Canal del Dique: las 4 dudas que frenaron la millonaria licitación

En la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estaban seguros de que iban a alcanzar a adjudicar la millonaria obra para la construcción del llamado canal del Dique antes del cambio de gobierno.

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Ya se había abierto el primer sobre con los requisitos habilitantes de la firma Sacyr, la única que se presentó al proceso de la alianza público privada (APP), tasado en 3,09 billones de pesos, que contempla la construcción de esclusas y compuertas para contener las graves inundaciones y sedimentaciones en la costa Caribe.

A pesar de las dudas que rondaban el proceso, algunas ventiladas en el empalme, se siguió adelante con el cronograma. Según este último, el 5 de agosto estaba prevista la audiencia para la adjudicación del proyecto.

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Pero a última hora, el proceso se paralizó por cuenta de una alerta de la Contraloría General (revelada por EL TIEMPO); que se sumó a una sanción a la matriz de Sacyr en España.

En efecto, el director saliente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, anunció que la adjudicación de la mega-obra quedaba aplazada hasta el 12 de agosto (en el arranque del gobierno Petro) por el requerimiento de la Contraloría.

Tal como lo reveló este diario, el ente de control empezó por advertir que se “denota un posible riesgo en el proceso de adecuada adjudicación de la licitación”, entre otras razones porque hay inconsistencias en el cumplimiento de requisitos habilitantes del único oferente: Sacyr S. A. S.

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Entre los trámites con posibles fallas que señala el ente de control se encuentra el acta de junta directiva de Sacyr con la que se aprobó la presentación de la oferta.

“En dicha acta se menciona y aparece votando un miembro de esta que claramente no hace parte de la misma, puesto que fue removido hace más de 9 meses, según lo establece el certificado de existencia y representación legal que el propio proponente presentó con su oferta”, se lee en el documento firmado por el delegado Luis Fernando Mejía. También señala que no votaron todos los de la junta.

Pero las observaciones de la Contraloría van más allá.

Advierte “diferencias aritméticas” en valores presentados por Sacyr en el proceso licitatorio.

“La aportada Certificación de Experiencia en Inversión de la Empresa Desarrollo Vial al Mar S. A. S. no cumple con los requisitos establecidos en el literal A del numeral 4.4.2. del Pliego de Condiciones y sus adendas, toda vez que se certifica un porcentaje de participación patrimonial del oferente Sacyr Concesiones Colombia S. A. S. en la empresa Desarrollo Vial al Mar S. A. S. del 37,49 por ciento, el cual es menor al requisito establecido para poder certificar la situación de control (+50 por ciento)”, se advierte.

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Además, la Contraloría le preguntó a la ANI si se verificaron los posibles efectos que podría traer sobre la ejecución del proyecto la reciente sanción aplicada en España a la firma matriz y 100 por ciento controlante del oferente: Sacyr.

En efecto, la firma española acaba de interponer una acción en la que apeló la sanción que le impuso, el pasado 5 de julio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Y las conductas no son menores. Se habla de presuntamente haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras, conducta que Sacyr niega.

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En todo caso, la Contraloría le pidió a la ANI constatar la real capacidad financiera de Sacyr, teniendo en cuenta que también estaba aspirando a otra megaobra: la 5G Buga-Buenaventura.

En efecto, aunque la adjudicación del canal del Dique se frenó, la ANI le entregó a Sacyr la construcción de esa vía en el Pacífico, que exige una inversión por 4 billones de pesos, de los cuales 2,21 billones serán en obra y 1,84 billones de pesos, en operación y mantenimiento.

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EL TIEMPO estableció que, hasta ahora, la ANI no le ha respondido a la Contraloría si son o no subsanables las observaciones que hizo sobre el proceso, las cifras y el músculo financiero de Sacyr. Tampoco, si ya se evaluaron los efectos de la investigación en España.

Lo único que remitió la entidad fue una carta a la Procuraduría en la que solicitaban su “intervención urgente en la audiencia de adjudicación” que no se hizo.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

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