La sombra de la mafia y violentos disturbios quiebran paz esmeraldera

Cerca de 2.000 personas llegaron la mañana del miércoles 25 de noviembre a la mina de esmeraldas de Puerto Arturo, ubicada en Muzo, Boyacá, otrora fortín del viejo e investigado esmeraldero Víctor Carranza. Algunas de ellas, con alicates industriales y palos, empezaron a romper las mallas de seguridad que rodean la mina y la fibra óptica de las cámaras de seguridad.

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En una jornada violenta de más de 18 horas, quedaron heridos 6 manifestantes y 5 policías del Esmad. 

Uno de ellos tuvo que ser intervenido para reconstruirle su rostro. Y una de las personas que participaron en la revuelta fue herida con un arma de fuego. Hoy se indaga si el responsable fue uno de los guardas de Esmeraldas Mining Services (EMS), que compró las acciones de la familia Carranza.

“Hubo un ingreso violento con el uso de elementos contundentes y tenazas para romper las mallas de las empresas”, le dijo a EL TIEMPO el general Javier Martín, comandante de la Región de Policía con jurisdicción en esa zona.

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EL TIEMPO tuvo a audios en los que queda en evidencia que al menos un sector de los manifestantes estaba preparado para recibir al Esmad. “Muchachos, vienen bajando aproximadamente 400 más de aquí del lado de Maripí, hacia abajo, viene cualquier cantidad de gente del Esmad. Sería bueno atajarlos aquí en La Vega, también hermano, o en la Peñas de Guazo, (…) con una pica los coge uno y empieza a tirarles piedra de arriba hermano y ahí no pasa ni la madre”, se escucha en uno de los audios.

Desde el 5 de noviembre se habían presentado manifestaciones en otras minas de la región, como la de Coscuez, de Fura Gems, en San Pablo de Borbur, y la Cunas, de Esmeraldas Santa Rosa, en Maripí, aseguró Edwin Molina, presidente de la Asociación de Productores de Esmeraldas Colombianas (Aprecol). Habían sido pacíficas.

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¿Qué pasó en Puerto Arturo?

Este diario consultó con autoridades empresarios y gente de la zona y estableció que hay dos versiones sobre lo que está ocurriendo en el occidente de Boyacá, una zona que en el pasado ha sido escenario de enfrentamientos a sangre y fuego entre esmeralderos, paramilitares y narcotraficantes.

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La primera versión señala que un grupo de guaqueros históricos de la zona, golpeados por el prolongado cierre de las minas a raíz de la pandemia, piden que los dejen volver a ejercer un oficio ancestral: lavar los desechos de tierra (llamados estériles) que quedan de la explotación de las minas, para buscar restos de esmeraldas que les permitan ‘enguacarse’.

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Pero desde hace algunos años, la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Policía Ambiental prohibieron esta práctica por ser un contaminante de fuentes hídricas. Además, los procesos tecnificados a los que someten la tierra ya no dejan casi nada para los guaqueros.

“Es un tema de orden legal, de formalización de la minería”, le dijo a EL TIEMPO Neicer Albeiro Susa, alcalde de Muzo. Y su colega de Maripí, Imer Yaridma Murcia, agregó que la pandemia golpeó económicamente a los guaqueros y por eso buscan volver al oficio.

La situación es tal que –según el personero de Maripí, Germán Camacho–, aunque una empresa les daba un pago simbólico, el covid-19 suspendió la retribución y el trabajo en los estériles.

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“Al no poder trabajar de ninguna manera, incluso le dijeron a la empresa que no les pagara, pero que los dejara lavar los estériles, pero no obtuvieron el permiso. Es allí cuando se metieron a la fuerza”, añadió Camacho.

Sin embargo, empresarios y gente de la zona le dijeron a EL TIEMPO que detrás de lo sucedió hay otros móviles. De hecho, EL TIEMPO conoció un documento reservado en el que se asegura que hay redes criminales que han desatado la violencia de las últimas semanas.

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“Desde la muerte de Carranza (abril de 2013), esa red ha ejecutado asesinatos, intimidaciones, robo de esmeraldas e invasiones a las concesiones. También han patrocinado asaltos, generando graves daños y hurto de millones de dólares en esmeraldas”, se lee en el documento. De hecho, aseguran que si bien entre las 2.000 personas que intentaron tomarse la mina Puerto Arturo hay guaqueros, también hay foráneos.

“Hay gente de Putumayo, Nariño, e incluso venezolanos, que llegaron antes y durante los días de las protestas”, le dijo a este diario un oficial de inteligencia de la región. Y la versión la confirma un guaquero: “A la fiebre de las esmeraldas todos le corren. Detectamos gente que no era de los guaqueros tradicionales y dimos aviso a los coroneles de Policía y Ejército”

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A eso se une que, tal como lo reveló este diario, varios de la oficina de sicarios de Sanandresito de la 38 –que habían hecho alianzas con el clan de los Triana– han empezado a quedar en libertad por vencimiento de términos, incluido Yerson Istiben Triana, el heredero de Horacio Triana.

De hecho, no descartan que las capturas del viernes contra esta ‘oficina’ de sicarios haya sido producto de la delación desde Estados Unidos.

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La alianza entre sicarios y narcoesmeralderos incluía el movimiento de droga por corredores estratégicos que salen desde los Llanos y la mueven por la zona esmeraldífera hacia el centro del país.

Pero la alcaldesa de Maripí dice que en la zona no hay una sola hectárea de coca: “Si una o dos personas tienen problemas por narcotráfico, no se puede estigmatizar a la región. Hay gente honrada que quiere trabajar. Hacemos un llamado a la paz y a la reconciliación”. Agregó que si bien la gente “se rebotó”, se debe a que ha sido agraviada por un extranjero que quiere maltratar la región.

En la zona dicen que se refiere a Charles Burgess, el estadounidense que adquirió la mina de Carranza. A esto Burgess, aseguró: “Reiteramos nuestro compromiso con la comunidad, los mineros artesanales y las zonas de Muzo y Quípama, donde hemos venido desarrollando un compromiso desplegado durante 10 años. Incrementaremos nuestra inversión social, nuestra apuesta laboral y el apoyo a la región de la mina Puerto Arturo. Pero no podemos hacernos cargo de gente foránea y externa a la zona”.

Y aunque Edwin Molina, presidente de Aprecol, descartó de plano que los disturbios en las minas tengan nexos con un reciente crimen sucedido en Bogotá, las autoridades investigan. En efecto, el 28 de mayo fue asesinado Fray Genaro Cortés, quien trabajaba en el área de extracción de minas Santa Rosa. A las autoridades les llamó la atención que lo encontraran desnudo, con su novia, en la parte trasera de una camioneta Toyota y con signos de tortura.

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Por ahora, los videos que registraron los disturbios en la mina Puerto Arturo están siendo analizados para identificar a personas ajenas a los guaqueros que avivaron la ola de violencia.

Lo concreto es que, además de heridos, lo sucedido generó la intervención no solo del Ejército y de la Policía, sino del Gobierno. Con presencia del Ministerio de Minas, la Defensoría del Pueblo, las alcaldías, guaqueros y representantes de las empresas, se habilitaron mesas de trabajo para recuperar la calma y plantear soluciones.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO).

Es claro que el Estado debe generar otras alternativas laborales en la región, pero también, habilitar un dispositivo para frenar a las fichas de los viejos narcoesmeralderos que intentan regresar a la región para controlar narcocorredores y las minas de esmeraldas.

UNIDAD INVESTIGATIVA