En el municipio de Cucunubá, seis minas de carbón operaban de forma ilegal, puesto que no contaban con los documentos obligatorios para realizar esta actividad: carecían de licencia ambiental y de un título minero. Debido a esto, tres cuerpos hídricos de la zona se vieron afectados.
Las quebradas Palacios, Pueblo Viejo y Media Luna recibieron sedimentos y aguas residuales mineras que contenían lixiviados de hierro, aceites y lubricantes. De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), estos químicos llegaron a través del vertimiento libre de materiales que no se procesan debido a que carecen de la cantidad mínima útil.
Las minas operaban en el municipio de Cucunubá. Foto:CAR
La capa de vegetación —formada por plantas, arbustos, árboles, hiedras e incluso cultivos— fue sepultada por estos elementos tóxicos. Además, los bosques nativos (que no habían sido intervenidos) y los potreros de campesinos que habitan cerca de las minas y las quebradas también se vieron perjudicados.
El proceso minero que se llevó a cabo no solo contaminó el agua de dos veredas, sino que también implicó una amenaza para la comunidad, teniendo en cuenta que las minas no contaban con una infraestructura adecuada para manejar las aguas residuales, lo que puede resultar en la pérdida de la capa superficial del suelo.
“El desarrollo de esta actividad sin los correspondientes permisos agrava las consecuencias legales. En tal sentido, insistimos al sector minero que realice los trámites correspondientes para la legalización de la actividad y cumpla con las normas ambientales”, comentó el director regional Ubaté de la CAR, Bryan Martínez.
El cierre de las minas se realizó el 11 de mayo. Foto:CAR
Por las afectaciones al agua, la flora y el suelo, las alertas de la Corporación se encendieron. En el proceso, realizaron múltiples visitas a las minas y establecieron que estas “estarían afectando gravemente el equilibrio de los ecosistemas en la vereda Pueblo Viejo, como fuentes hídricas y bosques”.
De modo que la CAR tomó la decisión de iniciar un proceso sancionatorio en contra de las seis minas que causaron las afectaciones en el municipio.
Según el director regional de la entidad, Bryan Martínez, las autoridades esperan establecer un precedente en el control y la prevención de actividades mineras ilegales, lo cual se reflejaría en “altas” multas económicas.
“Este proceso se hace a fin de mitigar la afectación generada al medio ambiente y a los recursos naturales de la región, dado que es un derecho poder disfrutar de un ambiente sano para todos”, aseguró Bryan Martínez.
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