La relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Soledad García Muñoz, advirtió que en La Guajira se debe poner especial atención a la paradoja que se presenta entre las comunidades y las empresas del sector energético o turístico.
Señala que por un lado se ven empresas que obtienen abundantes beneficios gracias a la explotación de los recursos naturales, pero el pueblo wayú, que constituye prácticamente la mitad de la población de la zona, pasa hambre y sed, encontrándose, en definitiva, en una situación de vulnerabilidad extrema.
Las energías renovables son importantes para asegurar transiciones justas en el contexto de la emergencia climática
Hace especial énfasis en la presencia de Cerrejón y empresas de energías renovables y afirma que “desde la Relatoría Especial observamos con especial preocupación que las vulneraciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales estarían intrínsecamente relacionadas con el rol de los actores empresariales”.
Explica que no sólo las organizaciones de la sociedad civil y comunidades señalaron durante su visita al territorio el actuar de empresas del sector extractivo, como Carbones del Cerrejón Limited, por sus impactos en la salud, el agua, medio ambiente o los derechos de información y participación, sino que también señalan a empresas de energías renovables que, en el marco de sus actividades, no estarían actuando con la debida diligencia en tanto replican la forma de actuar de las empresas extractivas en el territorio.
En ese sentido, la REDESCA también recibió denuncias sobre desalojos, amenazas a líderes y lideresas y hostigamientos por su actividad en defensa de los derechos humanos, lo cual atenta contra su derecho a defender derechos y el medio ambiente sano, entre otros derechos humanos.
Igualmente, la REDESCA recibió denuncias de que se estarían concediendo territorios a perpetuidad y sin respetar los derechos a la propiedad colectiva, consulta y consentimiento previo, libre e informado de diversos pueblos indígenas, lo cual iría a contramano de las obligaciones internacionales de derechos humanos vigentes.
“Las energías renovables son importantes para asegurar transiciones justas en el contexto de la emergencia climática, sin embargo, no se puede hablar de energías limpias en la medida que no respeten los derechos humanos de las comunidades a las que afecta su instalación y operaciones”, enfatizó.
Pasar del modelo de Responsabilidad Social a uno de Empresas y Derechos Humanos
Los pueblos indígenas de La Guajira tienen derechos específicos que deben ser cabalmente respetados
Indica que toda actividad empresarial puede generar impactos positivos o negativos. Desde ese punto de vista, es de primera necesidad que Colombia transite de un modelo de Responsabilidad Social Empresarial a uno de Empresas y Derechos Humanos.
Es por ello necesario que el Estado aplique enfoque de Empresas y derechos humanos, con arreglo a los estándares interamericanos en todo lo relativo a los proyectos de energías renovables, al igual que en los de naturaleza extractivista, según informa.
Además, que se exija a las empresas que operan en La Guajira y que obtienen tantos beneficios por ello que actúen con debida diligencia con arreglo a los estándares interamericanos y universales.
“Los pueblos indígenas de La Guajira tienen derechos específicos que deben ser cabalmente respetados, como el derecho a la consulta libre previa e informada o a participar en los beneficios del desarrollo proveniente de sus territorios y recursos naturales”, señaló la relatora.
Desde la Relatoría Especial dieron a conocer 12 criterios que deben orientar toda la acción de los Estados y las empresas.
Las cuales son: centralidad de la persona y de la dignidad humana, universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los Derechos Humanos, igualdad y no discriminación, derecho al desarrollo, derecho a un medio ambiente sano, y derecho a defender los derechos humanos.
También se encuentran la transparencia y a la información; consulta libre, previa e informada y mecanismos generales de participación, prevención y debida diligencia en materia de derechos humanos; rendición de cuentas y efectiva reparación; extraterritorialidad, y combate a la corrupción y a la captura del Estado.
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Eliana Mejía Ospino
Especial para EL TIEMPO
Riohacha