¿Qué hay detrás de la muerte reciente de dos niños emberás en los albergues del Distrito?

La muerte reciente de dos niños de la comunidad emberá, asentada en los albergues del Distrito, vuelve al escribir un nuevo capítulo de la necesidad de que el Gobierno Nacional agilice el retorno de estas comunidades a sus territorios de origen con todas las garantías de seguridad, pues estos espacios siempre se pensaron como algo temporal. No son aptos para una residencia permanente.

El primer caso ocurrió el pasado 6 de febrero. Una niña de 7 años, perteneciente al pueblo indígena Emberá Katío, murió en la UPI La Rioja. En ese caso, los registros de los equipos de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) que atienden a la comunidad no evidenciaron afectaciones de salud relevantes, lo cual coincide con la información aportada por la familia.

Lo que hasta ahora se sabe es que la niña, de forma repentina, se desmayó y que, tan pronto como se pudo, fue llevada a la ambulancia presente en la UPI. “Posteriormente, fue conducida a la USS de Salud Santa Clara, donde llegó sin signos vitales. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas, se dictaminó su muerte a las 9:59 de la mañana”, dijo la entidad a través de un comunicado.

Ante la inesperada muerte, al cuerpo de la niña se le realizó una necropsia médico-legal que permitía esclarecer las causas de su fallecimiento y se abrió una investigación epidemiológica a cargo del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), pero los resultados de esta solo lo sabrán los padres de la menor.

El otro caso ocurrió el sábado 15 de febrero. Esta vez fue un menor de edad quien murió y este sí venía presentando problemas de salud. Se alojaba con sus padres en la UPI La Florida. Siempre fue supervisado gracias a los profesionales del Puesto de Mando Unificado (PMU), ubicado en la zona.

Diez días antes se había trasladado al niño y a su familia a una unidad de servicios de salud en Engativá para su estabilización y, posteriormente, a una de mayor complejidad a la USS Simón Bolívar. “Además, desde la Secretaría de Gobierno se coordinó el apoyo de traducción, mientras que la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, junto con la Secretaría Distrital de Salud, brindó atención psicosocial y acompañamiento durante la atención en el centro de salud”, dijo en un comunicado la SDS. En este caso también se lleva a cabo una investigación epidemiológica correspondiente a la situación.

Y es que la istración está registrando cada caso de manera juiciosa, tanto que a través de la PMU se han venido atendiendo emergencias, pero también previniendo situaciones de riesgo y activando rutas de atención y asistencia.

Esto se realiza mediante la oferta distrital de siete entidades con el objetivo de garantizar los derechos de la comunidad, especialmente de sus niños, niñas y adolescentes.

Lo cierto es que estos casos y los ocurridos en años pasados generan una profunda preocupación en la istración Distrital y por eso han sido contundentes al hacerle constantes llamados al Gobierno Nacional. “Es urgente que las entidades nacionales redoblen esfuerzos en el trabajo interinstitucional, con el fin de llevar a cabo los procesos de retorno y reubicación de la comunidad. Las familias llevan esperando más de cuatro años para la culminación de estos procesos y en las UPI La Florida y La Rioja, lugares de asentamiento transitorio de la población, nunca fueron concebidos con vocación de permanencia”. 

Pero los llamados no son solo para el Gobierno sino para los emberás, pues cuando sus líderes no permiten el ingreso de personal médico y otros funcionarios, tampoco una atención médica oportuna. “Esto pone en riesgo la salud de niños, niñas, gestantes, adultos y personas mayores, vulnerando su derecho a la atención médica y a una vida digna”.

Explican que en las Unidades de Protección de La Rioja y La Florida residen personas que requieren tratamientos específicos y continuos. “Es crucial que los equipos de salud puedan monitorear eventos de interés en salud pública para prevenir posibles brotes epidémicos dentro de estas comunidades”.

Durante el 2024, la SDS ha realizado 1.837 atenciones a niños y niñas menores de cinco años en la Unidad de Atención Integral Comunitaria (UAIC), en un abordaje conjunto con la Medicina Ancestral, un servicio que se presta diariamente.

Asimismo, ha hecho seguimiento a 8.562 personas hospitalizadas en 11 Unidades de Servicios de Salud (USS); actualmente, hay 15 personas hospitalizadas. En el año 2024, en varias jornadas de salud, se realizaron más de 6.542 atenciones y 120 en lo que va del 2025.

Fuera de las unidades, hay una ambulancia disponible de manera permanente para atender urgencias y emergencias. En lo que va del 2024, se han realizado 2.680 valoraciones en los dos puntos, con 2.256 traslados a Unidades de Servicios de Salud (1.363 de menores y 1.317 de adultos). “Los indígenas deben garantizar el ingreso seguro de los equipos médicos no solo a la UPI La Rioja, sino a la UPI La Florida y demás albergues temporales y asegurar la continuidad de los servicios de salud esenciales”.

La Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación tiene muy claro cuál es la situación en cada albergue y UPI y cuáles son las trabas que aun los mantienen allí.

La UPI La Florida es un asentamiento transitorio de la comunidad emberá en la ciudad, ubicado en el municipio de Funza, en el que habitan aproximadamente 481 personas. Allí el Distrito ha dispuesto un Puesto de Mando Unificado (PMU) operativo las 24 horas del día, los siete días de la semana, en el que participan las siguientes entidades: CDVPR, SDG, SED, SDS, SDIS, SSCJ e IDIPRON. Los principales riesgos prevenidos por el equipo del PMU son los niños, niñas y adolescentes NNA sin la presencia de un adulto. Todos están cohabitando con plagas, roedores, basuras o aguas negras y en riesgo de manipulación de elementos peligrosos como hogueras, elementos cortopunzantes, vidrios, palos, redes eléctricas. También se ha detectado desperdicio de agua y exposición o consumo de sustancias psicoactivas.

El retorno y reubicación no se ha adelantado porque dicho proceso, liderado por la UARIV, no ha concluido. El rol del Distrito es acompañar el proceso de retorno o reubicación; sin embargo, su avance depende de la articulación interinstitucional con las entidades del nivel nacional, y del diálogo con la comunidad y con autoridades étnicas, para garantizar condiciones adecuadas en los territorios receptores.

El Distrito dice que está comprometido en seguir brindando acompañamiento, generar condiciones para la garantía de derechos y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos, asegurando que el retorno y la reubicación se lleve a cabo con dignidad. Asimismo, ha hecho un llamado constante a la Unidad para las Víctimas y a las entidades nacionales para agilizar el proceso de retorno o reubicación de la comunidad Emberá, que lleva más de tres años a la espera de una solución.

La UPI La Rioja también es un asentamiento transitorio, en el que, según la caracterización de la Unidad para las Víctimas (UARIV), habitan 714 personas. Debido a condiciones de hacinamiento, el Distrito está explorando alternativas para la relocalización de la población.

Hasta la fecha, se han establecido diálogos permanentes con la comunidad y se ha brindado un acompañamiento activo en coordinación con la UARIV. Sin embargo, al igual que en la UPI La Florida, aún no se han definido fechas estimadas por parte del Gobierno para el retorno o la reubicación de la comunidad. La gran mayoría de los hogares han expresado su intención de retornar o ser reubicados.

Esta comunidad es la población que se encontraba en albergue Buen San Maritano y que expresó su intencionalidad de integrarse localmente, es decir, de quedarse en Bogotá y ser beneficiarias de las rutas de atención y asistencia que presta el Distrito. Por este motivo, allí habitan 100 personas que no estarán vinculados en procesos de retorno o de reubicación en el futuro, sino que son beneficiarios de medidas para la integración local. Durante los últimos meses, la Consejería ha trabajado de manera conjunta con estas familias en la construcción de su plan de acompañamiento a la integración local.

La comunidad en San Cristóbal no tiene intención de retornar o reubicarse, ya que ha expresado su deseo de integrarse localmente. En total, son 39 personas que, durante años, viven en la localidad y se han adaptado gradualmente a la vida en la ciudad, consolidando su arraigo. También serán sujetos de la Ruta de Acompañamiento a la Integración Local Emberá que está diseñando participativamente el Distrito.

Según La Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, uno de los principales desafíos ha sido el de establecer lineamientos básicos de convivencia con la comunidad, pues este proceso ha resultado complejo, ya que algunas de las costumbres, actividades y prácticas indígenas han generado situaciones de riesgo, especialmente para los menores de edad. “Un ejemplo de ello es el consumo recreativo de alcohol dentro de la comunidad”, explicó la entidad.

Incluso, sigue habiendo quejas de vecinos, sobre todo de las UPI, que denuncian consumo de alcohol y malos tratos hacia los niños y las mujeres. Por eso, ante situaciones de riesgo y urgencia, el Distrito ha coordinado acciones y activado las alertas correspondientes ante la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), especialmente en casos de presunto abuso, violencia, mendicidad u otras circunstancias que puedan poner en peligro los derechos de la comunidad, en particular los de niños, niñas y adolescentes.

Actualmente, ocho entidades del Distrito —la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación; la Secretaría de Gobierno; la Secretaría de Integración Social; la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia; el IDIPRON; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Educación y la Secretaría de la Mujer— brindan atención y asistencia permanente a la comunidad. Estas entidades están disponibles para atender denuncias y actuar ante cualquier situación de riesgo que pueda vulnerar los derechos de la comunidad.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

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