Consejo de Estado no accedió a frenar uso de pistola 'taser'

El Consejo de Estado tiene, desde diciembre de 2016, una demanda que busca prohibirle a la Policía el uso de varias armas “no letales”, entre ellas la 'taser', que habría acabado con la vida de Javier Ordóñez.

El caso está en el despacho del magistrado ponente, Oswaldo Giraldo, pero la única actuación procesal data de febrero de 2019, cuando negó una medida cautelar que pretendía suspender el uso de esas pistolas eléctricas mientras el proceso surtía su curso jurídico. La demanda argumenta que se debe prohibir este tipo de armamento hasta que haya reglas explícitas para su uso con fines policiales.

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“Desde una perspectiva de probabilidad, si se hubiera accedido a los argumentos de la demanda, no se hubiera producido esta lamentable situación”, dijo el abogado Camilo Araque, autor de la demanda.

Araque busca dejar sin efecto la resolución de la Policía 02686 del 31 de julio de 2012, que, entre otras cosas, avaló como “armas de letalidad reducida” los dispositivos de control eléctrico. Pero esa norma fue modificada en 2015, en una resolución que cataloga los dispositivos de “shock eléctrico” como “armas no letales”, que solo pueden ser usadas cuando, entre otras circunstancias, “exista un riesgo razonable e inminente para la integridad física del policía o de terceras personas”.

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Para el consejero Giraldo, esa nueva norma dejó sin vida jurídica la demandada, y por eso no concedió la medida cautelar. Sin embargo, advirtió que podía pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de que la Policía pueda portar estas armas sin una reglamentación explícita.

El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura ha sostenido que su uso “causa severo dolor que constituye una forma de tortura”, y ha recomendado a los Estados miembro (incluido Colombia) “consideren abandonar el uso de armas eléctricas taser”.

De hecho, Araque precisó que en el Código de Policía hay prohibiciones explícitas para el uso civil de armas blancas o de gas pimienta, pero no de las armas de descarga eléctrica, que son de venta libre. Además, recordó que los propios fabricantes han reconocido que su uso sí puede ser letal.

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Para que el Consejo de Estado tome una decisión de fondo, Araque interpuso un recurso de impulso procesal el pasado 20 de marzo.

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