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La sombra de la mafia en una millonaria demanda en EE. UU. contra Colombia

En Washington, abogados buscan tumbar proceso del narcopredio Meritage, que suma US$ 310 millones.

El proyecto suspendió desde el año pasado las ventas del lujoso condominio de ‘suites’ y casas.

El proyecto suspendió desde el año pasado las ventas del lujoso condominio de ‘suites’ y casas. Foto: Jáver Nieto Álvarez

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En 24 horas, la reputada firma de abogados Gaillard Banifatemis Sherlba (GBS), con sede en Nueva York, y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado intentarán echar abajo una de las más jugosas demandas internacionales que pesan contra Colombia.
En efecto, para este lunes está prevista la audiencia en la que expondrán su segunda tanda de alegatos, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), para que se desestime un proceso que, de perderlo, le significará al país el pago de más de 310 millones de dólares.
Ángel Seda,  fundador y CEO de Royal Property Group.

Ángel Seda, fundador y CEO de Royal Property Group. Foto:Royal Property Group

La cifra no es despreciable. Es una suma similar a la que el Banco Mundial le prestó hace dos meses a Colombia para la atención de desastres naturales, incluida la pandemia del covid.
Ángel Seda, quien se presenta como inversionista estadounidense, cabeza de Royal Realty S.A.S., es la punta de lanza de la demanda que está exigiendo la millonaria indemnización.
Alega que a eso ascienden los daños que la Fiscalía General de la Nación les causó por iniciar un proceso de extinción de dominio contra un bien que ellos –dicen– adquirieron de buena fe.

¿El reversazo?

Javier García Rojas, alias Maracuyá.

Javier García Rojas, alias Maracuyá. Foto:

Se trata de Meritage, ubicado en Envigado (Antioquia). Cuando Seda echó a andar un ambicioso proyecto inmobiliario, el predio empezó a ser reclamado por Iván López Vanegas, procesado en el pasado por narcotráfico.
Luego se supo que el codiciado megalote, de 556.676 metros cuadrados, pasó por manos de capos de la talla de Héctor Restrepo Santamaría, ‘Perraloca’, quien ya confesó que fue dueño aunque no apareció en papeles.
Y la Fiscalía indaga si Javier García, alias Maracuyá, a quien esa entidad califica como un capo oculto, también estuvo detrás del megalote.
De hecho, el 26 de mayo de 2021, la fiscal 18 de la Dirección Nacional Especializada contra Crimen Organizado, Giovana Cortés, ordenó vincular mediante indagatoria a ‘Maracuyá’.
Héctor Restrepo Santamaría, alias Perraloca, fue recapturaco cuando Estados Unidos lo deportó.

Héctor Restrepo Santamaría, alias Perraloca, fue recapturaco cuando Estados Unidos lo deportó. Foto:EL TIEMPO

El señalado capo fue mencionado por Guillermo León Arango Uribe, ‘Guru’, como propietario de la Palma Argentina, empresa dueña del megalote.
Arango le dijo a la Fiscalía –en declaración revelada por EL TIEMPO– que Javier García compró el lote y es el verdadero dueño de la Palma Argentina, la firma que aparece en la fiducia con la que Seda desarrolló el proyecto Meritage.
No existe prueba suficiente y contundente que comprometa la conducta de Javier García, alias Maracuyá, en los hechos aquí investigados
EL TIEMPO estableció que ‘Maracuyá’ también fue mencionado por María Cecilia Uribe Quintero, socia y representante legal de la Palma Argentina.
La empresaria itió en una declaración, entregada el 18 de noviembre de 2021, que conocía a Javier García; que él la visitó, le hizo el avalúo y le recomendó vender el lote.
Pero la fiscal del caso fue enviada a Barrancabermeja (Santander), y el primero de diciembre de 2021, la nueva fiscal decidió revocar el llamado a indagatoria de ‘Maracuyá’.
Según providencia, en manos de EL TIEMPO, hasta el momento “no existe prueba suficiente y contundente que comprometa la conducta de Javier García, alias Maracuyá, en los hechos aquí investigados, máxime cuando ni siquiera ha sido plenamente identificado”.
En el terreno de la obra, que llevaba un 50 por ciento de avances en construcción, permanecen algunos materiales sin vigilancia alguna.

