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Las sorpresas que se encontraron en la infiltración a la UNP

Hay alguien pidiendo plata para frenar indagación. Fichas de capos y políticos mueven armas y droga.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, ha denunciado mafias al interior de la entidad. Foto: EL TIEMPO

11.03.2023 15:45 Actualizado: 13.03.2023 00:08

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Ciento setenta y cinco cartuchos para fusil calibre 5.56 se convirtieron en el ingreso oficial del representante a la Cámara conservador Juan Loreto Gómez a la investigación por irregularidades en el uso de camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Las versiones que el congresista guajiro ha venido entregando sobre el vínculo con Juan José Madiedo Ospino, el hombre capturado en Maicao portando los cartuchos en la Toyota asignada al político, se las tendrá que dar ahora a la Fiscalía.

De izquierda a derecha: Juan José Madiedo, capturado con munición en camioneta de la UNP y el congresista guajiro Juan Loreto Gómez. Foto:Archivo particular

Inicialmente, lo identificó como el encargado de llevar el carro a lavar. Luego itió que era un amigo cercano que lo había asaltado en su buena fe.

Ahora se sabe que Madiedo pasó de ser un anónimo transportador local —a través de la empresa Alquiler y Suministro JJ— a ser el representante legal del consorcio Inter Urbanismo Barrancas.

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Este último tiene firmado un contrato por cerca de 2.500 millones de pesos con la Alcaldía de Barrancas (La Guajira).

Juan José Madiedo tiene firmado un contrato por cerca de 2.500 millones de pesos con la Alcaldía de Barrancas (La Guajira). Foto:Archivo particular

La noticia de la incautación de la munición se conoció el pasado martes 7 de marzo, hacia el mediodía.

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Y, diez horas después, se produjo otro episodio que estaría confirmando el caos y las mafias en las que está atrapada la UNP, entidad encargada de la seguridad de altos dignatarios del Gobierno, de los expresidentes, de líderes sociales y de otras personas que requieren protección especial.

La oficina de cobro

Impactos de bala en camioneta de la UNP en la que iba el director Augusto Rodríguez. Foto:Archivo particular

A las 10:30 de la noche de ese mismo martes, el esquema de seguridad del director de la UNP, Augusto Rodríguez, fue atacado por un hombre que iba escoltado por motos de mediano y alto cilindraje, en el sur de Bogotá.

Una de las hipótesis que se evalúa es un posible asalto, por el modus operandi y porque, tal como lo reveló EL TIEMPO, el señalado sicario que quedó tendido frente a la casa de Rodríguez era un ladrón internacional, requerido en extradición por la justicia argentina.

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Pero para Augusto Rodríguez es claro que a él lo quieren matar por las denuncias que ha venido instaurando sobre el alquiler ilegal de esquemas de seguridad, el uso de camionetas blindadas para transportar cocaína y armas y un ‘carrusel’ de contratos para el arrendamiento de vehículos blindados y convencionales.

Además de pedir protección para Rodríguez, su hombre de confianza, el presidente Gustavo Petro pidió garantías para Manuel Castañeda, el conocido narcochofer que fue capturado el pasado 10 de diciembre.

Este es el momento en el que Manuel Antonio Castañeda Bernal (al interior de la camioneta) estaciona el vehículo por ordenes de oficiales de la Policía del Cauca. Foto:Policía Nacional

Ronald Rodríguez, el exfuncionario de la UNP que prestó la camioneta en la que movieron la droga. Foto:Unidad Nacional de Protección

Castañeda iba al volante de una Toyota blindada asignada al esquema del exsubdirector de protección de la UNP Ronald Rodríguez Rozo, quien perteneció por algunos años al extinto DAS. Pero 10 días antes de la captura se había reunido con Rodríguez y le entregó una carta por la cual hoy una de las cabezas del sindicato mayor de la UNP tiene llamado a imputación.

En el explosivo documento, revelado el jueves por este diario, Castañeda asegura que el sindicalista Wilson Devia le alquiló ilegalmente un esquema de seguridad por un pago inicial de 200 millones de pesos y mensualidades de 7 millones y medio.

(Lo invitamos a leer: El caso en el que fue mencionado el hombre asesinado por sicarios en Bogotá)

Castañeda también dice que, por cortesía, le regaló un show con el ‘Yo me llamo Rafael Orozco’, Giovanny Ayala y su hijo Sebastián para las fiestas de fin de año de la UNP. Según el narcochofer, Devia habría cobrado por ese show.

Pero tal vez la acusación más grave es que Devia habría ado a un empresario del blindaje, cercano a una oficina de cobro, para obligarlo a pagar unos carros que habían negociado.

Esta es la carta que envió Manuel Castañeda al director de la UNP Augusto Rodríguez. Foto:EL TIEMPO

En la carta se señala a Fabio Enrique Duarte, dueño de la blindadora Jawda Blind.

EL TIEMPO se comunicó con el empresario Duarte, quien itió que Castañeda sí tenía una deuda con él por el alquiler de unos carros convencionales. Pero negó cualquier relación con oficinas de cobro.

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“Conocí al señor Castañeda porque me alquiló carros convencionales y me quedó debiendo 200 millones de pesos. Yo sí me encontré con él en un centro comercial. Pero desconozco si estaba reunido con Wilson Devia, porque yo al señor Devia solo lo distingo. No somos amigos”, sostuvo el empresario.

