Explicativo

Corte Suprema revela que Ramón Navarro solo ha devuelto el 3.3% del desfalco en Triple A

El tribunal exhortó a la Fiscalía a recuperar los recursos desviados y redujo la pena del exgerente.

Ramón Navarro exgerente de la empresa Triple A. Foto: Archivo EL TIEMPO

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Leonardo Herrera Delgans

PERIODISTA14.02.2025 08:00 Actualizado: 14.02.2025 08:00

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La Corte Suprema de Justicia redujo de 190 a 127 meses y 9 días de prisión la pena impuesta al exgerente de la empresa Triple A, Ramón Navarro, y le restituyó el beneficio de detención domiciliaria.

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navarro había sido condenado inicialmente a 15 años y 10 meses por su responsabilidad en el desfalco de la empresa. Sin embargo, con la nueva decisión del alto tribunal, deberá cumplir una pena de 10 años y 9 días de cárcel.

A pesar de la magnitud del fraude, solo ha reintegrado $900 millones de los $27 mil millones desviados, lo que equivale al 3.3% del total.

La empresa Triple A tiene su sede principal en el barrio El Prado de Barranquilla. Foto:Vanexa Romero / EL TIEMPO

De acuerdo con el fallo judicial, el exgerente de Triple A, abusó de sus funciones y en asocio con otras personas, se apropió en beneficio propio y de terceros de los recursos de la compañía.

Para ello, creó 54 órdenes de pedido ficticias y cuatro contratos de consultoría simulados. Los dineros obtenidos mediante estas operaciones fraudulentas fueron transferidos de Triple A a la empresa Recaudos y Tributos, vinculada a Inassa S.A.

Posteriormente, estos fondos fueron extraídos a través de diversos proveedores, encargados de hacer los respectivos retiros bancarios.

En su reciente fallo, la Corte Suprema instó a la Fiscalía General de la Nación a emplear todas las herramientas legales disponibles para recuperar los recursos desviados, ya sea en posesión del procesado o de terceros.

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Además, el tribunal enfatizó la necesidad de un análisis más riguroso de las circunstancias que determinan la gravedad de las penas impuestas en casos de corrupción.

La decisión de la Corte ha generado debate sobre la efectividad del sistema judicial en la lucha contra la corrupción y la recuperación de recursos públicos sustraídos ilícitamente.