Consejo de Estado anuló millonario contrato que Distrito suscribió en 2012

En medio de una puja istrativa que se venía fraguando desde 2012, el Consejo de Estado anuló ayer un millonario contrato de 4.357 millones de pesos suscrito entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá y la compañía Northbound Technologies S. A. para la compra de 100 motos eléctricas para la Policía Metropolitana durante la alcaldía de Gustavo Petro.

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Según expuso el Consejo de Estado en su fallo, la decisión se fundamenta en el hallazgo de presuntas irregularidades en la forma como se seleccionó al proveedor de las motocicletas. De acuerdo con la motivación del alto tribunal, “se fundamentó en haberse permitido el procedimiento de selección del contratista, el cual, según la propia entidad demandante, debió haber sido la licitación pública, así como en la nulidad del acto previo que justificó la contratación directa, con una motivación falsa, consistente en que solo existía un único proveedor ”.

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Dentro de este proceso, que abrió el mismo Fondo de Vigilancia de Bogotá tras evidenciar las irregularidades, se pudo conocer que la cotización presentada por Northbound Technologies S. A. tuvo trato preferente y se anticipó al resto de propuestas de los oferentes. Según la empresa, la cotización se hizo llegar con antelación, pues “habían conocido la intención de adquirir las motocicletas por los medios de comunicación”.

No obstante, lo que resultó aún más revelador para el Tribunal fue el hecho de que cuando la entidad publicó los requisitos, la ficha técnica y las condiciones de la oferta “parecían calcadas las especificaciones de la ficha técnica que había hecho llegar con antelación Northbound Technologies S. A.”.

Otro elemento que empujó la determinación fue el hecho de que la empresa que resultó beneficiada con la adjudicación tuvo la oportunidad de presentar sus motos ante la Policía Nacional para que estas fueran probadas en el Autódromo de Tocancipá y la Escuela de Caballería, de manera preferente y anticipada a los otros competidores que apenas estaban en la etapa documental del proceso licitatorio.

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Por esta investigación ya habían sido condenados el exgerente del Fondo de Vigilancia César Manrique y el exsubgerente Jesús Abril, a quienes les fueron probadas irregularidades durante el proceso de contratación.

REDACCIÓN ELTIEMPO