Reforma de la salud: estos son los puntos clave del nuevo proyecto presentado por el Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud radicó este viernes, 13 de septiembre, el nuevo texto de reforma de la salud ante la Cámara de Representantes. Contrario a la primera radicación, en esta ocasión no hubo evento y ni siquiera un aviso de la presentación oficial del texto.

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Sin más, los analistas coinciden en que se trata del mismo articulado que se hundió a principios de abril en el Senado. Destacan que los cambios son mínimos y que la reducción de artículos (pasó de 130 a 48) se debe a un trabajo de concisión y a que el Gobierno asegura que es posible implementar algunos proyectos vía decreto. 

Es más, el exministro de Salud, Guillermo Jaramillo, confirmó hoy frente a varios medios de comunicación que se trata del mismo articulado. "Aquí no hay ningún proyecto de ley nuevo, aquí se continúa con el proyecto de ley que hace año y medio se entregó", dijo Jaramillo. 

En consecuencia, en el nuevo texto, radicado en horas de la mañana, vuelve a proponerse la creación de un Consejo Nacional de Salud, "como instancia de dirección del Sistema de Salud, adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social".

Según el texto, este Consejo estará conformado por seis representantes del Gobierno Nacional, el Ministro de Salud y Protección Social, quien lo presidirá; el Ministro de Hacienda y Crédito Público; el Ministro del Trabajo; el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el director de Planeación Nacional y un representante de los gobiernos territoriales.

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Además, este Consejo tendrá representación de estamentos de trabajadores de la salud, organizaciones representativas de los profesionales de la salud, pacientes, academia, entre otros grupos. 

"El Superintendente Nacional de Salud y el director de la a de los Recursos del Sistema de Salud - Adres formarán parte del Consejo Nacional de Salud con voz, pero sin voto . A su vez, el Consejo Nacional de Salud podrá invitar a instituciones y personas naturales o jurídicas que considere pertinentes", señala el texto. 

Entre las tareas de este Consejo está recomendar a los distintos sectores y entidades del Gobierno Nacional y a los actores del Sistema de Salud, la definición e implementación de políticas, estrategias, planes y programas relacionados con las necesidades de intervención de los determinantes sociales de la salud para la gestión.

En el artículo 6, el Ministerio de Salud propone, nuevamente, crear un sistema público unificado e interoperable de información. Según el documento, el Gobierno creará este sistema "para garantizar transparente, en línea y en tiempo real de las transacciones en salud y istrativas por parte de cada actor del sistema de salud, según sean sus responsabilidades operativas o estratégicas, en el orden nacional, territorial e institucional".

De acuerdo con la propuesta presentada por el Gobierno, "las EPS que actualmente se encuentran operando en el Sistema General de Seguridad Social en Salud continuarán haciéndolo hasta por dos (2) años siempre que cumplan las condiciones de permanencia que les aplica, más aquellas que se consagran en el periodo de transición previsto en la presente ley". 

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Entre tanto, podrán transformarse en Gestoras de Salud y Vida, "las EPS que presenten un plan de saneamiento de pasivos aprobado por la Superintendencia Nacional de Salud". 

"Durante los dos años de transición previstos en esta Ley, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deberán efectuar las reformas estatutarias, estructurales, istrativas y operativas a que haya lugar, para adoptar su naturaleza de Entidades Gestoras de Salud y Vida, de acuerdo con los requisitos de habilitación que para tal efecto defina el Ministerio de Salud y Protección Social", reza la propuesta radicada por el Ministerio de Salud.

En ese sentido, en el periodo de tiempo que permanezca como Entidades Promotoras de Salud (EPS), el Ministerio de Salud y Protección Social determinará, de acuerdo con las capacidades de Adres, la implementación del giro directo, si no ha sido implementado al momento de entrada en vigencia de la presente ley.

En el artículo 24, el texto de reforma indica que las Gestoras, "en coordinación con los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), deberán desarrollar todas las acciones para identificar, segmentar y analizar los riegos en salud para la población a cargo en el territorio para la gestión en salud, incluyendo la población sana".

