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Aerolínea de EE. UU., en medio de millonaria pelea por bono de carbono indígena

Comunidad del Vaupés denuncia falsedades y sobornos para armar el proyecto, por $ 15.293 millones.

La comunidad del Pirá Paraná, ubicada a 712 kilómetros de Bogotá, está dividida por este caso y se ha paralizado incluso el proceso de toma de decisiones. Foto: Cortesía

11.02.2023 23:14 Actualizado: 12.02.2023 00:00

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Gruesas sumas de dinero empezaron a circular por las selvas del Vaupés a mediados de 2022. Los fajos estaban en manos de un puñado de pobladores que conforman el territorio indígena Pirá Paraná, ubicado a 712 kilómetros de Bogotá, en la ribera del río que lleva su nombre.

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Cuando el consejo indígena empezó a indagar qué estaba sucediendo, líderes aseguraron que firmaron documentos para la venta del bono de carbono que venían planeando constituir desde finales de 2019.

Las actividades humanas han incrementado la cantidad de gases de efecto invernadero. Foto:EFE. Archivo

Aunque puede sonar exótico, esos bonos son un moderno mecanismo internacional de descontaminación, creado después de la aprobación del Protocolo de Kioto, que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el ambiente.

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En el papel resulta sencillo entenderlo: una comunidad delimita un área que emita oxígeno y contribuya a la absorción de CO₂ o dióxido de carbono. Luego, ese bono o crédito de carbono se negocia con empresas que emiten gases de efecto invernadero (como las aerolíneas y petroleras) para compensar las emisiones de gas que producen.

La denuncia ante Fiscalía

Esta es la denuncia instaurada ante la Fiscalía, en octubre 2022. Foto:EL TIEMPO

En el caso del Pirá Paraná, el bosque de selva delimitado para el bono supera las 5.554 hectáreas, que se habrían negociado por 15.293 millones de pesos por un periodo de 29 años.

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El proyecto —bautizado Baka Rokarire~iatir+~dito— resulta atractivo si se tiene en cuenta que a cada una las 17 comunidades que conforman el consejo indígena les correspondería una jugosa partida para invertir en proyectos de vivienda, educación y hasta de transporte.

La zona del río Pirá Paraná, está ubicada en el departamento de Vaupés, a 712 kilómetros de Bogotá. Foto:Google Maps

A cada una las 17 comunidades que conforman el consejo indígena les correspondería una jugosa partida para invertir en proyectos de vivienda, educación y hasta de transporte.

Pero el consejo indígena asegura que el bono se constituyó y negoció de manera ilegal, desconociendo que son el “máximo y único órgano representativo de gobierno”, inscrito en la cartera del Interior en abril de 2020.

Hablan de falsedades en los datos y en el procedimiento que se adelantó para el diseño y ejecución del proyecto por parte de sus desarrolladores: la ONG Masbosques y Proambiente S. A. S.

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A pesar de sus denuncias, el bono terminó siendo negociado con Delta Air Lines, multinacional estadounidense (tercero de buena fe), a la que le enviaron una carta hace tres meses contándole lo sucedido.

Para este lunes, la aerolínea tenía programados unos 3.300 vuelos, entre ellos 453 salidas internacionales. Foto:EFE

EL TIEMPO investigó el caso y habló con Wilmer Gómez, designado como vocero del Consejo Indígena del Pirá Paraná, conformado por 17 capitanes y 6 tradicionales (guardianes del sistema del conocimiento).

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“El territorio del Pirá Paraná está fracturado por la implementación del proyecto con la empresa Masbosques (…) Interpusimos acciones legales porque no se cumplió el protocolo de consulta. Vulneran y desconocen nuestros derechos fundamentales, que consagra la Constitución. Hicieron el procedimiento con personas que no estaban facultadas”, dijo Gómez, miembro del consejo indígena y capitán de la comunidad Toaka y del territorio ancestral Makuna.

Wilmer Gómez, vocero del Consejo Indígena del Pirá Paraná. Al fondo, de comunidades del territorio. Foto:EL TIEMPO

¿Falso representante?

Fabio Humar Jaramillo., abogado de C.I.J. Gutiérrez Foto:Archivo particular

Y así se lee en una denuncia instaurada ante la Fiscalía, en octubre de 2022, por el conocido penalista Fabio Humar, apoderado del consejo indígena.

La persona de la que hablan es Jhon Fredy Benjamín Londoño, representante legal de las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (Acaipi), órgano que —dicen— fue reemplazado por el consejo indígena.

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Benjamín firmó un contrato de mandato con el director ejecutivo de Masbosques, Jaime Andrés García, para un proyecto de Reducción de Emisiones por la Deforestación y Degradación de Bosques (Redd+).

Según el penalista Humar, “ese documento fue suscrito dos semanas después de que a Benjamín se le revocó el cargo como representante de Acaipi. Es decir, invocó una calidad que no ostentaba, y así la tuviera, no tenía la autorización para vincular jurídicamente al territorio”.

