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Investigación
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El certificado falso por el que hace 20 días se cayó en el Ejército otro proceso para obras en bases militares
Ascendía a $ 7.200 millones y fue adjudicado por el coronel Juan Carlos Mosquera, el mismo de la licitación de los detectores de minas. Mintrabajo confirmó falsedad del documento.
La Central istrativa y Contable (Cenac) del Ejército. Foto: Archivo particular
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De manera casi paralela al polémico proceso de adquisición de detectores de minas antipersona –hoy bajo investigación de la Fiscalía y de la cartera de Defensa–, la Central istrativa y Contable del Ejército (Cenac de Ingenieros) hizo otra millonaria adjudicación que tuvo que revocar.
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Se trata de la contratación del mantenimiento de varios alojamientos de tropa en unidades del Ejército Nacional y hasta de un casino para los militares.
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El 20 de septiembre pasado se le adjudicó el contrato al Consorcio Verde Vertical, por 7.220 millones de pesos.
Revocatoria instantánea
El batallón de caballería mecanizado No.4 de Rionegro (Antioquia), es uno en los que se realizarán las obras. Foto:Ejército
EL TIEMPO tuvo a una resolución, expedida un mes después, en la que la Cenac de Ingenieros tuvo que revocar la adjudicación por irregularidades que incluyen una certificación falsa que apareció entre los documentos aportados por el consorcio ganador.
Esta es la revocatoria del contrato de obras. Foto:EL TIEMPO
Además, EL TIEMPO investigó y estableció que entre los documentos con los que el consorcio ganador acreditó experiencia está un ‘endoso’ de obra que le hizo otro consorcio.
Lo que llama la atención es que en ese consorcio aparece una de las firmas estelares del escándalo de corrupción del contrato de conectividad de Centros Poblados, en la era Duque.
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Pero ese punto no se menciona en la Resolución 00007438, del pasado 25 de octubre, en la que se tumbó la primera adjudicación y se le tuvo que entregar el contrato de obras al segundo proponente en puntaje –Inproconge– por los vicios de fondo que se encontraron.
De hecho, en el mismo documento se anuncia que se remitió el caso a las autoridades “por falsedad en documento público por parte del consorcio elegido: Ingeniería Verde Vertical, representado por Álvaro Páez”.
Las alertas
El Ministerio de Trabajo confirmó que el certificado es falso. Foto:Archivo particular
EL TIEMPO tuvo al expediente y a la resolución y allí se mencionan irregularidades de diferente tenor.
Por ejemplo, el consorcio Inprocoge asegura que la Cenac de Ingenieros no tuvo en cuenta las observaciones que ellos hicieron tras una detallada revisión de los documentos que aportó el consorcio que resultó ganador, compuesto por la firma Verde Ecológico SAS (con un 70 %), Construcciones Macoing (con un 20 %) e Ingeniería Vertical ING SAS (con un 10 %).
“La entidad, temerariamente, no realizó la verificación de la documentación que fue observada (objetada) en diferentes ocasiones”, señaló Inprocoge.
Y, tal como sucedió en la licitación para la compra de los detectores de minas, en este caso también se pusieron de presente las presuntas irregularidades en la audiencia de adjudicación, pero fueron ignoradas por el comité evaluador y por el ordenador del gasto.
La certificación falsa
Esta es la certificación falsa presentada al Cenac por el consorcio Verde-Vertical. Foto:EL TIEMPO
Además de documentos presentados a destiempo, en este proceso le metieron a la Cenac de Ingenieros una certificación falsa supuestamente proferida por el Ministerio de Trabajo.
Con esta se buscaba cumplir con el requisito de involucrar en las obras a empleados con discapacidad.
“Llama la atención que, como sucedió en el proceso de los detectores de minas, no se les dio tiempo a los otros proponentes para controvertir los documentos que resultaron apócrifos”, le dijo a EL TIEMPO una fuente de la cartera de Defensa.
En efecto, una vez cerrado el proceso y cuando las obras en los alojamientos militares ya se estaban programando, fue la firma que quedó en segundo lugar de elegibilidad –Inprocoge– la que confirmó que el documento que el consorcio había entregado era falso.
La cartera de Trabajo lo certificó. Por eso, de inmediato presentaron una solicitud de revocatoria de adjudicación en la que aseguran que hubo violaciones a estatutos de contratación.
