Bogotá: insegura y retrocediendo / Opinión

Durante la istración de Claudia López, Bogotá ha tenido 3 secretarios de Seguridad y 5 comandantes de Policía. Y aunque a primera vista parecen normales los cambios institucionales, tanta rotación de quienes deben dirigir la política pública de seguridad termina debilitando la lucha contra el crimen organizado en la ciudad.

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¿De qué otra forma se puede explicar que los indicadores de hurto a personas no cedan, que los homicidios consecuencia de un atraco se incrementen y que las armas de fuego estén cada vez más presentes en la comisión de delitos, donde la violencia e intimidación parecieran ya no ser suficiente para los delincuentes?

Frente a esta realidad, son comunes los argumentos que sostienen que no hay suficientes policías; que la culpa es de los jueces que dejan libres a los delincuentes; que hace falta más tecnología; que hay que actualizar las leyes... en fin.

Sin embargo, en los últimos años se ha aumentado el pie de fuerza en Bogotá, se han hecho cuantiosas inversiones en tecnología –como cámaras de videovigilancia, sistemas de comunicación e infraestructura–; se cuenta con una nueva ley de seguridad ciudadana y se ha fortalecido el trabajo articulado entre policías, jueces y fiscales.

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En otras palabras, no han faltado acciones y recursos para mejorar la seguridad en Bogotá. Pero los indicadores no ceden; al contrario, donde antes había logros que se celebraban y comunicaban ampliamente, hoy existen retrocesos: por ejemplo, el hurto a residencias y de vehículos, que registran incrementos de 11 y 6 %, respectivamente, en lo corrido del año.

Y ni hablar del hurto a personas, donde en los primeros cuatro meses del 2023 las denuncias ya superan los 42.000 casos, cifra que fácilmente puede ser el doble, dado que menos de la mitad de las víctimas denuncian el hecho.

Lo cierto es que el 18 % de los ciudadanos afirman que los hurtaron con un arma blanca o cortopunzante, y un 10 %, con arma de fuego. Un detalle no menor, pues ya hemos visto que no son armas de fogueo sino armas letales que el delincuente consigue en el mercado negro, donde incluso puede alquilarlas por horas o días.

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En el caso de los homicidios, la ciudad registra 340 casos para el mismo periodo de tiempo, lo que en la práctica significa un 12 % en comparación con los primeros cuatro meses del año pasado. La mayoría obedece a sicariatos más que a riñas, es decir, cometidos por asesinos a sueldo contratados por bandas criminales interesadas en controlar las rentas de negocios ilegales en varias zonas de Bogotá.

Algunos dirán que son fenómenos nuevos, pero no es así; desde hace un tiempo las estadísticas ya evidenciaban nuevas dinámicas en el comportamiento delincuencial en la ciudad.

El problema es que la política pública para combatirlos no responde al mismo ritmo, de allí que no se hayan actualizado los instrumentos para reducir la comisión de delitos con armas de fuego.

Si bien hay mayores golpes a las bandas criminales, las acciones no son suficientes para romper las cadenas delictivas. Mientras sigan existiendo actividades ilegales con alta rentabilidad económica, como el narcotráfico, hurto de celulares, hurto de vehículos y extorsión, los delincuentes buscarán controlar las rentas asociadas, lo cual está generando un conflicto cada vez más violento entre diferentes bandas, hecho que se traduce en un aumento de los homicidios.

Esperemos que la nueva comandante de la Policía Metropolitana haga los ajustes necesarios. A juzgar por los anuncios iniciales, se concentrará en disminuir los hurtos, el homicidio y la corrupción en la institución. En este último aspecto, su discurso la diferencia de sus antecesores, pues el solo hecho de reconocer el problema en su entidad ya es un avance significativo para corregir el camino.

ÓMAR ORÓSTEGUI

Profesor del laboratorio de gobierno de la Universidad de La Sabana