La inteligencia artificial (IA) llegó hace mucho tiempo a la vida moderna. Desde los sistemas de geolocalización como Waze o Google Maps, pasando por los modelos de algoritmos de preferencias usados por Netflix, Spotify o Amazon, a aplicaciones para resolver preguntas y realizar tareas como ChatGPT, Gemini, Bing Chat o el reciente Meta, que desde hace unas semanas está disponible en el WhatsApp.
Esta revolución tecnológica que tiene presencia permanente en nuestras vidas es imparable y puede generar brechas enormes entre los países que no las apliquen, aquellos que no puedan controlarla y los que la regulen eficazmente.
El mes pasado la Unión Europea aprobó por primera vez una normativa internacional que regula la IA mediante la directiva 2024/1689, en la cual contempla acciones prohibidas, establece un sistema de gestión del riesgo, exige la supervisión humana, crea obligaciones de los proveedores y responsables del despliegue de sistemas de IA y contempla mecanismos de protección de los derechos humanos.
Las predicciones de Isaac Asimov se ven cada vez más cerca y muchos países se preparan para los cambios de la sociedad y el Estado producidos por la IA, que revolucionarán la medicina, la arquitectura, los servicios y la istración pública, generando herramientas para maximizar o agilizar la mayoría de tareas que realizan los seres humanos.
Una de las áreas en las que más se está utilizando la IA en otros países es en el Estado. Los avances tecnológicos presentan grandes avances en la gestión de la información a través de la sistematización de datos, que pueden ayudar a facilitar los trámites y dotar de eficiencia a la gestión pública.
En Colombia la IA puede ayudar enormemente a la gestión pública en diversos ámbitos. El primero de ellos es la gestión documental, por medio de la cual es posible recaudar, sistematizar, organizar y simplificar millones de datos para tomar las mejores decisiones.
Nuestro país debe enfrentar una cruda realidad: hay que hacer más con menos y la mayoría de nuestros servidores públicos están colapsados de trabajo
La segunda es la gestión analítica que permite estudiar cantidades enormes de información para establecer conclusiones preliminares que lleve a los es a tomar las mejores decisiones.
La tercera es la función asesora, mediante la cual, y con base en toda la información, se generan herramientas para asistir a los es. No se trata de remplazar a los gestores istrativos y judiciales en la toma de decisiones, sino de apoyarlos en las enormes tareas que deben desarrollar.
La congestión que tenemos en Colombia no solo se debe a la ineficiencia, sino también a que somos una nación con más de 52 millones de habitantes. Nuestro país debe enfrentar una cruda realidad: hay que hacer más con menos y la mayoría de nuestros servidores públicos están colapsados de trabajo. En ese contexto, la IA no es un peligro sino una oportunidad. La Corte Constitucional ha sido consciente de esa situación y en la reciente Sentencia T-323 de 2024 autorizó la utilización de la IA para facilitar el trabajo de los jueces, aunque también los previno a que ella no puede llegar a afectar o condicionar sus decisiones.
En nuestro país la IA puede, además, ser muy útil para la lucha contra la corrupción. Sistemas como el ‘compliance’ buscan una gestión eficaz de la información pública y pueden permitir a los ciudadanos tener mayor conocimiento de las actuaciones públicas y generar reportes de actuaciones sospechosas en el Estado.
Insisto. Para un país como Colombia la IA, lejos de ser un riesgo, es una oportunidad para poder gestionar más eficientemente las necesidades de los ciudadanos y puede dotar al Estado de herramientas para maximizar la integridad y la trasparencia.
P. D. La víctima de los ataques recurrentes a la Justicia y los medios de comunicación es la democracia misma, se busca debilitar los contrapesos. Solidaridad con todas las mujeres en el ejercicio de su profesión.
LUIS FELIPE HENAO