Gobernanza y paz total

Para hacer factible la equidad social, construir convivencia pacífica y luchar efectivamente contra el hambre y el cambio climático como ejes cardinales de su mandato, el presidente Gustavo Petro ha designado un equipo multidisciplinario de altas calidades éticas, a cuyo cargo estará (prioritariamente) imprimirle dinámica a la ejecución del programa del Pacto Histórico.

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Con novedosas políticas públicas incidirán en la innovación, incluidas sus variables económicas, sociales, políticas, culturales-estéticas y ambientales, indispensable para desarrollar una gestión pacifica, eficaz y productiva del territorio, a fin de crear confianza legítima y ambientar un clima propicio para el funcionamiento progresista de las instituciones democráticas.

Ministros y asesores están comprometidos/as, junto con las amplias mayorías en el Poder legislativo, a implementar una de las tareas esenciales pactadas (desde 2016) en el primer punto del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera: la `Reforma rural integral´, una herramienta orientada, entre otros objetivos, a restituir a los desplazados de la violencia política y a redistribuir la propiedad.

Si, como se ha afirmado por especialistas: “los altos niveles de pobreza y desigualdad justifican y fomentan la formación y acción de los grupos armados ilegales y multicriminales”, entonces la inequidad se vuelve un aspecto importante para remediarlos como principio de resolución del conflicto armado interno. En esta línea de análisis, se ha observado una relación interdependiente entre pobreza, desigualdad, violencias, política ordinaria y simbólica y conflicto armado en Colombia.

Al mejorar la calidad de vida y los ingresos del campo se estará contribuyendo a potenciarlo como despensa agrícola del país, tanto como a la seguridad alimentaria y a preservar los recursos hídricos como insumos básicos de la actividad agronómica, bases ciertas para celebrar el “Acuerdo contra el hambre” que anunciará nuestro presidente Petro en su posesión como primer mandatario de los colombianos el siete de agosto entrante.

Por otra parte, un régimen de seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra rural e interurbana conducirá a la superación de la informalidad, auspiciará las condiciones necesarias para contribuir a la construcción de una atmósfera de paz y a cerrar las enormes brechas entre atraso y modernidad sectoriales que deterioran la relación campo-ciudad. Tanto más cuanto que, según el DANE, cerca del 60 % de los predios tiene información desactualizada, el 28 % del área no tiene ningún catastro y solo el 6 % cuenta con datos actualizados.

Se hace indispensable un nuevo sistema de identificación, un catastro multipropósito, que no mida solo lo fiscal sino variables múltiples, de fincas y feudos improductivos individuales y colectivos, que permita evidenciar la realidad de la distribución predial y sirva a los fines de tener claridad en la configuración e implementación de un coeficiente Gini real (indicador que mide la inequidad entre 0 y 1, en el que 0 significa que todos tienen el mismo ingreso y que un individuo o personalidad jurídica concentra todos los ingresos).

Sobre la Colombia rural pesa una alta concentración de la tierra medida ya por el BM, con un coeficiente de 0,92 %, que impide, entre otras posibilidades, el a crédito o nuevas inversiones, limita la formación de capital social e imposibilita la resolución pacífica de los conflictos.

Además, la información sobre la cantidad de terrenos baldíos que tiene la nación está desactualizada. “Se calcula que hay 48 millones de hectáreas en baldíos (el 20 % de todo el territorio nacional.” (Jorge Iván González, UN periódico 2022), un fenómeno que produce inquietantes desequilibrios territoriales. En Colombia los asuntos teóricos y metodológicos de mayor resonancia internacional han adolecido de escasa atención por los mandatarios del régimen uribista. Sólo ahora bajo el gobierno del Pacto Histórico se espera un mayor cuidado científico de la naturaleza biológica en todas sus variedades.

Si bien es cierto que las cifras reflejan un uso importante de la tierra de Colombia en la agricultura, el censo de 2015 permitió identificar que, de las 43.1 millones de hectáreas aptas o destinadas a ese sector productivo, únicamente 7.1 millones (es decir 6.3 % del área nacional) se encuentran dedicadas a siembra de cultivos.

El resto, equivalente a 34.4 millones, se encuentra reservado a la alimentación de animales, lo cual es crítico para el medio ambiente, dado que la ganadería contribuye en un 14.5 % con las emisiones de efecto invernadero, incrementa la degradación de los suelos, contamina agua, aire, y declina la biodiversidad de las regiones (Rojas-Downing, 2017).

La seguridad alimentaria, adoptada como prioridad mundial por la FAO (2015), tiene que recibir respuestas efectivas en un país como el nuestro en el que trece millones de la población sólo se alimentan dos o menos veces al día.

ALPHER ROJAS C.