en estos casos, el año pasado impulsaron derechos de petición con la Fiscalía General de la Nación, para identificar en qué etapa procesal se encontraban los 1.333 asesinatos hasta marzo de 2022.

“Lo que nos señaló la Fiscalía era que tenían 75 sentencias en el país. Gracias al trabajo periodístico de Verdad Abierta, logramos encontrar 104 casos más, es decir, 179 sentencias, realmente es un 13,3 por ciento y es una cifra muy baja para la temporalidad y desde el Estado evidenciar que vienen haciendo con sus instituciones un proceso de investigación, en este caso fundamentalmente la Fiscalía”, cuenta Torres.

De los 1.333 casos documentados en la primera etapa, 214 ocurrieron en la región Caribe colombiana: 61 casos en Córdoba, 46 en Bolívar, 25 en Magdalena, 20 en Atlántico, 31 en Cesar, 15 en La Guajira y 16 en Sucre.

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Las principales víctimas en esta región son: el sector comunal, con 54 casos; el comunitario, con 33 casos; el campesinado, con 22 casos; indígenas, con 20 casos; y el sindical, con 23 casos.

Lo que refleja, según analiza el movimiento, es que las principales víctimas de los asesinatos en Colombia son líderes y lideresas de base, territoriales, que están en la vereda, en el barrio o en las comunas haciendo un trabajo de movilización bien sea por los derechos de la paz, el territorio, la defensa del agua y de los servicios públicos.

La ONG Somos Defensores agrega que “lo grave” en esta zona del país es que de esos 214 casos solo se han emitido 10 sentencias. Es decir, que el resto está sin avanzar, algunos están en etapa de indagación y consulta.

“Es grave, porque es una región que hoy por ejemplo la situación viene recrudeciéndose muchísimo en esos departamentos, por la fuerte presencia de grupos paramilitares, disidencias, las Autodefensas de la Sierra, son más o menos seis o siete estructuras que hay allí en esa región. Uno pensaría que la Fiscalía y el Estado con sus instituciones tendrían que avanzar, porque ya han pasado muchos años que las organizaciones vienen denunciando que son necesarias las garantías”, asegura la coordinadora.

Astrid Torres señala que los casos no avanzan por varias condiciones, entre ellas sobre las instituciones, que “históricamente han negado una persecución” contra el movimiento de derechos humanos.

Además, dice que negar esa tragedia hace que las instituciones no trabajen de manera integral para frenarla y para que estos hechos no se repitan.

“Después de la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, en Colombia se creó la Unidad Especial de Investigación, que tiene por objeto en la Fiscalía investigar estos casos de agresiones contra defensores de derechos humanos, líderes y lideresas, y reincorporados, y realmente esa Fiscalía no ha avanzado y tampoco ha aplicado la directiva 002 de 2017, que dice cómo investigar los casos de defensores y defensoras, cuya principal hipótesis debe ser que las agresiones son por su labor”, agrega.

Ante este preocupante panorama, exhiben como acto simbólico en diferentes ciudades del país el libro ‘Historias Inconclusas’, “para representar la gran deuda que tiene el aparato de justicia de Colombia las defensoras y los defensores de Derechos Humanos”.

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En Barranquilla, estuvieron el pasado martes 23 de abril en la Plaza de la Paz, a donde se acercaron familiares de las víctimas y desaparecidos para participar en la firma del libro, además de dejar un mensaje de solidaridad, esperanza y cero impunidad.

En el ejemplar, cada caso ocupa una página. Es decir, son más de mil páginas que componen a ‘Historias Inconclusas’, pero lamentablemente el libro podría crecer por nuevos hechos que enlutan a las familias en el último tiempo.

“Hay que irle colocando nuevas hojas a ese libro. En esta segunda fase de la campaña, hemos llevado el libro a Medellín, Barranquilla, se va a llevar a Cali, a Bogotá y una próxima en Cúcuta. Buscamos también con esta acción pública que la Fiscalía asuma su rol y le exigimos que avance la lucha contra la impunidad”, cierra Astrid Torres.

A esta exigencia se suman miles de familias, como la de Luigi Dante Scarpati desde Barranquilla, que no pierden la esperanza por conocer qué pasó con la víctima y que los responsables de su desaparición sean condenados, dándole fin así a esa trágica historia aún inconclusa 11 años después.

Deivis López Ortega 
Corresponsal de EL TIEMPO - Barranquilla