Por primera vez, ordenan restituir predio a mujer desplazada en Uribe, Meta
La decisión cobija a una madre que, con sus ocho hijos, tuvo que dejar su terreno por el conflicto.
Los cuatro jóvenes salieron del área urbana (foto) de Uribe a buscar trabajo, hace veinte días, y no han regresado Foto: EFE/Archivo
PeriodistaActualizado:
Tras un acompañamiento jurídico de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), una madre y sus ocho hijos podrán acceder a un predio en Uribe, Meta, en compensación por el terreno del cual tuvieron que salir en 2006, de manera forzada, a causa del conflicto armado.
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La decisión, del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, declaró que al ser víctimas de abandono forzado de su terreno, la familia será compensada con un nuevo predio, a cambio del que debieron abandonar en la inspección de La Julia de ese municipio.
Según informó la URT, en 1988 , Beatriz* adquirió un lote de 702 metros cuadrados en donde construyó una casa de madera con tres habitaciones, sala comedor, cocina y piso de tierra, en la que habitaba junto con su esposo y sus hijos.
Pero en 2006, a la familia le informaron que la entonces guerrilla de las Farc tenía intenciones de reclutar a sus hijos de 12 y 18 años, como había pasado unos años atrás con otro hijo, un menor de 15 años.
A mediados de ese mismo año, Beatriz viajó a Villavicencio al sepelio de otro de sus hijos y estando ahí recibió una llamada en la que le contaron que el Ejército había instalado un campamento y unas trincheras en su predio.
Cuando volvió a su casa a la mujer le dijeron que el campamento no iba a durar mucho tiempo instalado, sin embargo, el espacio se convirtió en escenario de constantes enfrentamientos con la guerrilla.
Esa situación, que se volvió insostenible para la familia, sumada a la alerta por el riesgo de reclutamiento de sus hijos, hizo que en julio de ese mismo año la mujer decidiera desplazarse para salvaguardar sus vidas, abandonando su hogar.
El contexto de violencia en el sur de Meta
La sentencia recoge, además del testimonio de Beatriz, el contexto del sur de Meta para esos años, “se puede establecer que entre 1980 y 2016 existió un contexto de abandono y despojo de tierras con ocasión del conflicto armado interno, generado por la disputa territorial entre la guerrilla de las Farc y las Fuerzas Militares del Estado”, dice el fallo.
La población civil de La Julia se vio expuesta directamente a encuentros armados, interrogatorios y amenazas, hechos agudizados por el carácter intermitente de la presencia del Ejército
De hecho, en el proceso se allegó un documento de análisis de contexto que detalla, además, que entre 2004 y 2006, con el incremento de los operativos militares en la zona, “la población civil de La Julia se vio expuesta directamente a encuentros armados, interrogatorios y amenazas, hechos agudizados por el carácter intermitente de la presencia del Ejército”.
La ocupación de bienes de civiles en La Julia por parte de las Fuerzas Militares, como le ocurrió a Beatriz, comenzó a mediados de 2005 e hizo parte de una estrategia militar en las selvas de Meta, Guaviare y Caquetá para “atacar una zona histórica y estratégica para la guerrilla de las Farc, en el marco del Plan Patriota”, según recoge la sentencia.
Esa ocupación desconoció los métodos y medios de conducir los conflictos armados establecidos por el DIH, e infringió los principios de distinción y protección de la población civil, lo que no solo ocasionó varios casos de abandono de tierra, sino que causó un incremento “en el número de municiones sin explotar y restos explosivos de guerra dejados durante combates con las Farc, grupo insurgente que a su vez incrementó el uso de minas antipersonal en el sector rural”, menciona la providencia.
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Pese a la crudeza del conflicto que la expulsó de su casa hace 15 años, ahora, tras esta decisión judicial, Beatriz podrá volver con su familia a la inspección de La Julia a un predio nuevo.
Sobre esta decisión, Jenny Andrea Capote, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, informó que a la familia beneficiaria se le comprará un nuevo terreno de similares características al sitio que tenían antes.
Este fallo es uno de los más de 6.700 a nivel nacional, con corte al 15 de enero de este año, que han permitido la restitución de 176.911 hectáreas pertenecientes a 8.510 familias, según informó la URT.
*El nombre fue cambiado por seguridad de los beneficiarios.
justicia@eltiempo.com
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