Dimar Torres: crimen a sangre fría que buscan pasar a justicia militar

Soldados lo espiaron y planearon su muerte vía chat. Jueza definirá si le quita el caso a Fiscalía.

Dimar Torres Arévalo es un exintegrante de la guerrilla de las Farc, que fue asesinado cuando se movilizaba por la zona rural del municipio de Convención (Norte de Santander). Foto: Archivo Particular

02.11.2019 23:46 Actualizado: 03.11.2019 00:42

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La jueza Maribel Concepción Correa Rodríguez tendrá que definir en las próximas horas la suerte procesal de uno de los crímenes más macabros que, al igual que los del Cauca, tiene aterrado al país: el del excombatiente de las extintas Farc Dimar Torres Arévalo, ocurrido el pasado 22 de abril en la zona de Campo Alegre, municipio de Convención, Norte de Santander.

Si bien la Fiscalía asumió el caso, la defensa del oficial de mayor rango implicado en este crimen –el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita– solicitó que el expediente fuera pasado de la jurisdicción ordinaria a la Justicia Penal Militar.

Para Diana Yeniffer Prada Arismendy, abogada del oficial, los cuatro disparos que recibió Dimar Torres, tras atender una supuesta orden de requisa, provinieron de armamento del Ejército usado por uniformados en ejercicio activo de sus funciones castrenses.

Esta tesis fue respaldada por el abogado Jairo Andrés Santos Peñaloza, representante de los uniformados Cristian Casilimas, Yorman Buriticá y William Alarcón, también vinculados al proceso.

Para Santos Peñaloza, a las 5:40 p. m. de ese 22 de abril, cuando Torres fue ultimado a tiros, todos los militares implicados eran activos del Batallón de Operaciones Terrestres n.º 11 del Ejército.

La Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura –hasta donde se elevó el caso– se abstuvo de pronunciarse sobre este conflicto de competencias que la defensa de los uniformados busca configurar.

El soldado Daniel Gómez le escribió a su superior: "Coronel, ya lo maté. Foto:La Opinión

Seguimientos y chats

Por eso le devolvió el proceso a Correa, jueza 8 penal municipal con función de control de garantías.

La decisión de la jueza, con más de dos décadas de experiencia, la anteceden varias declaraciones de fondo, como las del ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien calificó el caso como un concierto para delinquir y advirtió que se trató de un hecho fuera del servicio.

Incluso, Botero se quejó de que Pérez Amézquita no hubiera sido capturado aún, a pesar de que pidió la baja del Ejército.

De hecho, el ministro, que ya sorteó una moción de censura en el Congreso por este caso, calificó de lento el desarrollo de la investigación: “Cero tolerancia con hechos que manchen el honor militar”.

“Si mandan la investigación a la justicia militar sería abrir una fosa para enterrar el caso de mi hermano, como ya quisieron hacer en un comienzo con él y con su cuerpo”, le aseguró a EL TIEMPO Yaneth Torres, hermana de Dimar.

Si mandan la investigación a la justicia militar sería abrir una fosa para enterrar el caso de mi hermano

La joven se refiere a que uniformados intentaron enterrar a Torres antes de que llegaran las autoridades. Y confirmó que la familia y sus abogados están trabajando para argumentar ante la jueza que la evidencia es tan contundente y demoledora que no hay duda de que se trató de un asesinato premeditado.

De hecho, le revelaron a este diario que analizan demandar al Estado por lo que llaman es “claramente un caso de falso positivo”. “Si quisieron ocultar el asesinato de mi hermano, el que ahora piensen en que se vaya a la justicia militar es pura impunidad, es llevar el caso al olvido”, enfatizó Torres.

Y aseguró que no se puede calificar como un acto del servicio disparar a mansalva a un hombre desarmado, intentar cavar una tumba para desaparecerlo y hasta desvencijar las partes de su moto para ocultarlas.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció medidas contra varios militares. Foto:AFP

Esta afirmación se basa en revelaciones que ha hecho la propia Fiscalía, la cual alista nuevas imputaciones. Según Fabio Espitia, fiscal general (e), la evidencia da para acusar por homicidio agravado en persona protegida a los responsables.

Desde el pasado 9 de septiembre, durante la audiencia de formulación de imputación al coronel Pérez Amézquita y a los demás uniformados acusados del asesinato de Torres, se comenzaron a revelar detalles de un homicidio por el que hasta se ha pedido la salida del cargo del ministro Botero.

En efecto, la Fiscalía dijo ese día que el cabo segundo Daniel Gómez Robledo –quien le disparó al ex-Farc– le reportó al coronel Pérez que ya tenía la ubicación de la vivienda del occiso, sus rutinas, medios de transporte, y que lo individualizó por medio de fotografías y las relaciones que tenía en redes sociales.

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En el relato de la Fiscalía se asegura que Pérez Amézquita le respondió al cabo: “A ese man no hay que capturarlo, sino que hay que matarlo, porque no aguanta que quede en la cárcel”. Por eso, dijo el fiscal del caso en la imputación, a las pocas horas de ese reporte se “le realizó una requisa y, al no encontrarle nada ilícito, el soldado Gómez cumple con el mandado ordenado por el coronel Pérez y le dio de baja”.

Ahora se sabe que los militares culpaban a Torres por la muerte de un soldado: Pablo Emilio Borja García, víctima de una mina antipersona.

La revista Semana reveló otras conversaciones entre los militares implicados y el hecho de que abrieron un grupo de WhatsApp exclusivamente para perpetrar el crimen de Torres. De hecho, el grupo llevaba su nombre.

Mi coronel, ya lo maté

“Mi coronel, ya lo maté”, dice uno de los reportes del cabo a Pérez Amézquita.

Y este, antes de pedirle que no se comunique por radio sino por el chat, le responde: “Qué decía el h. p. (…), chequeelos (a la comunidad) porque esos son los que siguen”.

Esta evidencia está en manos de la jueza Correa Rodríguez y esta semana se pronunciará en torno a si los uniformados involucrados en el asesinato de Dimar Torres realizaron un acto del servicio o un crimen.

La decisión de la jueza se conocerá al mismo tiempo en el que uno de sus colegas decida si avala el principio de oportunidad al que llegaron la Fiscalía y la defensa del cabo Gómez Robledo, en el que acepta cargos a cambio de beneficios.

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