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El millonario pleito que avanza en silencio contra la Nación por $ 4 billones

Tras 12 intentos de arreglo, tribunal retomó un proceso que involucra al puerto de Barranquilla.

Durante décadas, la profundidad del puerto de Barranquilla ha sido un problema para los grandes buques de carga. Foto: Cortesía Invías

05.11.2022 17:48 Actualizado: 08.11.2022 00:00

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Nadie quiere hablar oficialmente del tema. Aseguran que se trata de un pleito que se maneja bajo reserva, que intentan zanjar, y que ya está en manos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

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Sin embargo, EL TIEMPO estableció que, tras doce reuniones entre abogados y funcionarios del Gobierno, el litigio se acaba de reactivar e incluso ya está en vísperas del cierre de la etapa probatoria.

Aspecto del canal del al Puerto de Barranquilla. Foto:Archivo/EL TIEMPO

Se trata de una millonaria reclamación que viene caminando desde 2019 y que ha sido calificada como de “alto impacto” para la Nación, por la cuantía que está juego. De prosperar, le podría costar al país 806 millones de dólares, unos 4 billones de pesos al cambio de hoy.

La Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S. A. y su terminal logística Bitco S. A. aseguran que la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) les ha causado multimillonarios perjuicios económicos que han impactado el contrato de concesión firmado en 1993, que expira en 2033, tras una prórroga de 20 años.

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Sus abogados alegan que, entre 2015 y 2019, han tenido que desviar buques mercantes a puertos diferentes al de Barranquilla o itir a otros con menor carga, por las restricciones de calado del canal de ingreso.

¿Sombra de Odebrecht?

Según la Fiscalía, las coimas que presuntamente pagó Odebrecht en Colombia fueron de 84 mil millones de pesos Foto:EFE

En esta ocasión, es la Sociedad Portuaria la que convocó a un tribunal de arbitramento que arrancó a principios de 2022, a pesar de que la Procuraduría pidió que se desintegrara.

Las cifras de los supuestos perjuicios superan 18 veces el presupuesto anual de Cormagdalena, que conformó un comité técnico que inicialmente aconsejó no conciliar. Esa misma táctica de defensa la aplicaron recientemente en el pleito en el que la brasileña Odebrecht y sus socios colombianos Varlorcom (reunidos en Navelena) les reclamaban 177.000 millones de pesos.

En el caso Navelena, que ganó Cormagdalena, se hablaba de perjuicios por la liquidación del contrato fallido para el proyecto de navegabilidad del río Magdalena. De hecho, la Contraloría General acaba de abrirles un juicio de responsabilidad fiscal a cinco exdirectores de Cormagdalena por no usar los estudios que se pagaron para esas obras.

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En esta ocasión, es la Sociedad Portuaria la que convocó a un tribunal de arbitramento que arrancó a principios de 2022, a pesar de que la Procuraduría pidió que se desintegrara. El ente de control argumentó una falta de competencia del tribunal para resolver asuntos técnicos y contables del contrato de concesión. Pero el tribunal confirmó su competencia y empezó a decretar pruebas.

De hecho, los árbitros del caso –Saúl Sotomonte, Ramiro Saavedra y Gonzalo Suárez– ya han recibido el 50 por ciento de sus honorarios: “A cada uno le corresponderán, en total, mil millones de pesos”, señaló una fuente enterada.

Acercamientos y tutela

Con este documentó se notificó la apertura del proceso ordinario de responsabilidad fiscal a Cormagdalena. Foto:EL TIEMPO

Cuando los árbitros avanzaban en la etapa probatoria y le pidieron información (bajo juramento) a Cormagdalena, el caso se suspendió. EL TIEMPO tuvo a memoriales en los que los apoderados de las partes piden suspender temporalmente el proceso.

Según documentos, el litigio ya se ha suspendido en al menos 12 oportunidades en las que se han adelantado conversaciones confidenciales.

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A pesar del hermetismo, este diario estableció que allí se han planteado fórmulas para zanjar el pleito. Una de ellas es que se compensen los supuestos perjuicios con un nuevo alargue de la concesión portuaria.

Y si bien Cormagdalena estaría dispuesta a estudiar una posible compensación en tiempo por una suma que se derivaría de un fallo del Consejo de Estado sobre el cobro de tarifas a la concesión, no piensa ceder en el tema del calado.

Las labores de dragado que venía haciendo Navelena fueron suspendidas tras caducidad del contrato. Foto:Ana María García - CEET

Según ha dicho su defensa, en memoriales al tribunal, en ninguna de las cláusulas pactadas con la Sociedad Portuaria “se desprende expresamente para Cormagdalena la obligación de ejecutar obras de mantenimiento y profundidad a la vía navegable del río Magdalena al Puerto de Barranquilla”.

Según la entidad, ellos solo se encargan de obras de encauzamiento y mantenimiento en el canal de a la zona portuaria, para mantener su navegabilidad; “obligaciones que se han cumplido a cabalidad”.

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En el pulso jurídico han dejado en claro que nadie puede responder por la sedimentación en el río y hasta por el cambio climático.

De hecho, después de una tercera ronda de conversaciones fallidas, Cormagdalena entuteló al tribunal de arbitramento por supuestamente violar el principio de imparcialidad, al pedir pruebas que beneficiarían a la contraparte. El pasado 4 de agosto, el Consejo de Estado initió la acción y el litigio siguió su curso.

¿Qué dicen las partes?

Desde el miércoles, EL TIEMPO ó a René Puche, presidente de la Sociedad Portuaria de Barranquilla, para conocer su versión sobre la millonaria reclamación. Pero señaló que el caso tiene “reserva” y que, tras revisar el proceso, “no había nada que reportar”.

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También se intentó obtener la postura oficial del director encargado de Cormagdalena, coronel de la reserva activa Germán Puentes. Pero desde la oficina de comunicación de la entidad le manifestaron a este diario que, como es parte de un proceso arbitral, “se mantiene bajo reserva”.

En todo caso, la nueva directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, pidió información sobre el pleito que, según expertos, no se debe subestimar.

La más reciente actuación dentro del caso es una recusación de Cormagdalena a uno de los árbitros –Ramiro Saavedra (cabeza del tribunal arbitral)– que respaldaron la Procuraduría y la Agencia de Defensa.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

La Sociedad Portuaria se opuso y Saavedra no aceptó la recusación.

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