En la tarde de este miércoles 15 de noviembre, la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto legislativo 1275 de 2023, que focalizaba recursos provenientes del Sistema General de Regalías, para atender la emergencia humanitaria declarada por el gobierno del presidente Gustavo Petro para La Guajira.
Sin embargo, el alto tribunal, "difirió parcialmente" los efectos de esa decisión por el término de un año sobre los puntos que guarden inmediata y conexa relación con la eventual la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua en ese departamento y sus municipios.
Este decreto fijaba medidas "de focalización y priorización" de los saldos no aprobados (SNA) por Asignaciones Directas (AD) y Asignaciones para la Inversión Local (AIL) dentro del Sistema General de Regalías, con el fin de atender los sectores de agua, acueducto, salud, alimentación y programas intersectoriales, a través de la emergencia declarada.
Dentro de las medidas que se relacionan con el agua, se "podrán proponer y gestionar los proyectos de inversión que más se ajusten a las particularidades de la población y el territorio por atender".
Gustavo Petro en la Corte Constitucional Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPO
Decreto sobre agricultura
Dentro de la misma decisión, la Corte tumbó el decreto 1273 de 2023, que "preveía medidas en materia de agricultura y desarrollo rural en el departamento de La Guajira".
Frente esta decisión también otorgó efectos diferidos a la inexequibilidad frente a varios artículos.
Esta medida pesará sobre el artículo 6 que regula lo referente a licencias y concesiones ambientales que tengan por objeto utilizar aguas destinadas a garantizar la acuicultura y agricultura de subsistencia.
Y además, el artículo 7 que adopta diversas medidas frente al Proyecto Multipropósito del río Ranchería con el fin de gestionar el recurso hídrico en el departamento, así como garantizar el al agua potable y saneamiento básico de la población en los términos del Decreto Legislativo 1250 de 2023.
Visita del presidente Gustavo Petro a La Guajira, a finales de junio pasado. Foto:Presidencia
La semana pasada, el alto tribunal declaró inexequible el decreto 1276, que habilitaba una sobretasa por seis meses en las facturas de servicio público de energía eléctrica a escala nacional de los estratos 4, 5 y 6. Este gravamen se denomina “Aporte Departamento de La Guajira", de mil pesos por factura.
En esa decisión también se cayó el decreto que disponía "definir las condiciones y medidas para garantizar el al agua”. En este caso, la Corte lo tumbó pero diferido a un año.
A finales de octubre, la Corte tumbó otros cinco decretos firmados por el Gobierno para atender la emergencia en La Guajira. También se tumbó el Decreto 1085 de 2023 (norma madre), mediante el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, a propósito de la crisis humanitaria que enfrenta el departamento debido a la falta de a servicios básicos vitales.
Es decir, que en total, el alto tribunal ha declarado inexequible 10 decretos de la emergencia para La Guajira, y fuentes del alto tribunal aseguraron que están todavía en estudio otros 4 actos legislativos.
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