Una decisión de la Corte Constitucional volvió a atizar el debate de la crisis del sistema de salud. A través del Auto 2049 de 2024, declaró el incumplimiento general de suficiencia frente a los presupuestos máximos, que son los pagos que el Gobierno gira a las EPS para solventar los servicios y tecnologías que no cubre la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y abrió incidencia de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.
La Corte, en el Auto 2881 de 2023, determinó que "no se han girado los dineros reconocidos como reajuste de los presupuestos máximos de la vigencia del año 2022", lo que representa una deuda de 819 mil millones de pesos.
El desembolso ya contaba con el visto bueno del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) en diciembre de 2023, que autorizó que se cancelaran con cargo al Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2024, pero el Ministerio de Hacienda no ha cumplido con el giro.
En los últimos cuatro años se han liquidado una docena de EPS y otras han sido intervenidas. Foto:Juan Pablo Rueda. Archivo EL TIEMPO
En febrero del año pasado, el alto tribunal alertó que esta desfinanciación adeudaba dos años vencidos y ordenó a la cartera de Salud que, en el transcurso de 45 días, "cancelara los valores pendientes por concepto de reajustes a los presupuestos máximos reconocidos para la vigencia de 2021".
La falta de pago de este presupuesto, advirtió la Corte en ese momento, "afecta la liquidez de las EPS y el flujo de recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, dado que el hueco fiscal sigue aumentando".
Pese a las advertencias, con el último Auto la Corte ratificó que "transcurridos más de seis meses desde la notificación, no se ha creado la metodología unificada para la definición y reajuste de los presupuestos máximos".
Guillermo Jaramillo, ministro de Salud. Foto:Cristian Garativo / Presidencia de la República
Así mismo, que persisten fallas istrativas porque se siguen definiendo durante la misma vigencia y para periodos cortos (dos meses) el presupuesto que corresponde a meses que ya terminaron o están terminando y una vez reconocidos el pago también se realiza de forma tardía.
Por esta falencia, la Corte expuso que, a pesar de las diferentes adiciones al valor presupuestado, los recursos asignados no alcanzaban para pagar los presupuestos máximos del segundo semestre de 2024.
A fin de cuentas, el Ministerio de Salud fue acusado de omitir el deber de apropiar los recursos para garantizar la financiación de los servicios y tecnologías contempladas en el Plan Básico de Salud que no están cubiertos por la UPC.
Los presupuestos máximos financian los servicios y tecnologías que no cubre la UPC. Foto:EFE
Con este recuento de faltas, la Corte abrió incidente de desacato en contra del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, a quien requirió para que, en las 48 horas siguientes a la notificación del auto, dé cumplimiento a la unificación metodológica de definición y reajuste de los presupuestos máximos.
El funcionario también está siendo investigado por la Procuraduría por presunta responsabilidad disciplinaria en la crisis de desabastecimiento de medicamentos, que alcanzó un pico crítico el año pasado, debido, entre otras causas, al atraso en los trámites de registro sanitario, una tarea que debe cumplir el Invima.
La Sala Especial de Seguimiento dio plazo hasta el 30 de enero al Ministerio para pagar los presupuestos máximos atrasados correspondientes al segundo periodo de 2024 y le pidió realizar el giro para los siguientes meses de este año dentro de los primeros 15 días de cada periodo.
Colombia en 5 minutos: Crisis de seguridad en el Catatumbo. Foto:
"El pago correspondiente a los meses de enero y febrero deberá efectuarse dentro de los 10 últimos días del mes de febrero", ordenó.
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