Las barreras de atención para los casos de violencia de género en Bogotá

El 9 de mayo de 2024, mientras Lina Suárez trabajaba en la localidad de Suba, en Bogotá, su expareja Nelson López intentó matarla, disparándole varias veces. Un mes antes, ella había acudido a la Casa de Justicia de Suba para solicitar ayuda. La Comisaría de Familia emitió una orden de protección y otra de alejamiento para su agresor, y policías se comprometieron a realizar rondas afuera de su trabajo y su casa, pero, según ella, no las hicieron.

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Este es uno de los 336 casos de tentativa de feminicidio registrados en el país, entre enero y junio de 2024, por el Observatorio Colombiano de Feminicidios (sistema de información de la organización Red Feminista Antimilitarista).

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Bogotá es una de las ciudades con más registros. En julio, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que en la capital había 655 mujeres en riesgo de ser víctimas de feminicidio, según valoraciones de Medicina Legal. La secretaria de la Mujer, Laura Tami, informó que, según datos compilados por la entidad, son 950 las mujeres que actualmente corren ese riesgo.

A ello se suman una serie de denuncias sobre fallas en la atención a la hora de implementar la Ruta de atención integral para víctimas de violencia de género, entre otros problemas.

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Cuando Lina acudió en abril a la Casa de Justicia de Suba esperó más de una hora para ser atendida. Llevaba varios días tomando la decisión de reportar las violencias. “Él todos los días iba a mi trabajo, a donde yo vivía, todo el tiempo me esperaba”, asegura.

Para Olga Amparo Sánchez, directora de la Casa de la Mujer, la atención y prevención de violencias basadas en género en la capital es crítica. “Las mujeres tienen que deambular en Bogotá para que las atiendan”, resalta. Ha conocido casos de mujeres que, al acudir a las comisarías, reciben la sugerencia de llegar a un acuerdo con su agresor. De allí son remitidas a las casas de Igualdad de Oportunidades, donde pueden acudir para conocer sus derechos, o al sistema de salud.

En otros casos la atención no llega. Después de dos horas de espera de una mujer, Alejandra, excontratista de la Secretaría de la Mujer, la pudo atender. Hablaron menos de 10 minutos y la mujer decidió desistir y salió corriendo. Alejandra fue tras ella, pero no la alcanzó y nunca volvió a saber de su caso. “Así nosotras movamos cielo y tierra, muchas veces es imposible atender este tipo de situaciones por la poca capacidad institucional que hay”, dice Lucía, otra excontratista de la Secretaría.

Lucía, Alejandra y Sara, quien trabaja actualmente en la Secretaría de la Mujer, afirman que tanto en la Dirección de Territorialización de Derechos y Participación como en la Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y a la Justicia hay una sobrecarga laboral que se suma a las barreras que impactan la atención. Por ejemplo, en la red de hospitales públicos, por falta de personal los agendamientos de citas para víctimas se están otorgando para dentro de uno o dos meses, cuenta Sara.

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En junio, contratistas prendieron las alarmas sobre sus condiciones laborales dentro de la Secretaría de la Mujer. A través de una cuenta en X llamada Víctimas SDMujer se han denunciado supuestos despidos masivos, acoso y maltrato laboral, explotación y pocas garantías para el ejercicio de sus labores.

En una entrevista con Vorágine, realizada en septiembre, Tami fue enfática en negar los recortes: “Todos los equipos siguen, con los recursos garantizados no solamente para este año, sino para los que vienen”.

Además de las denuncias de recortes, otra barrera puede surgir de las no renovaciones de los contratos, como señalan las fuentes consultadas.

Juliana Cortés, subsecretaria de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades, negó recortes de personal y explicó que la Secretaría de la Mujer pasaba por un “momento de armonización”. Según ella, hay una directriz desde la Alcaldía de ser “muy eficientes” con el recurso público.

El presupuesto para el sector de la mujer pasó de 454.577 millones de pesos en la alcaldía de Claudia López (2020-2023) a 417.663 millones de pesos en la de Galán. Tami afirmó que el presupuesto para la Secretaría de la Mujer sí aumentó, y explicó que los más de 417.000 millones están dirigidos para la entidad, mientras que el presupuesto de la Secretaría 2020-2023 fue de 414.658 millones.

