2022: Llegó la hora de la verdad para la Región Metropolitana

En 2020 se creó esta figura de integración regional, y en 2021 se reglamentó a través de la ley orgánica. Ahora, en 2022, llega el momento de la verdad: ¿qué municipios se unirán?, ¿qué problemas se resolverán?, ¿qué peros aparecerán en el camino?

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Esta semana, salió adelante la ley orgánica de la Región Metropolitana (RM) Bogotá-Cundinamarca; es decir, se definieron las reglas bajo las cuales funcionará esta figura de asociatividad regional. Lo que viene ahora es mucho trabajo, para materializarla y ponerla a andar entre el segundo semestre de 2022 y principios del 2023.

Según explicó Patricia González, secretaria de Integración Regional de la Gobernación de Cundinamarca, el primer paso será el trámite de ingreso de Bogotá (por acuerdo del Concejo) y Cundinamarca (a través de la Asamblea) a la figura. Por el momento, se sabe que el gobernador Nicolás García convocará a la duma departamental a sesiones extraordinarias en enero.

“Luego, se iniciará el proceso de entrada de los municipios, que será a través de la autorización de los concejos municipales. La iniciativa la pueden presentar el alcalde municipal o la tercera parte de los concejales. Y, mientras se hace ese estudio, se debe realizar una audiencia pública para conocer las opiniones de la ciudadanía”, explicó González.

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¿Qué municipios pueden hacer parte de la RM? En los artículos 7 y 8 de la ley orgánica se establece que el Consejo Regional –conformado por el alcalde de Bogotá, el gobernador y los alcaldes de los municipios asociados– será el encargado de definir y actualizar la lista de los municipios elegibles, que, en todo caso, no serán solo los municipios que rodean a la capital, sino todos aquellos que compartan dinámicas regionales –como de ambiente, seguridad alimentaria o movilidad– con Bogotá y con la RM. Entonces, se podría decir, por ejemplo, que en la RM caben tanto Chía, que queda junto a Bogotá, como Villapinzón, que queda a más de 80 kilómetros, pero que es uno de los abastecedores de alimentos de Bogotá y Cundinamarca.

De hecho, en entrevista con este diario, el gobernador, Nicolás García, adelantó que “más de 40 municipios han manifestado su voluntad (de vincularse voluntariamente). Por ejemplo, Mosquera, Madrid, Funza, Facatativá, Zipaquirá, Chía…”. No obstante, del proceso ya se desmarcó el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, quien, de plano, descartó que en su istración Soacha busque unirse a la RM.

“Nunca fui invitado a construir la ley. Desde la iniciativa debieron contar con la principal ciudad del departamento. No estoy de acuerdo con el tema de peajes ni con las sobretasas a la gasolina, a la delineación urbana o al predial. No creo que podamos entregar funciones propias como el ordenamiento a una megaoficina. No necesitamos de una RM para mostrar la voluntad de trabajar en región”, le dijo Saldarriaga a EL TIEMPO y aseguró que, en todo caso, se pudo avanzar por su lado en obras claves para su municipio y en bilateral para los cables, las fases II y III de TM a Soacha, entre otros proyectos.

La del alcalde de Soacha es una de los voces que han manifestado sus dudas y reservas frente la nueva figura que, por su naturaleza y reglas, no tiene par en Colombia. A su vez, es el reflejo de las muchas preguntas que ni siquiera la ley orgánica resuelve y que se esperaría sean respondidas a medida que se vaya formando la estructura istrativa, técnica y jurídica de la RM, se redacte el estatuto, se conforme el Consejo, se elija al director de la RM, se formule el Plan Estratégico o de ordenamiento, se definan los hechos metropolitanos (o temáticas que tratará la RM), se creen las agencias especializadas y se asignen los primeros proyectos y presupuestos.

Aunque las dudas son muchas, este diario, para el presente artículo, se concentrará en dos de las más sonadas: la autonomía municipal y la financiación.

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Esta ha sido, quizá, la mayor duda entre gobernantes y expertos en materia de planeación y región. Por ejemplo, para Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, “no es claro qué tanta autonomía ceden los municipios cuando se asocian y qué implicaciones tiene para ellos que el plan director sea un instrumento de mayor jerarquía que los obliga a ajustar sus PDD y POT alrededor de hechos metropolitanos”.