Asimismo, "en coordinación con las direcciones Departamentales y Distritales de Salud participar en la organización y conformación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud - RIITS para las subregiones funcionales para la gestión en salud, incluyendo los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), de acuerdo con las normas de habilitación definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social".

Según el texto, las Gestoras también podrán tramitar el riesgo en salud en coordinación con los CAPS desde la Atención Primaria en Salud hasta la prestación de los servicios de salud de mediana y alta complejidad, según la organización de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS).

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Sobre la remuneración a estas entidades, el Gobierno propone que "se reconocerá el cinco por ciento del valor de la Unidad de Pago por Capitación asignada para financiar la atención en salud de la población de la cual la Gestora participa en su atención integral, según reglamentación del Ministerio de Salud y Protección Social que se establezca al efecto".

Y agrega: "En caso de que una Gestora de Salud y Vida no cumpla los estándares de gestión establecidos, recibirá hasta un treinta por ciento (30 por ciento) menos de su ingreso por remuneración, y en caso de reincidencia en dos periodos consecutivos, será objeto de medida de supervisión especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo a la reglamentación que defina Ministerio de Salud y Protección Social". 

Dentro de los puntos que parecen problemáticos para varios analistas está la implementación de un aseguramiento social en salud. Aunque se eliminan las EPS en su rol actual, aún persiste la competencia entre las nuevas Gestoras de Salud y Vida, los Centros de Atención Primaria y las Secretarías de Salud, generando interrogantes sobre cómo se coordinarán estas entidades en el nuevo modelo de Aseguramiento Social en Salud.

En términos simples, el aseguramiento social en salud es un modelo donde el Estado garantiza el universal a los servicios de salud, centralizando los recursos en un fondo público y eliminando intermediarios privados. A diferencia del sistema actual en Colombia, que opera mediante aseguradoras privadas (EPS) que gestionan los recursos y la afiliación de los s, el aseguramiento social, planteado en el texto de reforma, busca eliminar la competencia entre entidades, asegurando que la salud no dependa de la capacidad de pago ni genere ganancias para intermediarios.

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia que agrupa a más de 198 organizaciones de s, advierte que le preocupa mucho dicho planteamiento del articulado y ejemplifica esta propuesta del proyecto de la siguiente forma: "Esta es la diferencia: Es como cuando yo tengo asegurado mi carro con una póliza individual que tiene un monto de cubrimiento. Pero me lo pasan a una póliza colectiva, que es una bolsa. Cuando se acaba el dinero de esa bolsa, hasta ahí llega la responsabilidad del asegurador".

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Expertos han vuelto a señalar la atomización de la ruta de atención para el paciente y expertos como el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, destacan que existen múltiples inconvenientes con la financiación de un sistema que presenta desde ya un enorme déficit: "Hay una parte de la reforma que me preocupa sobremanera, y es que recursos de tratamientos y medicamentos van a ser ahora destinados al fortalecimiento de la infraestructura pública, que es loable, pero debería tener otra fuente de financiamiento". 

Sin más, en una carta dirigida al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, 19 exministros de salud plantean los siguientes interrogantes: 

1. Falta de claridad en la implementación: No se ha presentado un plan claro para la implementación de la reforma que considere metas, tiempos y recursos necesarios, lo que genera incertidumbre sobre su viabilidad y el impacto real en el sistema.

2. Posible regresividad en derechos adquiridos: La propuesta podría representar un retroceso en el goce efectivo de derechos adquiridos por los ciudadanos, y no ofrece suficientes garantías para preservar los avances obtenidos en el y protección de la salud.

3. Crisis financiera no resuelta: La propuesta no aborda de manera efectiva la crisis financiera estructural del sistema. Los artículos de transición carecen de una ruta clara que garantice la protección de los s frente a posibles incrementos en las barreras de a los servicios.

4. Seguro de salud en riesgo: La desaparición del seguro de salud individual en favor de un sistema nacional sin responsables claramente definidos genera riesgos de fragmentación y pérdida de continuidad en la atención.

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