Un 15 % bajarían las emisiones si Gobiernos hacen licitaciones ‘verdes’

Las actividades de contratación del sector público son directa o indirectamente responsables del 15 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) en todo el mundo, siete veces la cantidad emitida por toda la industria de la aviación, según un nuevo reporte del Foro Económico Mundial y Boston Consulting Group (BCG).

El informe, titulado ‘Licitaciones públicas ecológicas: catalizando la economía net-zero’, señala que los gobiernos de todo el mundo gastan actualmente 11 billones de dólares (esto es, el 15 por ciento del PIB mundial) en licitaciones cada año, lo que hace que la transición a la contratación pública con foco ecológico sea crucial para alcanzar las emisiones netas cero.

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Hasta noviembre de 2021, 92 países, que en conjunto representan alrededor del 85 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, se comprometieron a cumplir los objetivos de emisiones netas cero. El nuevo análisis indica que prácticas más ecológicas de contratación pública pueden reducir significativamente las emisiones de CO2 en las cadenas de suministro y las operaciones gubernamentales.

El 75 por ciento del total de las emisiones asociadas a las licitaciones provienen de las actividades de seis industrias: defensa y seguridad, transporte, servicios de gestión de residuos, construcción, productos industriales y servicios públicos.

Sin embargo, lograr licitaciones más ‘verdes’ no es tan sencillo; en el mundo, si bien varios países ya empiezan a desarrollar licitaciones públicas que apoyen la sostenibilidad, la gran limitante sigue siendo el costo, que aunque parece poco porcentualmente es un gran limitante según expertos.

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El reporte encuentra que aproximadamente el 40 por ciento de todas las emisiones relacionadas con las licitaciones se pueden reducir por menos de 15 dólares por tonelada de emisiones de CO2, aunque esta cantidad varía según la industria. Por otra parte, las compras públicas más ecológicas deberían aumentar los costos para los gobiernos entre un 3 y un 6 por ciento como máximo.

Según explica María Montejos, asociada de la firma de abogados Baker McKenzie, experta en contratación pública a nivel global, las empresas están empezando a analizar el impacto de tecnologías limpias en sus procesos, y cómo sus planes internos deben adaptarse a este cambio.

“Sin embargo, el cambio a tecnologías más limpias implica la realización de inversiones importantes. Por eso con el propósito de evitar un impacto a las finanzas, es importante que la transformación de los procesos actuales se lleve a cabo en el marco de una transición, con tiempos considerables y razonables, que le permitan, tanto al sector público como al sector privado, hacer un cambio paulatino en los procesos de utilización de energía que permita mitigar el impacto económico”, destaca Montejos. 

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Para la experta, si bien Colombia no es uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero del mundo, eso no significa que no pueda desarrollar actividades de contratación pública que busquen ser más sostenibles, como sí realizan otros países que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), donde por ejemplo Canadá cuenta con una Política de Compras Verdes desde el año 2006, actualizada recientemente en 2018. 

En el caso de América Latina, explica Montejos, algunos países que han adoptado acciones concretas en torno a las Compras Públicas Sostenibles (S) son Costa Rica y Uruguay. 

“Colombia adoptó el Plan de Acción Nacional de Compras Públicas Sostenibles 2016-2020, el cual es un plan de política pública para incentivar las S. Este plan, sin embargo, establece principios y lineamientos generales que no logran tener un verdadero impacto en el enfoque sostenible de las compras públicas en el país”, puntualiza la experta. 

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Una visión similar tiene Camila Jiménez, también asociada a Baker McKenzie, quien asegura que hoy Colombia no cuenta con un marco normativo que impulse explícitamente los procesos de S y el Estatuto General de contratación pública cuenta con muy pocos elementos concretos que indican la necesidad u obligatoriedad de incorporar criterios de sostenibilidad en las compras del Estado. 

“Si bien las entidades públicas de todo el país pueden implementar voluntariamente criterios de sostenibilidad en los pliegos de condiciones, muchas de ellas ven riesgo en hacerlo, al considerar que si los criterios de sostenibilidad no están expresamente previstos en la ley, pueden resultar investigadas por posible violación del principio de objetividad en la contratación estatal”, enfatiza Jiménez. 

Sin embargo, para ella lo que sí se ha visto es grandes avances en ciertos sectores que empiezan a ver la sostenibilidad como un factor esencial dentro de las contrataciones públicas, como el sector minero-energético. A través de la Resolución 40066 del 11 de febrero de 2022, con la cual el Ministerio de Minas y Energía se compromete a reducir emisiones en el sector para cumplir lo pactado en la cumbre climática COP26.

Igualmente, dice, se ven avances en el sector de transporte, principalmente en la superación de una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo en materia de movilidad sostenible, al registrar cerca de 7.000 vehículos eléctricos en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). 

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CaicedoUcros | @ElTiempoVerde

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