Uno de los acuerdos a los que llegó Olmedo López, exjefe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con la Fiscalía es la devolución del dinero que obtuvo producto de su participación en el entramado ilegal para saquear la entidad.
Si un juez le aprueba la negociación, López devolverá 724 millones de pesos y pagará solamente siete años y un mes de cárcel por los delitos de concierto para delinquir y peculado. Esa plata la habría obtenido producto de su participación en el desvío ilegal del contrato de la UNGRD para la compra de 40 carrotanques por 48.600 millones, destinados a atender necesidades de La Guajira.
El paquete de preacuerdos firmados con los otros cinco detenidos por este caso (Sneyder Pinilla, Luis Eduardo López, Luis Carlos Barreto, Pedro Rodríguez Melo y Édgar Riveros) comprende únicamente el capítulo de carrotanques de La Guajira, pues los otros convenios direccionados irregularmente les serán incluidos en los principios de oportunidad que los defensores de López y Pinilla esperan que conceda el despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
El exdirector de la UNGRD, Olmedo López; y su mano derecha en la entidad, Sneyder Pinilla. Foto:Suministrada
El penalista José Luis Moreno, abogado de López, le indicó a EL TIEMPO que esos 724 millones de pesos se entregarán en dos partes por igual, y que ya están en proceso de devolver la primera, es decir, más o menos 362 millones. El segundo giro podrán hacerlo después de la audiencia en el que el juez de conocimiento revise si aprueba o no el preacuerdo.
José Luis Moreno, abogado. Foto:Carlos López/El Tiempo
Para ese entonces, el exjefe de la UNGRD tendrá que aportar un pagaré que le sirva de soporte financiero, además de un codeudor certificando que va a devolver ese 50 por ciento restante. Esa figura seguramente será calcada para los otros casos, siendo el contratista Luis Eduardo López, conocido como 'el Pastuso', el que más plata devolverá, con 7.722 millones de pesos. En total son casi 11.000 millones los que volverán a las arcas del Estado producto de los sobrecostos y malos manejos contractuales que realizaron durante la entidad el año pasado.
La explicación de Moreno se dio después de una reunión del martes en la que en la sede principal de la Fiscalía, en Bogotá, las investigadoras socializaron los preacuerdos con las víctimas, entre las que están los habitantes de La Guajira, la UNGRD y la empresa Kenworth de la Montaña. Este diario conoció que entre esas representaciones hay cierto malestar debido a que se quiere una mayor devolución de dinero por parte de los responsables del desfalco.
En lo que termine ese punto de inflexión se irá conociendo en los próximos días, cuando la Fiscalía radique las audiencias para que se revisen los seis preacuerdos, que de concretarse se materializarán en las primeras condenas por este escándalo que salpica a funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro -como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla-, y congresistas de todas las corrientes políticas como el senador Iván Name y el representante a la Cámara Andrés Calle, máximos implicados en el Legislativo.
Contra ellos dos ya hay una investigación abierta en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que a la par adelanta sus pesquisas que ya incluyeron un llamado a indagatoria a un total de seis congresistas que se habrían beneficiado con los contratos que la UNGRD entregó.
Carlos López - Redacción Justicia - @CarlosL49 - carben@eltiempo.com
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