Esta es la respuesta de la Registraduría a la 'alerta' de Presidencia sobre proceso donde aparece Thomas Greg

la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en cabeza de Andrés Idárraga, le solicitó hace tres días a la Registraduría Nacional frenar la adjudicación de un millonario proceso que adelanta esa entidad para contratar una solución logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de elecciones.

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En la selección abreviada de menor cuantía, que asciende a 41.000 millones de pesos y ya cumplió todas las etapas legales, Idárraga advirtió que “se identificaron acciones que podrían limitar el plural de oferentes, facilitando que al mismo contratista (por ejemplo, Thomas Greg & Sons) le sea adjudicado”.

EL TIEMPO conoció en primicia la respuesta de la Registraduría a la 'alerta temprana' de Idárraga que coincide con varias cartas que envió el llamado Grupo Cadena a pesar de que no se presentó al proceso.

El Grupo Cadena es el mismo que presentó observaciones y denuncias en la la fallida  licitación de pasaportes que terminó desencadenado una demanda por parte de Thomas Greg contra la Cancillería por 116 mil millones de pesos. 

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La carta de respuesta, que no va firmada por el registrador Hernán Penagos, advierte al final que la Registraduría es una entidad autónoma e independiente de las ramas del poder público.

En el documento, dirigido a Iveth Lorena Solano Quintero, coordinadora para el análisis, prevención e innovación de la lucha contra la corrupción de la Secretaría de Transparencia, se asegura que las observaciones contenidas en la comunicación de Idárraga son similares a las presentadas por otro interesado en el marco del proceso de contratación de la convocatoria pública. 

Aunque no los mencionan, se trata del Grupo Cadena a quienes se les contentaron los mismos interrogantes.

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"Esto sugiere que se están tratando temas que ya han sido minuciosamente revisados y analizados por las áreas técnicas responsables de la entidad. Esta evaluación no se limitó únicamente a la fase de planificación, sino que también se llevó a cabo en el contexto de una evaluación exhaustiva de los argumentos presentados por los  participantes en la convocatoria pública", se lee en la carta.

Y agregan que en cuanto a los reparos específicos respecto de presuntas acciones que pueden estar limitando el plural de oferentes a la participación en el proceso de selección respecto a lo ajustado del plazo de ejecución del contrato, "se ha explicado en el marco del estudio previo y de las respuestas a las observaciones de los interesados, que debe tenerse en cuenta la necesidad de cumplir con unos cronogramas electorales, los trámites presupuestales previos al proceso de selección del contratista y el proceso de selección mismo, todo lo cual hace imposible que su inicio sea anterior y, a la vez, que el plazo de ejecución pueda extenderse por un tiempo adicional".

De hecho, aseguran que debe tenerse en cuenta que la Registraduría Nacional ha cumplido con cada una de las actividades necesarias para adelantar el proceso contractual.

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"Los plazos contractuales previstos son producto de las diferentes etapas del calendario electoral como lo son el cierre de inscripción de candidatos o del censo electoral, base de cualquier certamen democrático, y que conllevan que tanto el objeto como su alcance dependan del cierre o vencimiento de estos, establecidos por las normas vigentes en la materia, que de la mano del trámite propio de este tipo de procesos de selección, resultan adecuados para que un contratista idóneo y experto pueda ejecutar cabalmente las actividades contractuales", se lee en el documento conocido en primicia por EL TIEMPO.

Por eso, el órgano electoral señala: "No existe una limitación injustificada a la pluralidad de oferentes, con la precisión de que las circunstancias que rodean el certamen electoral no pueden cumplirse o agotarse en plazos diferentes a los planteados, toda vez que se trata de etapas preclusivas de orden legal y que tienen por fin garantizar a la ciudadanía la salvaguarda de sus derechos (...) no es cierto que exista una limitación injustificada a la competencia y a la pluralidad de oferentes, sino que se trata de la aplicación de criterios de experiencia consolidados a través de los diferentes procesos contractuales adelantados por la entidad a lo largo de los años, los cuales resultan adecuados y proporcionales de cara a garantizar la idoneidad del contratista que ejecutará las actividades requeridas por la entidad para cumplir con su objetivo misional".

En relación con la supuesta falta de claridad del análisis económico del que habla la Secretaría de Transparencia en la carta, aseguran: "Debe señalarse que en el estudio previo existe una explicación pormenorizada de cómo la entidad diferenció en el estudio previo el valor de mercado del componente kit electoral, y los valores de los componentes de preconteo, apoyo tecnológico a escrutinios, recolección y digitalización de E-14 y digitalización de E-11. En este último caso, producto de las sustanciales diferencias entre las cotizaciones presentadas, la entidad decidió establecer los valores históricos indexados para estos componentes, como quedó reflejado en el estudio.

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Para la Registraduría es claro que el presupuesto "se fijó en atención al estudio de mercado y que, en los casos en que fue necesario, dicho estudio fue ajustado a los valores históricos pertinentes, con lo cual se pretendió que el presupuesto estimado fuera suficiente para cubrir las actividades y, a la vez, que no existieran sobrecostos. La entidad cumplió con realizar el análisis a que hace referencia en su escrito, pues e buscó a todas luces garantizar que el presupuesto estimado permitiera la adecuada prestación de los servicios a contratar".

En la carta de 5 puntos enviada por la Resgitraduría a la Presidencia, también se refieren a los requisitos habilitantes que para la Secretaría de Transparencia no cumplirpian con los principios de la contratación estatal. 

"La Registraduría Nacional revisó nuevamente las exigencias de experiencia y capacidad financiera y operacional, encontrando que ellas son adecuadas con el objeto del contrato y proporcionales con el presupuesto y las actividades a ejecutar, obedeciendo a particularidades, características y requerimientos propios del proceso, sin que se adviertan exigencias que limiten la competencia", señala la Regisraduría.

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Y aseguran que toda la informacipon requerida por Presidencia se encuentra en los estudios y documentos previos elaborados por la entidad, los cuales están publicados en el Secop II. 

Finalmente manifiestan que con la solicitud sobre el listado de empresas que la Registraduría Nacional tiene identificadas en el sector, que para la fecha del cierre del proceso cuenten con un sistema de información en los términos requeridos para la ejecución del contrato "es menester indicar que precisamente esa es la finalidad de la convocatoria pública que se está adelantando".

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

La carta está firmada por Carlos Antonio Coronel, registrador delegado en lo electoral; Alejandro Alberto Campo, gerente de informática; Sabrina Cajiao, gerente istrativa y financiera; Rafael Antonio Vargas, director de gestión electoral; Carlos Iván García, director istrativo y Renato Rafael Contreras, jefe de oficina jurídica de la Registraduría.

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