En este documento el Mintrabajo confirmó que la certificación es falsa. Foto:EL TIEMPO
“Se puso en conocimiento de la entidad la falsedad del documento de vinculación de personas con discapacidad aportado por el consorcio Ingeniería Verde Vertical. Solicitamos que sea verificado el certificado del personal en condición de discapacidad entregado, el cual no corresponde al número de radicado con el año de presentación que fue 2024”, se lee en la solicitud de revocatoria.
De hecho, aseguraron que, a pesar de las advertencias hechas a la Cenac de Ingenieros, se adjudicó el contrato argumentando que no era procedente rechazar al consorcio solo por el certificado de discapacidad, toda vez que la entidad no obtuvo respuesta del Mintrabajo.
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Pero, horas más tarde, en medio de la audiencia de adjudicación, se subió al Secop II la respuesta de la cartera de Trabajo: “Una vez revisada la base de datos, se pudo constatar que el certificado adjunto no fue expedido por la coordinación de atención al ciudadano y trámites del Mintrabajo”.
El coronel Mosquera
El coronel Juan Carlos Mosquera Mesa –el mismo del proceso de los detectores de minas– fue quien adjudicó el proceso al consorcio Ingeniería Verde Vertical. Foto:Archivo particular
Después de esa confirmación, el 25 de octubre la Cenac no tuvo otro camino que revocar.
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Esta vez, como ordenador del gasto, el teniente coronel Julián Andrés Arango Betancourt, resolvió revocar la resolución del 20 de septiembre, con la cual el coronel Juan Carlos Mosquera Mesa –el mismo del proceso de los detectores de minas–adjudicó el proceso al consorcio Ingeniería Verde Vertical.
OLT Logistic y el endoso
OLT Logistic está vinculadas a Ottomar Lascarro (izq.), ficha de Emilio Tapia (der.), vinculados al escándalo de Centros Poblados. Foto:EL TIEMPO
Pero EL TIEMPO investigó y estableció que la presunta falsedad en el documento no es el único tema llamativo en este caso.
Este diario revisó la documentación del proceso y encontró que una de las firmas que conformaba el consorcio al que se le quitó el contrato –Ingeniería Vertical ING SAS– acreditó experiencia con la construcción del Centro Internacional del Festival del Porro, en San Pelayo (Córdoba), en donde aparece en asocio con otra firma.
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Lo que llama la atención es que el socio de Ingeniería Vertical ING recibió en cesión parte de esa obra de la firma OLT Logistic SAS.
Se trata de una de las firmas vinculadas a Ottomar Lascarro, ficha de Emilio Tapia, vinculados al escándalo de Centros Poblados.
Este es el contrato en el que OLT Logistic cede la participación a Coning Construcción y obras de Ingeniería accionista de Ingeniería Vertical ING. Foto:EL TIEMPO
“La firma de Lascarro, hoy en juicio por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito, terminó endosando parte de una obra en la costa con la que acreditaron experiencia”, señaló un funcionario de la Cenac de Ingenieros.
Y agregó que ya empezaron a hacerle trazabilidad al tema, pero OLT Logistic SAS cambió de nombre.
Por su parte, allegados al Consorcio Ingeniería Verde Vertical señalaron que el tema de la certificación falsa fue un error, que la acreditación de la experiencia es legal y que las empresas que la conforman actuaron apegadas a la ley.
¿Qué pasó con el proceso contra Ottomar?
Desde de junio de 2022, la Fiscalía radicó escrito de acusación contra Ottomar Lascarro por los delitos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento y fraude procesal, en relación con el contrato de tecnología con la cartera de las TIC.
Su apoderado pidió aplazamiento de una de las audiencias para evaluar preacuerdo o principio de oportunidad. Pero no prosperó y su cliente no aceptó cargos.
Las preparatorias del juicio culminaron y se apelaron unas pruebas solicitadas por la defensa de otros implicados.
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DETRÁS DE LA NOTICIA
EL TIEMPO conoció una resolución emitida por Mintrabajo en donde se revocó un contrato de mantenimiento de instalaciones del Ejército que asciende a los 7.200 millones de pesos. Según la entidad, el oferente ganador había presentado un documento falso. La investigación se realizó en Bogotá, Colombia.
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