El golpe blando: la salud

Desde hace 2 años, el Gobierno está dando un silencioso golpe blando al sistema de salud. La gran mayoría de instituciones del sistema se encuentran en una grave crisis. El sistema padece de enormes reclamaciones, tutelas en máximos históricos, aumento de cartera vencida, escasez de medicamentos –especialmente para enfermedades huérfanas– y la necesidad de que las personas con menos recursos tengan que empezar a pagar cada vez más por servicios y medicamentos, debido a las demoras en la entrega. Al final, el impacto se sufre en mayor medida por las personas con menos recursos.

Actualmente, hay una desfinanciación de más de 12 billones de pesos entre demoras, cálculos incorrectos de la UPC y errores en la facturación. Uno de los peores retrasos ha sido la demora en la aprobación del Ministerio de Hacienda del pago de más de 800.000 millones de pesos correspondientes a recursos adeudados desde 2022, lo cual está generando una grave crisis, especialmente en los hospitales públicos que están navegando la crisis como pueden.

Solo en el caso de la Nueva EPS, el Superintendente Nacional de Salud reconoció que hay facturas que no fueron incluidas en la gestión financiera de la EPS, y en entrevista dada a ‘La República’, manifestó de manera insólita: “Nadie advirtió de estos montos y nadie sabía, sino que nos encontramos esto debajo del tapete, para eso mismo es la auditoría forense. Esta terrible situación ha generado que, según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, se les adeuda aproximadamente $ 18,9 billones de pesos”. Los problemas de auditoría en la Nueva EPS son evidentes y multiplican la crisis del sector.

Uno de los temas más críticos es el cálculo deficitario de la UPC (unidad de pago por capitación), la cual corresponde a la cifra que el Estado le paga a las EPS por la atención de cada paciente. Desde hace casi una década existen errores en el cálculo de la UPC, teniendo en cuenta la inflación subestimada, el aumento de la demanda de servicios de salud, el envejecimiento de la población, los costos de tecnologías y procedimientos, los siniestros no reportados y el desfase entre costos y tarifas.

Esta situación tiene impactos en el servicio de salud, pues implica: menor , disminución de la calidad, restricción en la cobertura de medicamentos y tratamientos, demoras en autorizaciones y trámites, impacto en poblaciones vulnerables y, finalmente, el colapso del sistema de salud. El déficit acumulado supera el 20 %, lo cual implica que por cada 100 pesos pagados por el Estado, las instituciones de salud están pagando 120, situación que hace que todo el sistema sea deficitario.

El Gobierno debe cumplirle a la salud de los colombianos calculando la UPC de manera correcta, teniendo en cuenta los factores macroeconómicos y de calidad del servicio, de lo contrario la salud terminará de colapsar y ya no habrá sistema que reformar. Al final, a quienes más perjudica la política de ahorcar al sistema es a las personas con menos recursos y al personal sanitario, que ve cómo cada vez hay más precariedad laboral. Según Acemi, actualmente hay un médico por cada 325 habitantes y solo uno de cada cuatro es especialista.

La salud rural cada vez es más precaria y el sistema es el que menor calidad tiene entre los países que hacen parte de la Ocde. Si el Gobierno sigue asfixiando la salud, las consecuencias pueden ser mortales para los colombianos. Actualmente, más del 70 % de entidades de la salud, bien sea de manera directa o por intervención, están en manos del Estado y ya no hay excusa para atribuir la responsabilidad al sector privado.

Alerta: es necesario asegurarse de que los seguimientos al magistrado Ibáñez no sean ejecutados por la DNI, riesgo que es muy grave para la democracia, como lo son los posibles seguimientos a periodistas para verificar sus fuentes.

LUIS FELIPE HENAO

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