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La millonaria fuga de dinero en el Ejército por planta de combustible
Costó $ 16.000 millones y salpica a aviación militar. Ordenan ubicar bienes y cuentas de implicados.
La planta de combustible de Tolemaida estaba estimada en $ 3.800 millones y terminó costando $16.000. Foto: Contraloría
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El Grupo de Búsqueda de Bienes de la Contraloría General completa varias semanas ubicando propiedades y registros de cuentas bancarias de Ariel Pongutá Ortiz y de José William Solano Llano.
Se trata de dos coroneles del Ejército involucrados en la reubicación, modernización y ampliación de la planta de combustible, ubicada en el campo aéreo de Tolemaida, que ya le ha costado al país más de 16.000 millones de pesos.
(Lo invitamos a leer: Pagaron $16.000 millones por planta para aviación militar que no opera)
El hecho de que apareciera entre los presuntos responsables fiscales Pongutá Ortiz está llevando a darle una segunda mirada al caso. Incluso, EL TIEMPO estableció que la Fiscalía lo está investigando
Hasta hace un año, cuando EL TIEMPO reveló las irregularidades de la obra, que inicialmente iba a costar 3.800 millones de pesos, se hablaba de una mala planeación e incluso de una inversión injustificada, a pesar de que el propio Ejército insiste en que era necesario ejecutarla.
Pero el hecho de que apareciera entre los presuntos responsables fiscales Pongutá Ortiz está llevando a darle una segunda mirada al caso. Incluso, EL TIEMPO estableció que la Fiscalía lo está investigando.
Pongutá es el mismo al que se le imputaron cargos por la compra irregular de visores nocturnos para el Ejército, que ponían el riesgo la vida de los soldados al no cumplir especificaciones técnicas. Por ese caso, que ascendió a cerca de 2.000 millones de pesos, ya hay capturas.
Pero en el expediente de la planta de combustible de aviación, el daño patrimonial asciende a 15.000 millones de pesos, dice la Contraloría.
(Le puede interesar: Visores comprados para Fuerzas Especiales ponían en riesgo a militares)
Desfile militar 20 de julio Foto:César Melgarejo / El Tiempo
¿Omisión?
La Contraloría está escuchando en versión libre a los implicados en el caso. Foto:Contraloría
Además, puso los reflectores en otras denuncias relacionadas con presunta compra y suministro irregulares de combustible para las aeronaves del Ejército.
En el caso de la planta de Tolemaida, la Contraloría delegada para el Sector Defensa y Seguridad afirma, incluso, que el Ejército no tenía necesidad de hacer esa millonaria inversión.
Aunque, en su momento, voceros de la institución le aseguraron a EL TIEMPO que la nueva planta de combustible “fortalecerá aún más las capacidades de la aviación”, el ente de control opina diferente.
Después de 8 años de obras y tres contratos, la Contraloría dictaminó que la planta no estaba funcionado. Foto:Contraloría
Solano –supervisor del contrato–, “no advirtió irregularidades que desde el inicio presentó la contratación, la proyección del presupuesto y la forma en que se adelantó la contratación”
En el caso de Pongutá, entonces jefe de la Central Contable Especializada de Aviación, señala que “recibió la obra sin que los equipos, tuberías instaladas y sistemas de control estuvieran operando y sin verificar su funcionamiento”.
Y sobre el otro mencionado, el teniente coronel Solano –supervisor del contrato–, señala que “no advirtió las irregularidades que desde el inicio presentó la contratación del proyecto, la proyección del presupuesto y hasta la forma en que se adelantó la contratación”.
Pero ellos no son los únicos que deberán responder en el proceso ordinario de responsabilidad fiscal, abierto en marzo.
En el expediente también aparece el mayor Luis Carlos Ardila Suárez, miembro del comité estructurador; Manuel Siatoya Gómez, gerente del proyecto, y Franklin Campos.
La Contraloría ordenó el rastreo de bienes de los implicados, a quienes escucha en versión libre. Foto:EL TIEMPO
Versiones libres
Además, la Constructora CRD S. A., el Grupo Empresarial Ingecol S. A. S. – interventora técnica, istrativa, financiera y ambiental– y dos aseguradoras que aparecen como terceros civilmente responsables.
Las visitas técnicas de la Contraloría evidenciaron que, tras 8 años de obras, la planta no estaba prestando ningún servicio, “ya que los equipos, tuberías instaladas y sistemas de control se recibieron sin estar funcionando ni en operación”.
Y agrega que Ingecol, como interventor del contrato, debía garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.
La Contraloría ya ha venido escuchando en diligencia de versión libre y espontánea a los presuntos responsables fiscales vinculados a este proceso. Y hasta ahora, todos señalan que obraron de manera legal, transparente y apegados a las normas.
De hecho, están allegando documentos sobre sus actuaciones.
Otros casos bajo la lupa
Se indagan otros casos, incluida la pérdida de más de mil millones de pesos en combustible de avión de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.
En todo caso, se le pidió al Ejército un informe del estado de la indagación disciplinaria adelantada por la Brigada de Aviación n.º 25, sobre el mantenimiento y adecuación de la planta.
El interés es establecer los mecanismos que se aplicarán para echarla a andar y a quién se le va a entregar su operación.
En el Ejército han insistido en que la vieja planta de combustible debía reubicarse porque representaba un grave riesgo para el personal. Además, que internamente se estaba adelantando una investigación sobre los retrasos en obras y adiciones.
Pero esa no es la única investigación que hay relacionada con el combustible de aviación e incluso el de vehículos.
EL TIEMPO estableció que se indagan otros casos, incluida la pérdida de más de mil millones de pesos en combustible de avión de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.
La propia Fuerza Aérea denunció el caso –en 2016– y avanza en indagaciones disciplinarias internas.
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