Procuraduría advierte que orden judicial pone en riesgo a la PTAR Salitre

La Procuraduría General de la Nación advirtió que la orden judicial que profirió la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, del Tribunal istrativo de Cundinamarca, que ordenaba al consorcio Interventor IVK a emitir el certificado de terminación de la primera fase de la obra de la Ptar Salitre, y a la Empresa de Acueducto a iniciar la operación de la misma,  pone en riesgo su buen funcionamiento.

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El ente de control señaló que "la entrega presurosa y sin asidero contractual de la planta" podría generar riesgos técnicos.

"Una decisión del Tribunal istrativo de Cundinamarca tiene en jaque la correcta entrada en operación de la PTAR Salitre, la cual se realizaría de manera abrupta en acatamiento de esta decisión judicial, sin que se haya certificado por parte de la interventoría el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones por parte del contratista", señaló el Ministerio Público.

Recordemos que en diciembre de 2021, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) señaló que la entrega no se había realizado como estaba programada y pactada, pero que debió asumir desde mediados de ese mes, por orden del Tribunal istrativo de Cundinamarca, la operación de la etapa 1.

Asimismo, en septiembre de la año pasado la Misión Virtual de Seguimiento de Banco Mundial (BM) señaló en un informe que había fallas en la estabilización del reactor biológico, que los procesos de tratamiento de clarificación secundaria que no operan de manera satisfactoria y que había problemas de comunicación con Scada (sistema de control remoto), entre otros.

La interventoría también señaló que la infraestructura aún no estaba lista para ser recibida por la CAR y entregada al Acueducto. De hecho, el informe del BM indica que tanto la CAR como la EAAB “solicitaron la extensión de la fecha de cierre del proyecto para continuar con el apoyo técnico” y asegurar que la Ptar “se realice con la mejor calidad y se logre una transferencia exitosa a la EAAB”.

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El contrato de la megaobra de la Ptar Salitre fue adjudicado en 2016 por la CAR, por un valor de 1,35 billones de pesos, y buscaba aumentar la capacidad de tratamiento de la planta de 4 m³ a 7,1 m³ por segundo, para tratar así el 30 por ciento de las aguas residuales que llegan al río Bogotá.

Ante este panorama, la Procuraduría hizo un llamado a las entidades involucradas en la puesta en marcha de la Ptar Salitre y al consorcio contratista constructor, para que solucionen los problemas que se presentan en su funcionamiento y se dé cumplimiento al plan de saneamiento y recuperación del río Bogotá.

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REDACCIÓN BOGOTÁ