¿Cuáles son los efectos del fallo que revivió el POT de Claudia López?

Con la decisión del Tribunal istrativo de Cundinamarca de revocar la medida cautelar de suspensión del decreto 555, el POT de Claudia López volvió a activarse. La norma fue suspendida por el Juzgado Quinto istrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá a mediados de junio pasado y, de paso, todas las resoluciones y decretos que se alcanzaron a expedir durante su corta vigencia.

(Le puede interesar: POT de Bogotá: Se caen las medidas cautelares que suspendieron su aplicación)

(Para seguir leyendo: Así es la disputa oculta por el POT de la alcaldesa Claudia López en Bogotá)

Con ello volvía a aplicarse el decreto 190 de 2004, por medio del cual en la alcaldía de Luis Eduardo Garzón se expidió el POT que estuvo vigente durante aproximadamente 18 años, tiempo en el cual sobrevivió a dos intentos por formularse una nueva carta de navegación. El primero por el entonces alcalde Gustavo Petro, a través de un decreto, aunque el Concejo le había negado el proyecto de acuerdo, y luego por Enrique Peñalosa en 2019, cuando el cabildo distrital decidió no darle trámite.

El decreto 555 fue expedido por la mandataria el 29 de diciembre de 2021, días después de que se cumplió el plazo que tenía el Concejo para pronunciarse sobre el proyecto de acuerdo por medio del cual se promulgaba el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Reverdecer a Bogotá 2022-2035.

El cabildo distrital contaba con 90 días –desde el 10 de septiembre de 2021, cuando fue radicado en esa corporación–, pero como no lo hizo, López lo sacó por decreto argumentando razones jurídicas y políticas. Durante la discusión se presentaron alrededor de 164 recusaciones e impedimentos.

Y esto fue lo que motivó la acción de nulidad de Miguel Uribe Turbay (hoy senador) contra el decreto de la alcaldesa. La teoría del congresista es que cuando la mandataria expidió la norma no se habían cumplido los 90 días y que debió haberse descontado el tiempo que le tomó al Concejo el trámite de las recusaciones e impedimentos.

El secretario Jurídico, William Mendieta, consideró que si bien aún no hay una decisión de fondo, en el fallo de ayer el Tribunal estaría adoptando la tesis de que “los 90 días son preclusivos y que el trámite de impedimentos y recusaciones no suspende ese término”.

Y agregó que el 7 de abril pasado, la Secretaría del Concejo certificó que “no hubo suspensión de los tiempos” y que la alcaldesa expidió “con competencia” el decreto 555. El funcionario destacó que el Tribunal “reconoce que es un tema de interés público” y que por eso “agilizó su decisión”.

La alcaldesa López consideró como “infundada” la medida cautelar que suspendió el POT y dijo: “El derecho de los bogotanos a proteger su estructura ecológica principal, a tener vivienda digna y ciudad cuidadora se respeta”.

Por su parte, el senador Uribe Turbay insistió en su tesis de que los tiempos debieron suspenderse en el Concejo, mientras se resolvían las recusaciones e impedimentos, y señaló que “es absurdo que por lo menos dos de los magistrados que tomaron la decisión (de revocar la medida cautelar) tengan familiares contratados en la Alcaldía: uno en la Alcaldía Mayor y otro en la Secretaría de Planeación, entidad responsable de liderar la discusión del POT”. De hecho, EL TIEMPO reveló ayer esos lazos familiares.

(Además: Los incómodos lazos familiares de magistrada clave en pleito del POT de Bogotá)

Añadió que “es inexplicable” que el mismo día que se niega el impedimento de uno de esos magistrados, con familiar en la alcaldía, se tomó la decisión de revocar las medidas cautelares. “Eso quiere decir que no hubo deliberación, no hubo análisis, no hubo estudio, y eso me lleva a concluir que la mermelada de Claudia López surtió efecto”, afirmó el congresista, quien espera que el juez decrete la nulidad del decreto por medio del cual se adoptó el POT.

El decreto 555 es la norma que, por cuenta del fallo del Tribunal, desde hoy vuelve a aplicarse en la ciudad y con ella muchas de las decisiones que fueron tomadas, entre el 29 de diciembre de 2021 y el 15 de mayo de 2022, por las secretarías de Planeación, Hábitat y Ambiente e incluso las curadurías. Estarán vigentes mientras hay una decisión de fondo.

Lo que sigue ahora es que un juez istrativo, instancia en la que se han presentado cinco demandas contra el POT, acumule todos esos recursos y decida. Las demandas son las del senador Uribe Turbay, la representante a la Cámara Carolina Arbeláez, el concejal Luis Carlos Leal y los ciudadanos Ericson Mena y Mauricio Puerto.

“Los juzgados tienen que determinar quién es el juez competente para acumular las cinco acciones de nulidad y que haya una sola decisión”, explicó Mendieta, quien espera que en seis meses se produzca un fallo de fondo. Independiente de cualquier decisión, se da por hecho que alguna de las partes apele, con lo que el caso de nuevo pasará al Tribunal istrativo.

(Le recomendamos: Bogotá: ‘No hay un horizonte definido en el futuro urbano de la ciudad’ )

“Es inexplicable que el mismo día que se niega el impedimento de uno de los magistrados con familiares en la alcaldía se tomó la decisión de revocar las medidas cautelares”.

Alejandro Callejas / Camacol Bogotá

"Revive la norma 555. Nuestro llamado de siempre, respetuoso hacia la istración, es que trabajemos urgentemente en la reglamentación de esta norma y por fin podamos tener un instrumento jurídico con el cual podamos seguir construyendo la ciudad que nos hemos soñado"

Luis Ernesto Gómez / Ex secretario de Gobierno

“¡Bogotá se respeta! Vuelve a su vida jurídica el #POTBogotaReverdece que nos permitirá construir una ciudad menos segregada socialmente, más verde y con movilidad basada en metro y no en buses. Felicitaciones, queridas

Claudia López y María Mercedes Jaramillo”

“El CTPD y el Tribunal istrativo de Cundinamarca han sido claves para mantener vivo el inconveniente y arbitrario POT de Claudia López. En ambos casos los que tomaron la decisión tenían hijos o sobrinos trabajando en la Alcaldía. ¿Qué hubiera dicho de esto la Claudia senadora?

GUILLERMO REINOSO