La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad llevaron a cabo un operativo en el que se aplicó la extinción de dominio a 20 bienes inmuebles en Bogotá en los que fabricaban y comercializaban medicamentos falsificados y adulterados.
César Andrés Restrepo Flórez, secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, explicó que esta banda venía afectando gravemente a pacientes con graves enfermedades.
La Sijin y la Dirección de Extinción del Derecho al Dominio, logró afectar las finanzas de un grupo de delincuentes dedicados a la fabricación, almacenamiento y comercialización de medicamentos de uso institucional, adulterados y falsificados.
Queremos que la ciudadanía se integre a las redes de participación cívica y que le cierran el paso a esta peligrosa modalidad
Fueron en total nueve meses en los que los investigadores lograron evidenciar que algunas viviendas eran utilizadas para la venta de estos productos médicos. También comercializaban material profiláctico en ocho localidades de Bogotá: Kennedy, Bosa, Engativá, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, San Cristóbal y Puente Aranda.
Las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, fueron efectuadas en 20 bienes inmuebles, cuatro droguerías y 16 apartamentos. “Con estos 20 bienes ocupados logramos afectar las finanzas de estos delincuentes que tenían una renta aproximada de nueve millones de pesos mensuales”, dijeron voceros de la Policía.
Droguerías distribuían medicamentos alterados. Foto:Fiscalía General de la Nación
En uno de los inmuebles fueron hallados punzones y matrices metálicas que eran usados para dar forma a los diferentes tipos de tabletas e imprimir sus características; máquinas artesanales para la elaboración y secado de los medicamentos.
También elementos de empaque, sellado y molinos para pulverizar, un horno artesanal para el secado de la materia prima, plástico cortado para la elaboración de los blíster y diferentes tipos de presentación de los fármacos.
Estos bienes ocupados estarían avaluados en diez mil millones de pesos. Los arrendatarios de estos bienes y que están detrás de la comisión de este delito están siendo investigadas penalmente por el delito de corrupción de alimentos que tiene una pena entre 8 y 16 años de cárcel.
La Policía Metropolitana de Bogotá, en la rueda de prensa, recomendaron a los ciudadanos para que se abstengan de comprar medicamentos y material profiláctico en lugares no autorizados, teniendo en cuenta que estos, podrían poner en riesgo la salud y la vida. “Queremos que la ciudadanía se integre a las redes de participación cívica y que le cierran el paso a esta peligrosa modalidad”.
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