EL TIEMPO trasladó esta duda a González, quien resaltó que el articulado habla de “armonizar sus planes”. “Esa palabra se usó por si en algún momento el municipio debe mirar qué contenidos podrían adecuarse a lo dispuesto por ese Plan Estratégico. Si habrá esa armonización, no necesariamente tiene que ser que vuelvas a genera un POT”, dijo y enfatizó en que “el ordenamiento territorial y el uso del suelo seguirán siendo competencia municipal”.

Al momento, no se conoce con exactitud cuánto puede costar la operación de la RM, pero ya se prevé de dónde puede salir el dinero. En el artículo 35, por ejemplo, se dice que el patrimonio y rentas pueden venir de recursos del Presupuesto General de la Nación, de impuestos o tasas, de aportes de municipios, de sumas recibidas por prestación de servicios y de regalías.

González, por una parte, aclaró que los aportes municipales son una “posibilidad”, mas no un “requisito de entrada”. Por otra parte, el gobernador dijo que algo similar sucede con los impuestos de los que hablan los artículos 39 (sobretasa al impuesto de delineación urbana), 40 (plusvalía), 41 (contribución regional de valorización) y 43 (autorizaciones para imponer sobretasas a los impuestos istrados por las entidades asociadas). Dijo que es una “figura de posibilidad de tener unos tributos adicionales para financiar la región. Pero no se crea de hecho ninguna nueva imposición”.

Ahora, González fue enfática en que esta RM requerirá recursos para ejecutar proyectos: “No queríamos que fuera una región de planeación, que se dedicara a decir ‘qué bonito sería que hiciéramos esto’; es una región que tiene un componente de ejecución fuerte y necesita fuentes claras”.

Explicó, además, que el proceso para definir si de entre el abanico de recursos lo que se necesita es recaudo vía impuestos, es que el Consejo Regional defina el proyecto, proponga los mecanismos de financiación y ya, mirando la fuente, se buscará la autorización. “En caso de valorización, los aprueban los consejos municipales, por ejemplo”.

A su vez, el gobernador resaltó que las decisiones se toman por consenso, y así está definido en el artículo 22, y que incluso hay mecanismos para dar garantías a municipios involucrados especialmente en proyectos (como podría ser, por mencionar algo, una ampliación de relleno sanitario). Sin embargo, hay voces que señalan que en el artículo 21 se dice que “las decisiones referentes a los aportes, gastos y las inversiones de la Región Metropolitana requieren la aceptación del alcalde mayor de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca”, al igual que el artículo 22 señala que decisiones como el nombramiento o retiro del director de la RM y aquellas que no se concreten vía consenso también dependen del visto bueno de la Gobernación y la Alcaldía.

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Pese a las dudas, distintos observatorios y gremios han reconocido la utilidad de la RM. En el caso de Oróstegui, acepta que “en definitiva crea un marco de articulación regional que facilita la planeación a largo plazo y a mayor escala territorial más allá de los periodos de gobierno”.

Para ilustrar el cambio, González cita el caso de la vía Suba-Cota. “Antes de la RM, para hacer un proyecto conjunto tocaba hacer un convenio. Con la Suba-Cota nos demoramos un montón hasta que por fin firmamos el convenio. Pero con esa firma, Bogotá hace un pedacito; Cundinamarca, otro; el municipio, otro… Así hagamos un convenio, los recursos se pueden invertir solo en mi jurisdicción. Ahora podemos hacer inversiones conjuntas”.

La RM también posibilitaría dar continuidad y mayor escala a convenios de abastecimiento alimentario entre Bogotá y los municipios para que se les pague lo justo a los productores –sin tantos intermediarios– y se dé mejores precios al consumidor. Precisamente, la RM empezará por allí (ver gráfico). Desde 2022 comenzarán a operar la Agencia Regional de Movilidad (provisionalmente en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad) y la Agencia Regional de Seguridad Alimentaria y Comercialización (en cabeza, provisionalmente, de la actual de Comercialización e Innovación de Cundinamarca).

ANA PUENTES 

EL TIEMPO