Proteger el 30 % del territorio, una meta compleja pero vital para Colombia

Hoy solo el 15 por ciento de las áreas terrestres y el 7 por ciento de las áreas marinas del mundo están protegidas, de acuerdo con cifras de la denominada Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas (HAC), que dio origen al anuncio hecho por el presidente Iván Duque en la Conferencia sobre el Cambio Climático, COP26, en Glasgow (Escocia).

El mandatario aseguró que convertiría el 30 por ciento del territorio nacional en áreas protegidas para 2022, adelantando el objetivo que Colombia y al menos 70 países más tienen de lograrlo en 2030. De hacerlo, el país sería uno de los primeros del mundo en conseguir el objetivo y el Presidente dejaría un enorme legado en temas ambientales.

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Sin embargo, durante la COP26 solo fue presentado el plan para convertir 16 millones de hectáreas marinas en zonas protegidas y así lograr la mitad del objetivo; el plan para las terrestres aún está por definirse, si bien ya se conocen algunas de las zonas en cuestión.

De acuerdo con Carolina Jarro, subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Colombia, esta es una meta importante porque los estudios señalan que es la forma más efectiva y menos costosa para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático.

Colombia cuenta con 207’040.800 hectáreas (ha) de territorio, de las cuales 31’447.094 están protegidas en 1.391 áreas, entre parques nacionales naturales, santuarios de fauna y flora, distritos nacionales de manejo integrado y vía parques, entre otras, según datos del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas.

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De estas, 19’008.065 ha son terrestres (16,6 %) y 12’439.028 ha, marinas (13,3 %). Para lograr el objetivo del Gobierno, casi tendrá que doblarse el total de hectáreas que se protegen, un reto nada fácil porque el proceso de escoger y declarar un área protegida pasa por tres fases: una de preparación, otra de aprestamiento y la final de declaratoria, durante la que se sustenta el carácter biofísico, socioeconómico y cultural para declarar un área protegida.

Jarro explica que ya se tiene un plan de declaratoria para las áreas marítimas que implica la creación de una nueva área protegida en las colinas y lomas de la cuenca del Pacífico norte, otra en el Caribe (cordillera Beata), la ampliación del Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona; también se hará la declaración o reconocimiento de Medidas Efectivas de Conservación (Omec) en el ámbito marino costero, y la ampliación del Santuario de Flora y Fauna de Malpelo y del Distrito de Manejo Integrado Yuruparí-Malpelo.

De esos territorios saldrán los 16 millones de hectáreas que requiere el Gobierno para cumplir su meta, y cada uno se dividirá en polígonos cuyo tamaño específico se está definiendo.

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“Tenemos delimitados ya los polígonos y estamos trabajando en las áreas de referencia donde avanzamos en la caracterización física, biótica y el tema sectorial. Pero esos polígonos se cierran cuando se tienen claros los valores objeto de área protegida, la categoría y se hace la presentación final del dosier”, asegura.

En el caso de las áreas terrestres aún no se ha presentado el plan; sin embargo, se sabe que implicará la creación o ampliación de áreas como la Serranía de San Lucas, el Parque Nacional Natural Tatamá, las Selvas Transicionales de Cumaribo o la Serranía de Manacacías.

El proceso de crear nuevas áreas protegidas requiere el acompañamiento y trabajo con actores como ONG (por ejemplo, WWF Colombia, que acompaña el proceso de creación de estas áreas), ministerios como el de Minas y Energía y empresas privadas y comunidades. Según la directora de WWF, Sandra Valenzuela, ya hay una hoja de ruta con distinto nivel de avance en el tema de declarar áreas protegidas.

“Este portafolio está en varios niveles: hay procesos con aprobación final, otros en construcción intersectorial y algunos en generación de acuerdos sociales o preconsulta o consulta previa oficial”, destaca Valenzuela, y dice que hay un plan de trabajo entre socios y aliados para cumplir la meta, y no solo la ruta definida en la legislación, sino el manejo efectivo y la financiación de estas nuevas áreas.

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La meta, que sería uno de los mayores legados del presidente Duque, le ha valido elogios, como el del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, en el evento COP26 Leaders Action on Forests and Land Use Event, donde destacó su gestión para proteger la Amazonia y la importancia de los bosques.