Y agregó que el cantante Joaquín Guiller es testigo de que no se le hizo ninguna amenaza y solo se le cobró el dinero: “Joaquín está dispuesto a declarar”.

Según Wilson Devia, los señalamientos de Manuel Castañeda son falsos. Y asegura que él (como empleado de la UNP) no tiene ninguna potestad para la asignación de los esquemas de protección.

La fiscal Monsalve

Fiscal delegada Angélica María Monsalve. Foto:Cortesía: Noticias Caracol

Wilson Devia, miembro del sindicato mayoritario de la UNP y Uniones Temporales. Foto:Archivo Particular

También aseguró que no entiende por qué la fiscal Angélica Monsalve lo llamó a imputación para este lunes 13 de marzo.

“Me aseguraron que era por un proceso de 2013, sobre un presunto ‘carrusel’ de renta de carros. Y ahora están vinculando esta carta. La voy a recusar”, aseguró Devia.

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La fiscal Monsalve es quien lleva el caso del llamado ‘carrusel’ de los carros blindados en contra de cerca de 10 personas entre empresarios, contratistas y funcionarios de la UNP.

La funcionaria asegura que tiene una asignación especial que le permite investigar cualquier irregularidad en la UNP.

En el caso del ‘carrusel’ de contratos, que EL TIEMPO ya había denunciado, los implicados habrían manipulado licitaciones para la venta, alquiler y mantenimiento de carros blindados.

Esta camioneta de la UNP, retenida en agosto con otro cargamento, está vinculada al mismo conductor. Foto:Policía Nacional

En mayo de 2020, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO puso los reflectores en la empresa 7M Group y en su dueño, el abogado Martín Ricardo Manjarrés Cabezas.

Según la resolución 76592 del 30 de diciembre de 2019 de la SIC, Manjarrés Cabezas habría ejecutado maniobras para impedir que empresas pudieran presentarse libremente a licitaciones públicas.

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A partir de ese caso, el 25 de octubre de 2022, se les imputaron cargos a tres personas por la presunta comisión de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos.

Ricardo Manjarrés y Yohn Jairo García Rivera empezaron a explorar un principio de oportunidad que no fue aceptado.

Hay evidencia de que alguien muy cercano al expediente viene pidiendo plata bajo la promesa de frenar las investigaciones o favorecer a unos cuantos.

La sorpresa dentro de esta investigación es que hay evidencia de que alguien muy cercano al expediente viene pidiendo plata bajo la promesa de frenar las investigaciones o favorecer a unos cuantos.

La investigación va adelantada y hace parte de la cruzada anticorrupción que adelanta el fiscal general, Francisco Barbosa, dentro de la entidad.

(También: La evidencia que puso tras las rejas a poderosa fiscal y a consentido de la DEA)

Y, en el caso del sindicalista Wilson Devia, hubo una ruptura procesal para poderle imputar cargos en 24 horas.

Los capos de Medellín

Un juez de Paez, Cauca, legalizó la captura del expolicía Manuel Antonio Castañeda Bernal. Foto:Policía Nacional

Otro capítulo de la corrupción que reina en la UNP está vinculado al cartel de escoltas que está moviendo cocaína vinculada a la ‘oficina de Envigado’.

Un informante asegura que esta red está vinculada a los 156 kilos de cocaína que Castañeda transportaba.

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El hilo conductor es una mujer que sería pariente del capo dueño de la droga que se está transportando y, a la vez, esposa de uno de los escoltas de la UNP.

Lo que hasta ahora se sabe es que habrían usado los carros de un político de Antioquia y de un par de reconocidos líderes sociales para mover mercancía ilegal y armas.

El hilo conductor es una mujer que sería pariente del capo dueño de la droga que se está transportando y, a la vez, esposa de uno de los escoltas de la UNP.

El caso es tan delicado que, después del ataque a la escolta de Augusto Rodríguez, un investigador llamó al informante para saber si estaba a salvo.

“Ese caso está ligado al de Manuel Castañeda, el narcochofer, en el que se mencionó al exsubdirector Ronald Rodríguez Rozo”, explicó un investigador.

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Por ahora, la UNP ha tenido que seguir contratando a un par de empresas rentadoras de blindados ligadas a varios de los empresarios que están bajo investigación. La razón: fracasó en su intento de democratizar esos contratos (atrayendo empresas nuevas) y en la compra de carros propios, debido al déficit de blindados que hay en el mercado.

Esto significa que Rodríguez sigue trabajando con las mismas personas a las que señala de irregularidades e incluso de estar tejiendo planes para asesinarlo.

El ‘carrusel’ de blindados

En el caso de los supuestos contratos amañados, que se investiga desde 2013 y que ahora indaga la fiscal Angélica Monsalve, se indaga la presunta manipulación de licitaciones para la venta, alquiler y mantenimiento de carros blindados.

En este proceso, los empresarios del sector automotor Martín Ricardo Manjarrés y Yonn Rivera habrían ofrecido entregar información sobre los implicados en el ‘carrusel’ a cambio de un principio de oportunidad, pero fue negado.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

En la investigación también se han mencionado los nombres de los empresarios Daniel Eduardo Abello, del concesionario Toyonorte; Felipe Adolfo Arbeláez, de la blindadora Blindex; Luis González, de GMW; Marcela Montes, gerente de Kobe Motors y esposa de Martín Ricardo Manjarrés, y el sindicalista de la UNP Wilson Devia. En las próximas semanas se conocerán las decisiones sobre este caso.

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