Este martes a las 9 a.m., la Fiscalía General de la Nación imputará cargos a César Augusto Manrique Soacha, exdirector del Departamento istrativo de la Función Pública y figura cercana al presidente Gustavo Petro, por el millonario desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Desde el alto gobierno cayeron los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López —pendiente de que se avale su preacuerdo— y Sneyder Pinilla, el primer condenado por el saqueo a la Unidad. Además, Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, ya fue imputada y será acusada el próximo 12 de junio.
Del círculo del jefe de Estado también fue imputado Carlos Ramón González, exjefe del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia, uno de los más altos alfiles del Presidente, porque le habría pedido a Olmedo López, como director de la UNGRD de la época, que entregara 60.000 millones de pesos en contratos a Iván Name, y otros 10.000 al representante liberal Andrés Calle. Ambos hoy están presos por este escándalo.
El presidente Gustavo Petro y Carlos Ramón González. Foto:Presidencia
¿Cuál es la relación de César Manrique con el saqueo a la UNGRD?
A César Manrique -ex M-19 y recientemente condenado por un escándalo durante la alcaldía de Petro en Bogotá- la Fiscalía lo señala como presunto integrante de una red que habría direccionado contratos y facilitado el desvío de recursos públicos, a través de una modificación presupuestal de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Dicha operación habría recortado 100.000 millones de pesos, lo que abrió espacio, según el ente acusador, para que los dineros se desviaran con fines políticos y en favor de aliados del Gobierno.
El nombre de Manrique fue mencionado en las declaraciones Olmedo López y Sneyder Pinlilla, quienes lo ubican en reuniones clave en las que se habrían tomado decisiones sobre la asignación de contratos y el reparto de recursos.
Olmedo López en audiencia. Foto:Archivo Particular
En noviembre de 2024, Manrique renunció a su cargo en Función Pública, argumentando problemas de salud. Sin embargo, su salida se produjo en paralelo al avance de las investigaciones de la Fiscalía y los testimonios que lo implican directamente.
Además de Manrique, serán imputadas otras siete personas en esta misma diligencia judicial. Entre ellas están Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado; Sonia Rocío Romero Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas de la UNGRD; Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representantes de la Corporación Yapurutú; Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario de la Función Pública; y Ana María Riveros Barbosa, contratista.
La audiencia se realizará de manera virtual y hace parte de una de las líneas más delicadas de la investigación por el desvío de recursos de la UNGRD.
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