15 años de la ley que permitió el matrimonio igualitario en España

Se cumplen 15 años de la aprobación en España de la ley de matrimonio igualitario. Es un buen momento para hacer balance de lo que ha supuesto esa ley y del importante cambio que ha producido, no solo en la convivencia social, sino también en la mentalidad de los españoles. No es exagerado decir que la Ley 13/2005 hizo de España un país pionero en este campo y uno que asume el compromiso de continuar liderando los esfuerzos internacionales en la materia.

Pero también, y gracias a los cambios sociales que la propia ley desencadenó, hoy España se ha consagrado como uno de los países más seguros del mundo para la comunidad LGBTI+ y uno de los más respetuosos e inclusivos respecto a diversidad.

La sociedad española tiene como uno de sus rasgos más peculiares su capacidad de integración de lo diferente y de la diversidad, no solo en relación a la diversidad sexual y la identidad de género, sino a otros ámbitos: la capacidad de acogida (que ha hecho que en dos décadas España haya recibido más de siete millones de migrantes) o el respeto a la diversidad étnica y religiosa, así como los esfuerzos por disminuir la brecha de género reflejan el compromiso de la sociedad española con la diversidad y la inclusión.

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La Ley 13/2005 del 1.º de julio de 2005 reformó el Código Civil en lo relativo al derecho a contraer matrimonio, añadiendo un segundo párrafo a su vigente artículo 44, manteniendo el primer párrafo intacto: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.

De esta se derivan otras modificaciones del Código Civil, dirigidas a sustituir los términos ‘marido y mujer’ por ‘cónyuges’, y ‘padre y madre’ por ‘progenitores’. Igualmente se derivan efectos en otros ámbitos y materias en las que el matrimonio tenga relevancia, como el derecho a la adopción de los hijos del cónyuge.

España fue el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio igualitario para todos los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual, por detrás de los Países Bajos (2000) y Bélgica (2003). El mismo año, tras la promulgación de la Ley 13/2005, Canadá hizo lo propio.

España fue el primer país del mundo en establecer la igualdad total en lo relativo a adopción entre parejas del mismo sexo, puesto que la Ley 13/2005 tuvo un efecto legislativo sobre la posibilidad de que parejas homoparentales adopten en igualdad respecto a las parejas heterosexuales.

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El matrimonio igualitario, quince años después de su promulgación, es aceptado por la gran mayoría de la población española, así como lo es la diversidad de orientaciones sexuales. El porcentaje de españoles opuestos a su aceptación se ha reducido hasta el 7 % en 2018. El Pew Research Center nos sitúa como el segundo país con menor oposición al matrimonio igualitario, solo por detrás de Suecia (5%).

Las condiciones sociales y jurídicas alcanzadas en España no solo han ofrecido garantías a la población española, sino que han convertido al país en uno de los mejores de Europa para solicitantes de asilo LGBTI+ procedentes de países en los que está penado. En concreto, España ocupa la sexta posición en materia legislativa de protección internacional de personas LGBTI+ entre 49 Estados.

España ha avanzado también en la persecución de delitos de odio, especialmente los relacionados con homofobia, bifobia o transfobia. España cuenta con una fiscalía especializada en delitos de odio, así como una Oficina Nacional y un Plan de Acción de Lucha contra este tipo de delitos, que han experimentado una importante disminución, pasando en 2013 de representar el 30,56 por ciento de los delitos de odio registrados por el Ministerio del Interior a no alcanzar el 20 por ciento en 2017.

En el ámbito internacional, España defiende la aplicación efectiva de las normas internacionales de derechos humanos que se rigen por los principios de universalidad y no discriminación y condena, en todos los foros en los que participa, las violaciones de los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales.

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La no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género es una de las prioridades de la política exterior española en materia de derechos humanos. Hay que tener en cuenta que en aproximadamente 70 países se sigue encarcelando a personas LGBTI+ en aplicación de leyes que castigan la orientación sexual o la identidad de género y 13 países contemplan la pena de muerte para las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo.

A nivel nacional, el legislador sigue avanzando hacia el reconocimiento y equiparación 'de facto' de los derechos de las personas LGBTI+, y la visibilización de la diversidad por identidad de género u orientación sexual, en línea con los instrumentos existentes en otros países europeos.

El compromiso del Gobierno con los derechos humanos y, por ende, con la igualdad se pone de manifiesto con políticas públicas trasversales para con los ciudadanos, cualquiera que sea su orientación sexual o identidad de género y cuyo objetivo final es la inclusión y el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de dignidad, libertad e igualdad.

PABLO GÓMEZ DE OLEA BUSTINZA

Embajador de España en Bogotá

Especial para EL TIEMPO