“El presidente Duque ha dado pasos importantes para salvaguardar la Amazonia colombiana y los líderes de la cuenca del Congo también están trabajando por proteger sus bosques”, resaltó Johnson.

Pero lograrlo será costoso, según la Política para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; la implementación de la política de protección de áreas tendría un costo indicativo de 1,6 billones de pesos de aquí a 2030.

Esa cifra sería mayor, dice la misma política, y deja en claro que serán necesarias “importantes inversiones del sector público y privado, que puedan contribuir a lograr un modelo de financiamiento a largo plazo para que las áreas del sistema sean sostenibles y el Sinap en conjunto pueda aportar al cumplimiento de las metas nacionales e internacionales de protección de la biodiversidad a las que se ha comprometido la nación”.

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El país ya ha empezado a recibir algunos recursos, como la donación de 33,5 millones de dólares de Noruega, el Reino Unido y Alemania para detener la deforestación, y que serían hasta 366 millones de dólares si se siguen cumpliendo los compromisos ambientales adquiridos por Colombia.

Valenzuela explicó que en la política se estableció una meta financiera con varios escenarios y modelamientos financieros, para trabajar mecanismos y estrategias y lograr el financiamiento requerido y necesario, y sumado a la plataforma de Herencia Colombia y canalizando recursos de donaciones se apoyarán procesos priorizados.

“Sin embargo, la gran brecha y el reto que tenemos es lograr no solo la creación, sino el manejo efectivo de estas áreas protegidas nuevas o ampliadas para que se mantengan a perpetuidad, ya que los recursos de la nación son limitados. Por eso, el programa Herencia Colombia busca movilizar y canalizar nuevos aliados, financiadores e inversionistas para que se dé esta sostenibilidad financiera a largo plazo”, asegura.

Convertir el 30 por ciento del mundo en área protegida, como quiere la HAC, es complejo. La idea surgió en 2019 a partir de declaraciones de científicos y un estudio publicado en la revista Science Advances que planteaba la necesidad de “incrementar dramáticamente las áreas protegidas” y llevarlas a esa cifra en una década.

Esta meta se incorporó en la meta de acción 3, en el primer borrador del Marco Mundial de Biodiversidad posterior a 2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y está respaldada por más de 70 países que hacen parte de la HAC.

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Lograrlo es obligatorio, según los científicos que respaldan la iniciativa, debido a la pérdida de biodiversidad que ha sufrido el planeta en los últimos años. Según la iniciativa Campaña por la Naturaleza, que promueve la propuesta conocida como Agenda 30 × 30, en los últimos 50 años se ha perdido el 60 por ciento de la vida terrestre salvaje y el 90 por ciento de los peces de gran tamaño del océano.

Detener esa pérdida será esencial y vital para el futuro en la lucha para limitar a máximo 1,5 grados centígrados el aumento de la temperatura del mundo. Un reporte hecho por más de 100 economistas muestra, de hecho, que los beneficios económicos de proteger el 30 por ciento de la tierra y el océano superan los costos en una relación de al menos 5:1.

Por ahora la meta, que aún tiene ocho años para lograrse, va lenta. Según datos de Protected Planet (la fuente de datos más actualizada y completa sobre áreas protegidas del mundo), de los países de mayor extensión del planeta que hacen parte de la HAC, Canadá protege solo el 8,8 por ciento de sus áreas marinas y el 11,9 por ciento de sus áreas terrestres, e India solo protege el 0,24 por ciento de sus áreas marinas y el 7,52 de las terrestres.

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A nivel regional, Chile tiene un 41,33 por ciento de sus áreas marinas protegidas y un 20,9 de las terrestres, y México tiene un 21,5 por ciento en áreas marinas y un 14,4 en terrestres.

La directora de WWF Colombia asegura que no es comparable la meta entre países ni en número de hectáreas ni en número de áreas o tipo de ecosistemas: “Colombia, por ser uno de los países más biodiversos, pero a su vez más vulnerables por efectos del cambio climático y posición geográfica, se ha comprometido a una métrica de gran ambición teniendo en cuenta la necesidad de conservar ciertos ecosistemas, incrementar conectividad y proteger áreas para reducir la vulnerabilidad climática”.

EDWIN CAICEDO

Redacción Medioambiente

En Twitter: @CaicedoUcros / @ElTiempoVerde

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