Acuerdo de Escazú: denuncian que están dilatando su ratificación en el Congreso

Para el martes 20 de septiembre estaba convocado el tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley No. 109/2022 sobre el Acuerdo de Escazú. 

Sin embargo, a último momento se anunció el aplazamiento de la votación por parte de la presidenta de la Comisión, la representante Juana Carolina Londoño y el secretario de la misma, el representante Juan Carlos Rivera, ambos del Partido Conservador.

El trámite ya había sido dilatado en múltiples ocasiones por el Congreso anterior, por eso la Alianza por el Acuerdo de Escazú hace un llamado urgente a los nuevos parlamentarios y al Gobierno Nacional a impulsar de manera urgente el proceso de ratificación de este tratado.

Lea acá: (¿Se pueden 'recuperar' las selvas en 20 años como plantea el presidente Petro?)

El Acuerdo de Escazú materializa el compromiso de América Latina y el Caribe con la democracia ambiental, un concepto que se fundamenta en procesos participativos con a información técnica de calidad, mecanismos judiciales efectivos en materia ambiental y principalmente establece la obligación de proteger a quienes ponen en riesgo su vida en escenarios de protección territorial.

“Ignorar este tratado regional implica cerrar las puertas al fortalecimiento de nuestras políticas públicas e institucionalidad ambiental, y dar la espalda a un escenario de cooperación y multilateralismo fundamental para nuestro país” afirma Lina Muñoz Ávila, profesora de la Universidad del Rosario.

Recientemente, Vanessa Torres, subdirectora de la organización Ambiente y Sociedad manifestó en Audiencia Pública que Colombia no solo debe hacer parte de esta iniciativa, sino liderar el proceso en la región, pues somos el país más peligroso para la defensa del medio ambiente y los Derechos Humanos.

También advirtió que en Colombia el a información en materia ambiental de calidad resulta una misión imposible. Sobre la participación ciudadana, si bien Colombia cuenta con diferentes mecanismos judiciales, istrativos y políticos, la ausencia de una participación efectiva en etapas iniciales de toma de decisión limita el alcance del derecho.

Añadió que en materia de justicia ambiental, el Acuerdo de Escazú pone sobre la mesa la importancia de capacitar y generar herramientas a la rama judicial en materia ambiental, proceso necesario entendiendo que muchos fallos judiciales no han sido implementados por falta de capacidad.

Además: (Acuerdo de Escazú: ¿por qué lo critican y por qué lo defienden?)

Por otro lado, congresistas de diversas bancadas y sectores políticos han manifestado

su apoyo al Acuerdo de Escazú y su disposición de aprobarlo.

Los representantes, coordinadores ponentes, Andrés Calle del Partido Liberal, Carolina Giraldo del Partido Verde, David Racero del Pacto Histórico, Fernando Niño del Partido Conservador, Alexander Guarín del Partido de la U, Elizabeth Jay-Pang del Partido Liberal, Erika Tatiana Sánchez de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Norman Bañol de la Circunscripción Indígena y Jorge Tovar de la Circunscripción de Paz, en un

comunicado reconocen que el Acuerdo de Escazú es una herramienta que ayudará a seguir fortaleciendo la lucha y la protección por el medio ambiente y los derechos humanos.

"Desde la Cámara de Representantes, llevaremos la bandera de la defensa y trabajaremos con determinación para que este proyecto avance en su curso y pueda ser una realidad en nuestro país", puntualizan.