Las contratistas también señalan como otra barrera la falta de materiales y herramientas. “El maltrato va desde el trato hasta las mismas dotaciones en elementos de seguridad o elementos prácticos como el internet. Hay casas de Igualdad que siguen sin internet”, relata Sara. En consecuencia, el reporte de los casos no se hace en tiempo real.

Cuando Lina denunció a su agresor en la comisaría, la aron de la Línea Púrpura para darle atención psicosocial y le ofrecieron más acompañamiento pero antes de la segunda cita sufrió el intento de feminicidio. Después del hecho, la Secretaría de Salud se encargó de las terapias de rehabilitación, y la Policía, la visita cada tres días por nuevas amenazas. Pero cuenta que la Secretaría de la Mujer no volvió a hacerle seguimiento a su caso.

Entre enero de 2020 y mayo de 2023, la Línea Púrpura recibió 142.796 llamadas, incluyendo aquellas abandonadas o en las que no marcaron ninguna opción de la grabadora. De ese total, fueron contestadas 52.962, de las cuales solo un 7 % (3.874) tuvo seguimiento a través de os periódicos, según la Personería de Bogotá.

Los registros también indican que en cuatro ocasiones mujeres que acudieron a la Línea Púrpura, entre 2017 y 2021, más de dos años después fueron víctimas de feminicidio.

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En la supervisión más reciente, de enero de 2023 a enero de 2024, la Personería indicó que la Línea solo hace seguimiento con os periódicos en el 68 % de los casos. La Secretaría dijo que no es posible que las funcionarias hagan seguimiento en todos, por lo que se priorizan los de riesgo de feminicidio, interrupción voluntaria del embarazo o llamadas anónimas con número de o.

Actualmente, en la Línea Púrpura hay 50 profesionales, mientras tanto, en la Agencia Mujer, un equipo especializado de la Línea 123 para estos casos, hay 31 profesionales. En total, 74 trabajadoras de la Línea Púrpura y Agencia Mujer ofrecen atención telefónica a una población que suma 3,12 millones en Bogotá, según el Dane.

Entre enero y junio de este año en la Línea Púrpura se recibieron 28.446 llamadas, de las cuales solo el 52% (14.846) duraron más de 5 segundos o marcaron alguna opción. Todas estas fueron contestadas; a 13.747 les dieron atención psicosocial o jurídica, y al 55,56 % le hicieron seguimiento con os periódicos.

El hecho de que sean contestadas no significa que sean efectivas, es decir, no solo debe brindar la atención, sino hacerlo de forma oportuna. La Personería enfatizó que, aunque la meta es tener un 80 % de efectividad en esta línea, los registros varían.

“No dan los tiempos para registrar, llamar y subir la prueba del seguimiento. Eso implica mucho tiempo, y muchas veces no se puede cumplir el esquema de seguimiento en los tiempos indicados”, relata Alejandra.

Ella explica que hay ocasiones en las que en los seguimientos se pueden demorar hasta una hora por caso. Aunque cada Casa de Justicia tiene un flujo diferente, en la que ella trabajaba llegaban entre 50 y 70 casos al mes. De esos, alrededor de siete se quedaban sin seguimiento o no se completaba el esquema por falta de tiempo. A su juicio, en las casas de Justicia con alta demanda se debería aumentar el personal para poder responder efectivamente.

En otras ocasiones, cuando las funcionarias llaman a hacer seguimiento, enfrentan otro reto, pues las víctimas desisten del proceso al no recibir acompañamiento y ver que el agresor sigue libre, explica Sara.

En otros casos el Instituto de Medicina Legal, facultado para valorar un riesgo de feminicidio, envía estos casos a la Secretaría dos o tres meses después para que haga el acompañamiento.

“Cuando nosotras vamos a hacer el seguimiento, ya la ciudadana ha tenido que pasar por revictimización o no ha podido tener su medida de protección”, dice Lucía.

En este punto, sin embargo, las versiones se contradicen. Julio Alberto Guacaneme Gutiérrez, médico forense de Medicina Legal, le dijo a Vorágine que no hay ninguna articulación directa de esta entidad con la Secretaría. Según explica, los casos de violencia a mujeres por parte de su pareja o expareja son asignados por Medicina Legal a dos instancias: psicólogas y trabajadoras sociales que hacen la valoración de riesgo de feminicidio –y solo son cuatro funcionarias para Bogotá–, o a las autoridades de a justicia, como Fiscalía o Policía, para hacer la denuncia correspondiente.

Ahora bien, el funcionario de Medicina Legal aclaró que mensualmente la institución hace parte de unas mesas para hablar asuntos de seguridad junto con otras entidades nacionales y locales, entre ellas la Secretaría de la Mujer. En estos encuentros, algunas veces, se mencionan los casos de riesgo de feminicidio.

Y esa es otra de las barreras: la de la articulación entre entidades. La secretaria Tami reconoce que todavía sigue siendo una barrera el a la justicia; por eso tienen como objetivo ampliar su articulación en la Fiscalía para orientar a las mujeres a una denuncia.

Cuando Lina salió del hospital, tras haber estado cuatro días inconsciente, le ofrecieron ir a una Casa Refugio por cuatro meses. Parecía una medida urgente, pues a través del WhatsApp de su hermana había empezado a recibir amenazas. Sin embargo, para ella no era una opción vivir cuatro meses escondida junto a sus dos hijos, que tendrían que pausar sus estudios. “¿Después de cuatro meses qué? La víctima es la que se tiene que esconder y el agresor sí puede estar afuera”, puntualiza.

La medida hace parte de una de las estrategias de la Secretaría. Como todas las demás iniciativas, tiene unos protocolos “con muchos vacíos”, afirma Lucía.

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Las contratistas denuncian que los cuidados para su salud mental también se quedan en el papel. Estas mujeres escuchan, atienden o acompañan alrededor de seis casos de víctimas al día. “Te sobrecargas emocionalmente. Puedes generar ansiedad o ira porque, desafortunadamente, la entidad no tiene alcance suficiente para prevenir la cantidad de violencia y el riesgo de feminicidio que se presenta en la ciudad. No solo es desgastante, también frustrante”, narra Lucía.

Por ejemplo, en la red de hospitales durante 2023 hubo más de 30 trabajadoras que renunciaron, según una de las contratistas. Y hay casos de abogadas que terminaron su contrato, en su mayoría, por incapacidades médicas, hospitalizaciones psiquiátricas o cuadros de depresión o ansiedad.

Lucía tuvo orientación psicosocial que ofrece la entidad, la cual, dice, no es efectiva. “No hay alcance. Son muy poquitas personas y no es algo de mucho impacto”, explica Sara. Las tres confirman que solo hay dos profesionales disponibles para brindar orientación psicológica a todas las funcionarias y los contratistas de la Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y a la Justicia.

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El 24 de julio, a Lina Suárez le informaron que su agresor había sido recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá. El 28 de julio era la primera audiencia del juicio, pero Nelson López no asistió y fue reprogramada para el 2 de septiembre. Sin embargo, ese día la audiencia fue nuevamente aplazada para el 9 de octubre, por ausencia del abogado que representa a López.

Además de justicia y una condena proporcional por lo que le sucedió, Lina pide tener acompañamiento psicológico y en salud, pues ella no ha podido volver a caminar desde el ataque, y las terapias físicas asignadas se le acabaron. Respecto al acompañamiento psicológico, las citas son muy lejanas, cuenta.

Tras la publicación de este artículo en Connectas, la Secretaría de la Mujer dijo que el presupuesto actual garantiza la continuidad de los servicios con el personal idóneo.

La entidad también indicó que la Línea Púrpura tuvo un 92,5 % de efectividad en el primer semestre del 2024 y que trabajan por mejorar la articulación interinstitucional con proyectos y programas como Estrategia Mujeres.

MARIANA GUERRERO ÁLVAREZ - CONNECTAS (**) Y VORÁGINE

(*) Los nombres de las excontratistas y la funcionaria que continúa vinculada a la Secretaría fueron modificados por solicitud de ellas para evitar represalias.

(**) Connectas es una iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas. 

Este artículo fue editado por razones de espacio.