Relleno Doña Juana: veeduría Distrital alerta problemas en tratamiento de lixiviados

La Veeduría Distrital informó el pasado 28 de junio sobre descubrimientos significativos relacionados con el cumplimiento de la mejora del sistema de tratamiento de lixiviados, después de la resolución del Tribunal de Arbitraje que implicaba a CGR Doña Juana, la empresa concesionaria, y la Unidad istrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). 

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De acuerdo con la entidad, tras el fallo de abril, "varios temas son los que están sobre la mesa", razón por la cual "la Veeduría Distrital, advierte sobre importantes hallazgos".

Según un comunicado emitido por el ente de control, hay procesos importantes que parecen no avanzar, tales como los ajustes estructurales y operacionales asociados a la tecnología existente, para la integración de un tren de tratamiento que garantice el control de sustancias de difícil remoción.

Estas deberían "favorecer las condiciones sanitarias del entorno y cumpla con los objetivos de calidad del vertimiento Tramo 2 al Río Tunjuelo".

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Por otro lado, también hay retrasos en la propuesta para la ampliación con la respectiva ingeniería básica y de detalle, que permita la evaluación y aprobación por parte de la interventoría y de la UAESP.

Frente a esto, la Veeduría Distrital argumenta que su preocupación se fundamenta en que estos proyectos podrían tardar hasta 24 meses (dos años) en ejecutarse. No obstante, según información reciente enviada por la UAESP a la entidad, "se estima que la capacidad de llenado de Fase II, finalizará en mayo de 2025".

Esto implicaría que el concesionario deberá adelantar la optimización de la planta de tratamiento, en la cual se incluye la etapa final de estabilización y pruebas de cumplimiento de la norma de vertimiento por tarde en esta fecha.

Aun así, de acuerdo con la información de la Veeduría, la CGR no tiene los diseños definitivos de la infraestructura.

El martes 11 de abril de 2023, en horas de la tarde, se conocerá el fallo de la demanda más grande que ha tenido Bogotá en toda su historia. Se trata de un caso en el que el operador CGR, encargado del relleno sanitario Doña Juana, pretende que un tribunal de arbitramento le reconozca lo que, supuestamente, dejó de recibir si desde el principio hubiera tenido las tarifas que le autorizaron en 2018. Así, busca que le paguen cerca de 1,2 billones de pesos.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS