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Politizar la universidad

Esa decisión arbitraria lo que busca es que el Pacto Histórico siente sus reales en la UN.

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Hace pocas semanas, desde esta columna, me atreví a pronosticar que el Gobierno pretendía hacer de la Universidad Nacional (UN) un botín político. No me equivoqué. La orden al ministro de Cultura, Juan David Correa, para que, como ministro de Educación ad hoc, protocolice la toma de la universidad nombrando un rector encargado mientras reforman el Consejo Superior de manera que tenga mayoría oficial en el momento de designarlo en propiedad, dejó al descubierto la estratagema.

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Al actuar así se quiso desconocer que el Consejo Superior, siguiendo las normas estatutarias, había ya designado rector al profesor José Ismael Peña, a quien acompañé a tomar posesión del cargo en una notaría ante la negativa de la ministra de Educación de reconocer la validez de su designación, lo cual desembocaría en una istración acéfala.

Esa decisión arbitraria lo que busca es que el Pacto Histórico, partido del Gobierno, siente sus reales en la UN, es decir que esta se constituya en una joya de la corona del presidente Petro. Repasando la historia sabemos que ha habido parecidos intentos que, afortunadamente, han terminado en fracaso.

Desde cuando, en 1949, ingresé a la UN para iniciar mis estudios médicos, he estado muy interesado por lo que en ella ocurra. No solo he sido un espectador atento, sino que también he sido protagonista formando parte de sus instancias directivas. Por eso aprovecho esta columna de opinión para relatar mis experiencias, que me han permitido juzgar con objetividad lo que está ocurriendo. Además, porque recordando el pasado puede evitarse repetir errores.
No solo he sido un espectador atento, sino que también he sido protagonista formando parte de sus instancias directivas. 
En 1954, el 9 de junio, un escuadrón del Batallón Colombia ultimó a una decena de estudiantes inermes que iban a reclamar justicia por la muerte del compañero Uriel Gutiérrez Restrepo, asesinado el día anterior por un agente de la Policía en pleno campus. Ante tamaña tragedia, los líderes del movimiento estudiantil designaron una comisión para solicitar a los profesores de la Facultad de Medicina (la mayoría de los muertos estudiaban en ella) que renunciaran a sus cargos como acto de solidaridad con sus alumnos. Fuimos escuchados por los profesores José del Carmen Acosta Villaveces y Pedro Eliseo Cruz, quienes se comprometieron con nosotros a dejar los cargos si el Gobierno llegaba o intentaba apoderarse de la universidad. Pocos días después, para ver si se apaciguaba el ambiente, el presidente, general Gustavo Rojas Pinilla, designó como rector al coronel Manuel Agudelo. ¿Habrase visto mayor exabrupto? Al día siguiente de su posesión, la renuncia del profesorado fue masiva. Como era de suponer, su permanencia en el cargo fue efímera. Cuando ingresaba motorizado al campus, flanqueado por escoltas, los estudiantes, a su paso, levantábamos los brazos, como si se tratara del comandante de un ejército de ocupación. Acto seguido venía una orquestación de chiflidos. Tal ambiente, y la renuncia de los profesores, llevaron a que el Gobierno aceptara pronto que había cometido una equivocación.

Otro caso de intento de politización de la UN, no ya del Gobierno, sino del rector, ocurrió con el nombramiento del jurista marxista Luis Carlos Pérez. Esto fue durante el gobierno del presidente Alfonso López Michelsen, quien creyó que de esa forma iba a apaciguar el caldeado ambiente que se vivía en la institución por cuenta de profesores y estudiantes de izquierda. Al posesionarse, el doctor Pérez prometió una universidad imparcial. Sin embargo, con el paso de los días se le fue reclamando que pusiera en práctica las tesis marxistas. Cuando quiso hacerlo, rompiendo relaciones con el Gobierno, este le pidió la renuncia. Fue otro intento fallido de politizar la UN.

Llamo la atención sobre el hecho de que en los casos citados el rector era nombrado por el presidente. La autonomía universitaria no había adquirido la preponderancia que hoy tiene. De ella comenzó a hablarse a partir de 1918, cuando en Córdoba (Argentina) un movimiento estudiantil creyó que las universidades debían estar protegidas de la injerencia de los gobiernos mediante la figura de la autonomía. En Colombia adquirió rango constitucional en 1991, cuando en uno de sus artículos así lo consagró. Infortunadamente se ha prestado para interpretaciones proclives.

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