En el terreno de la obra, que llevaba un 50 por ciento de avances en construcción, permanecen algunos materiales sin vigilancia alguna. Foto:Jaiver Nieto/EL TIEMPO

Reunión en el Dann Carlton

Este es el chat que Seda incluyó en su denuncia.

Este es el chat que Seda incluyó en su denuncia. Foto:EL TIEMPO

En cuanto a Ángel Seda, el demandante, si bien se solicitó indagar su conducta, se revocó la decisión que ordenó investigarlo por presunto lavado de activos.
Por el contrario, EL TIEMPO conoció una denuncia que interpuso Seda, en octubre de 2020, en la que pidió investigar a dos exfiscales por este caso.
En la denuncia incluye mensajes de WhatsApp en donde, según él, abogados de Iván López lo presionaban para que pagara una fuerte suma a cambio de que retiraran la denuncia por el supuesto despojo del lote Meritage.
Ana Catalina Noguera.

Ana Catalina Noguera. Foto:Policía Nacional

Si me an o amenazan voy a llamar al equipo que ya está enterado. Ambos, Ejército y Policía Nacional. Cualquier problema jurídico lo manejan a través de abogados
“Ángel, agradezco su presencia y quedó clara su posición. Quedo atento si quiere retomar la conversación”, le escribió un abogado de López a Seda. Y días después envió otro chat: “Cordial saludo, Ángel. Lo puedo llamar o me llama. Es muy importante que hablemos”.
La respuesta de Seda fue: “Si me an o amenazan voy a llamar al equipo que ya está enterado. Ambos, Ejército y Policía Nacional. Cualquier problema jurídico lo manejan a través de abogados”.
Y también narra una reunión, en enero de 2020, a la que asistió la entonces directora de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio, Ana Catalina Noguera, en el hotel Dann Carlton de Medellín.
Según Seda, allí le dijeron que buscaban destrabar el caso e indagar a las funcionarias de la Fiscalía que él denunció. De Noguera dice que le habrían dicho que él era un comprador de buena fe.
Resolución que ordena revocar la orden de indagar a Seda por presunto lavado de activos.

Resolución que ordena revocar la orden de indagar a Seda por presunto lavado de activos. Foto:EL TIEMPO

‘Maracuyá’ y los palmeros

Pero la defensa de Colombia asegura que es “indiscutible” que Seda conocía el turbio pasado del lote que compró y rebate, uno a uno, los argumentos de la millonaria demanda.
El de Meritage, sin embargo, no es el único caso que las autoridades investigan en el que aparece ‘Maracuyá’. Después de que EL TIEMPO denunció su participación en unos negocios de encargo fiduciario, al lado de reputados empresarios de la palma, la Fiscalía 4 seccional del Meta inició una investigación por presunta estafa agravada.
Dentro de ese caso ya rindió declaración, el 12 de noviembre de 2021, Gustavo Adolfo Martínez García, representante legal de Alianza Fiduciaria S. A.
Esta es parte de la entrevista que rindió en diciembre de 2021 el representante legal de Alianza Fiduciaria.

Esta es parte de la entrevista que rindió en diciembre de 2021 el representante legal de Alianza Fiduciaria. Foto:EL TIEMPO

Los agricultores hicieron la tarea sembrando, pero el mercado esperado para la producción de biodiesel va a la mitad de lo que se planeó, según Fedepalma.

Los agricultores hicieron la tarea sembrando, pero el mercado esperado para la producción de biodiesel va a la mitad de lo que se planeó, según Fedepalma. Foto:Hernando Herrera/EL TIEMPO

En el proceso no se menciona a ‘Maracuyá’. Pero Luis Fernando Cabrera, vocero de los fideicomisos y representante de Palmas de Puerto Gaitán, le dijo a EL TIEMPO, en noviembre de 2020, que lo conoció en 2002 como agricultor en el Meta y proveedor de una importante arrocera.
Además que, tras su inclusión en la lista Clinton, se reversó la inversión que hizo en el fideicomiso conocido como Tenampa.
Ahora, mientras Colombia se defiende en el exterior de la demanda, la Fiscalía 4 del Meta investiga la manera cómo se istraron los ingresos en ese y otros negocios fiduciarios. Además, se indaga la construcción de una planta extractora en el corregimiento Cristalina (Meta).
La defensa de ‘Maracuyá’, por su parte, sigue insistiendo en que, en 2009, la Fiscalía le precluyó a García una investigación por narcotráfico y lavado, y en que es un empresario de bien.
José Bayron Piedrahita y Javier García, señalados por el Departamento del Tesoro de los EE.UU como narcotraficantes especialmente designados.

