Gobierno reconoce ‘grave situación’ por asesinatos de líderes ambientales y dice que ya tiene una estrategia definida para enfrentar la problemática: ‘Nos solidarizamos con las víctimas y sus familias’

Esta semana se conoció que Colombia fue en 2023 el país más mortal para los líderes ambientales en el mundo. De acuerdo con el más reciente informe de la oenegé británica Global Witness, el país registró durante el año pasado un total de 79 asesinatos contra defensores de la tierra, el número más alto que haya registrado la organización durante un año para un país. En la lista le siguen, bastante lejos, Brasil (con 25 muertes), Honduras (18), México (18) y Filipinas (17). 

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“Aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha comprometido a reducir la violencia, esto no se ha traducido todavía en una disminución de las represalias contra algunos de los activistas y comunidades más vulnerables del país. Por el contrario, la violencia contra los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales parece ir en aumento, y la organización colombiana Programa Somos Defensores no informa de ninguna mejora significativa en las tendencias generales. El gobierno colombiano tiene una oportunidad histórica para abordar estos retos como anfitrión de la COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se celebrará en octubre de 2024”, señala el informe.

Entre las 79 voces de defensores de biodiversidad que se apagaron el año pasado en Colombia, de acuerdo con el informe, un total de 31 eran indígenas y seis de comunidades afrodescendientes; lo que se alinea con uno de los datos claves del documento: en todo el mundo, los pueblos indígenas y afrodescendientes fueron el 49 por ciento de las víctimas mortales de la violencia, lo que demuestra que un enfoque étnico es clave en la protección de estas voces que alzan a diario su voz por la naturaleza.

Además, la inmensa mayoría de los ataques registrados durante el año pasado se produjeron en los departamentos del suroccidente, donde hoy se libra un conflicto entre las disidencias y otros actores armados ilegales que buscan controlar el territorio para obtener rentas ilícitas a partir de la explotación de la naturaleza para siembra de cultivos ilícitos o minería ilegal, o bien para apropiarse de la tierra. 

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Ante esa realidad, el Gobierno en pleno publicó un comunicado lamentando las muertes y señalando que “la naturaleza y sus defensores no pueden ser un botín de guerra” y que ya se ha establecido una estrategia entre diferentes entidades gubernamentales con el objetivo de atender esta problemática.

“Nos solidarizamos con las víctimas y sus familias, con las organizaciones sociales que durante décadas han defendido ambientalmente el territorio. El Gobierno Nacional reconoce la grave situación que deriva de conflictos socioecológicos asociados al narcotráfico, prácticas extractivistas vinculadas a economías ilícitas y a la reconfiguración del conflicto armado”, resaltó el Gobierno.

De acuerdo con el Ejecutivo, como parte de su política de protección y defensa de los derechos humanos, se ha establecido una estrategia integral para garantizar la vida y seguridad de las personas defensoras del ambiente. Dicha política, señalaron, se desarrolla mediante la articulación de esfuerzos entre los ministerios del Interior, Defensa y Ambiente, junto con otras entidades del Estado, con el fin de abordar de manera efectiva esta situación y proteger a quienes se encuentran en riesgo.

En cuanto a recursos, el Gobierno destacó que el Ministerio de Interior incrementó el presupuesto asignado a la protección colectiva del Decreto 660 y adoptó una serie de medidas para mejorar la priorización, transparencia y accesibilidad del programa; y además la cartera incrementó el presupuesto de la Dirección de Derechos Humanos en cerca del 400 %, destinado a la instalación de la Mesa Nacional de Garantías.

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“Este año, la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nacional, ha logrado materializar 16 resultados operacionales por afectaciones contra Líderes Ambientales en los municipios de San Pablo (Bolívar), Nuquí (Chocó), Medellín y Granada (Antioquia), Cali (Valle del Cauca) y Santa Marta (Magdalena). Por su parte, el Ministerio de Ambiente tiene en funcionamiento la ruta de implementación del Acuerdo de Escazú y el Sistema Nacional de Diálogo para la transformación de los conflictos ambientales, con participación de organizaciones sociales y ambientales en diferentes regiones del territorio nacional”, señaló el Gobierno.

Finalmente, destacaron, el Ministerio de Ambiente cuenta con el protocolo de reacción y mitigación ante situaciones de riesgo con las personas defensoras de la Tierra y la Naturaleza y con el reciente fallo de la Corte Constitucional, que ratifica la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú en Colombia, esperan seguir “fortaleciendo sus herramientas para enfrentar de manera decidida con acciones en los territorios esta situación y brindar garantías a los líderes en su defensa del ambiente”, añadieron.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros