Lo que significa que la Corte Suprema le dé derechos a la Amazonia

Como “histórica” se calificó la decisión de la Corte Suprema de Justicia al fallar este jueves a favor de 25 niños y jóvenes que interpusieron una acción judicial contra el Estado para exigir la defensa de sus derechos a gozar de un ambiente sano, a la vida, a la salud, a la alimentación y el agua, amenazados por la deforestación que se ensaña contra la Amazonia.

El alto tribunal no sólo les dio la razón, sino que recalca que el Gobierno ha sido ineficiente en esta tarea. Señala que estamos ante un “perjuicio inminente y grave” porque la deforestación provoca “la emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera, produciendo el efecto invernadero, el cual transforma y fragmenta ecosistemas, y altera el recurso hídrico”.

Y es que las cifras no son alentadoras. Según el Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Colombia perdió cerca de 179.000 hectáreas de bosque natural en 2016, un 44 por ciento más en comparación con 2015. Solo en la Amazonia, la región más deforestada del país y donde se concentra el 67 por ciento de la superficie de bosque en el país, se arrasaron con 70.074 hectáreas.

Los accionantes –apoyados por Dejusticia– precisamente son de 17 ciudades y municipios que forman parte de las regiones con mayor riesgo por cambio climático en Colombia: Arauca, Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cubarral, Envigado, Florencia, Floridablanca, Itagüí, La Calera, Leticia, Manizales, Neiva, Palmira, Quibdó y San Andrés y Providencia.

“Se trata de un fallo histórico tanto nacional como internacionalmente”, le dijo a EL TIEMPO César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia y abogado de los jóvenes que presentaron la tutela. “La petición que hicimos es para que el Gobierno colombiano cumpla con lo que se ha comprometido, no para que de nuevas propuestas. La Corte señala que esos programas están siendo ineficaces, por lo que llama la atención para que las entidades que ya han construido planes para reducir la deforestación en la Amazonia los ejecuten de manera eficiente. Para ello se necesita articulación y, fundamental, la participación de la comunidad”, agrega.

Como principales causas de la deforestación, explicó la Corte Suprema, están: el acaparamiento ilegal de tierras (entre el 60 y 65 %), los cultivos ilícitos (entre el 20 y 22 %), la extracción ilegal de yacimientos minerales (entre el 7 y 8 %), y los cultivos agroindustriales y la extracción ilegal de madera. Estos factores "generan directamente la deforestación de la Amazonía, provocando a corto, mediano y largo plazo un perjuicio inminente y grave para los niños, adolescentes y adultos que acuden a esta acción", apuntó el alto tribunal.

“Este es un fallo trascendental donde los jóvenes demuestran su preocupación y representan a toda la sociedad colombiana interesada en frenar la deforestación. Ojalá que esto lo oigan los candidatos presidenciales, para que incluyan mayor presupuesto al sector, y no sea visto como un problema de Gobierno sino de Estado que todos deben asumir. Ya existen estrategias diseñadas, así que la Corte ahora nos exige redoblar los esfuerzos”, asegura José Yunis, director de Visión Amazonía, el programa –financiado por Alemania, Noruega y Reino Unido– que busca reducir a cero la deforestación en la región.

Lo interesante, también, es que la Corte no solo reconoce que el Estado colombiano no ha hecho lo suficiente para ponerle freno de mano al fenómeno, sino que que declara a la Amazonía como sujeto de derechos, tal como lo hizo con el río Atrato en 2017, y como pasó internacionalmente con los ríos Ganges Yamuna (India) y el río Whanganui (Nueva Zelanda).

“Decir que un objeto natural tiene derechos significa que merece protección de forma autónoma. Cuando se protege un bosque, un río o un animal, se analiza de qué manera afecta su condición a los humanos, pero cuando declaras a una entidad como sujeto de derecho los ciudadanos podemos acudir a su protección cuando está siendo amenazada, independientemente de que afecte a una persona”, explica Rodríguez.

En las 51 páginas, la Corte, entre varias decisiones, ordena a la Presidencia y al Ministerio de Ambiente a que, en un plazo de no más de cuatro meses, formule un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la tasa de deforestación en la Amazonía, y hacerle frente a los efectos del cambio climático.

El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, le dijo a este medio que los principales retos tienen que ver con la articulación de las entidades territoriales y el papel de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) que presentan una grave debilidad institucional. 

"El fallo ratifica alguna de las cosas que ya hemos dicho desde el Ministerio: que el compromiso con la reducción de la deforestación es de todos, de la sociedad. Me hubiera gustado que la Corte resaltara el papel judicial, la importancia de fortalecer el control y la vigilancia con la fuerza pública, y asegurar el territorio", aseguró Murillo, quien también cree que se debió reconocer los programas que ya están andando, como la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques, y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 

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