José Bayron Piedrahita y Javier García, señalados por el Departamento del Tesoro de los EE.UU como narcotraficantes especialmente designados. Foto:

Otras demandas contra la Nación

Según la Agencia Jurídica del Estado, hay 309.234 procesos vigentes por 433 billones de pesos y 82 casos de arbitraje y controversias internacionales  que alcanzan los 11,3 billones de pesos.
Un total de 448,6 billones de pesos es el millonario monto que suman las pretensiones por demandas contra Colombia.
Según la Agencia Jurídica del Estado, hay 309.234 procesos vigentes por 433 billones de pesos y 82 casos de arbitraje y controversias internacionales (como el de Meritage) que alcanzan los 11,3 billones de pesos.
Según la entidad, en 2021 se itieron 59.066 demandas contra la Nación. Ese año, la Agencia participó en 755 procesos con aspiraciones por 287 billones de pesos y consiguió una tasa de éxito del 83 por ciento.
Las principales razones de las demandas son temas laborales, privación injusta de la libertad, el incumplimiento de un fallo judicial y fallas en servicios de salud.
Colombia presentará este lunes sus segundos alegatos Ante el Ciadi.

Colombia presentará este lunes sus segundos alegatos Ante el Ciadi. Foto:Archivo Particular

Estos son los 5 argumentos para tumbar la jugosa demanda

EL TIEMPO se comunicó con Camilo Gómez, director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien aseguró que Colombia está lista a presentar los segundos alegatos de defensa frente a las pretensiones de Ángel Seda y otros demandantes.
Si bien dijo que no podía revelar la estrategia de la Nación y de Shearman & Sterling LLP., EL TIEMPO tuvo a un documento sobre el caso.
Allí, la defensa de Colombia empieza por advertir que no ejecutó ninguna expropiación ilícita de Meritage sino un proceso de extinción de dominio “para combatir la ilegalidad de actividades y del lucro del narcotráfico”. Además, que es al inversionista a quien le correspondía verificar que los predios no estuvieran viciados.
Camilo Gómez Alzare, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Camilo Gómez Alzare, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Foto:Agencia de Defensa Jurídica del Estado

A ese respecto, Ángel Seda argumenta que tiene dos certificaciones de la Fiscalía en donde consta que ni el lote ni los dueños tenían cuentas pendientes con la justicia.
Pero, en su repuesta a la demanda, los abogados de Colombia desestiman el estudio que contrató Seda con una firma de abogados para verificar que el lote Meritage estuviera limpio: “Aunque esa investigación mostró que no había relación con narcos, solo tuvo en cuenta 10 años de la cadena de propiedad, entre 1997 y 2007”.
El estudio no consideró la escritura pública n.° 1554 del 12 de agosto de 1994, que muestra como propietario del lote a la empresa Sierralta López y Cía. Ltda., cuyo representante legal era Iván López Vanegas.
“Seda se conformó con preguntar a Palma Argentina si conocía a López. Su falta de diligencia es impactante”, se lee del documento de defensa.
De hecho, un perito tasó en US $ 2,5 millones el posible aporte hecho al proyecto, “un monto reducido en comparación con la reclamación de los demandantes a Colombia”.
Y Colombia rechaza las acusaciones sobre supuestas presiones por parte de funcionarios de la Fiscalía a Seda.
Explicaron que tras la denuncia del empresario, la Unidad Anticorrupción realizó una investigación que hasta el momento ha mostrado que no hay irregularidades. También dicen que, desde 2014, Seda sabía que los lotes estaban siendo reclamados por Iván López, y que sostuvo reuniones con él hasta 2016.
Para los abogados es claro que no está probado el daño patrimonial por 310 millones de dólares. De hecho, un perito tasó en US $ 2,5 millones el posible aporte hecho al proyecto, “un monto reducido en comparación con la reclamación de los demandantes a Colombia”.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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