La división entre capitanes

De hecho, en 2021, un hermano de Benjamín ya había expuesto la propuesta de Masbosques y Humar dice que fue rechazada por los sabedores indígenas. Además, el 17 de septiembre de 2019, ya se había suscrito un acuerdo de exclusividad entre el consejo indígena y la ONG Gaia Amazonas, “para la identificación de oportunidades que permitan la implementación de un programa Redd+”.

Hoy, la comunidad del Pirá Paraná está dividida por este caso y se ha paralizado incluso el proceso de toma de decisiones.

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De los 17 capitanes, 11 apoyan el proyecto de Masboques. En la otra orilla están seis capitanes y los seis tradicionales.

De hecho, antes de la denuncia penal, el Consejo Indígena —a través de su representante legal, Fabio Valencia; y de Jesús León, de Acaipi— interpuso una tutela contra Masbosques y otros, para frenar el proyecto.

La tutela se initió por improcedente. Pero el Tribunal Superior de Bogotá compulsó copias a la Fiscalía y a la cartera de Ambiente. Y a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Humar pidió que se investigue falsedad en documento público y privado, falsedad personal, estafa, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y actos de discriminación.

A pesar de las diferencias de fondo, el bono de carbono se vendió a la compañía Latín CheckOut y ahora, según la plataforma Eco Registry, aparece a nombre de Delta Air Lines.

La defensa de Masbosques

Según la plataforma Eco Registry, el bono aparece a nombre de Delta Air Lines. Foto:EcoRegistry

EL TIEMPO buscó a los desarrolladores del proyecto, quienes designaron como vocero al apoderado de Masbosques, el abogado Ricardo Giraldo.

Tras insistir en que las preguntas se enviaran por escrito, Giraldo señaló que la denuncia interpuesta es falsa y sesgada. Y que se debe preguntar si hay detrás alguna empresa privada interesada en ser la única en emitir bonos de carbono.

En su criterio, el contrato de mandato es “válido, legal y sin vacíos jurídicos”, ratificando el trabajo que se hizo tiempo atrás con la comunidad y sus líderes.

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Anotó, además, que Masbosques no podía firmar el contrato con el consejo indígena porque “es una figura que se encuentra en construcción y está en la primera fase de implementación del Decreto 632 de 2018”.

Según Giraldo, mientras se culminan las demás etapas que indica la norma y se formaliza la puesta en funcionamiento del territorio indígena ante el Ministerio del Interior, Acaipi tiene plena vigencia y está autorizada para la suscripción de convenios, contratos y acuerdos.

El abogado Ricardo Giraldo Cifuentes, apoderado de Masbosques. Foto:Ricardogiraldoabogado.com

En cuanto al rol de Benjamín Londoño, el abogado de Masbosques asegura que era el representante legal de Acaipi para la fecha de la firma del contrato, tanto es así que un día después suscribió un contrato con el departamento del Vaupés por más de 2.840 millones de pesos.

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Incluso, Giraldo llamó la atención en que en la denuncia no se mencionó ese contrato. Tampoco las constancias de entidades que (como la cartera del Interior) certificaron —dentro de la acción de tutela— en qué etapa se encontraba la conformación del consejo indígena.

El origen de la plata

El bono se habrían negociado por 15.293 millones de pesos por un periodo de 29 años. Foto:EcoRegistry

En cuanto a las falsedades (en datos del proyecto), aseguró que allí se plasmó información entregada por la población.

Y sobre el dinero que han recibido algunos indígenas, aclaró que son producto de la venta de los bonos de carbono. Y que han sido invertidos en mejoramiento de viviendas, construcción de malocas y bonos estudiantiles, entre otros fines: “Nunca se ha tratado de sobornos o dádivas como se quiere hacer ver (...). Nunca será la política de Masboques el financiar la corrupción”.

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Agregó que el dinero se manejó a través de una fiducia y los pagos fueron distribuidos por disposición de las comunidades en partes iguales. Sobre los porcentajes que recibieron otros actores del caso, señaló que ya se le informó a la Fiscalía.

Finalmente, dijo que las 17 comunidades que integran la asociación, como titulares, son las que deben manifestar la no continuidad del proyecto.

Y aunque la Fiscalía aún no los ha citado, le enviaron cuatro páginas en las que sustentan que ni siquiera se debe dar inicio al proceso penal. Para él, la compulsa de copias del Tribunal de Bogotá se hizo “ante la insistente posición de los accionantes”.

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Por el contrario, Humar dice que la denuncia fue interpuesta, en buena parte, por la compulsa del juez y que confía en las autoridades para que se resuelva el caso a favor del Consejo Indígena del Pirá Paraná. Además, que espera que la tutela sea seleccionada y se puedan sentar reglas claras sobre estos asuntos.

Delta Air Lines le dijo a EL TIEMPO: “Hemos tenido conocimiento de una disputa local sobre quién autorizó el proyecto, y estamos intentando comprender mejor la situación”.

¿Qué dice la compañía de EE. UU.?

En el listado hay dos aerolíneas, la primera de ellas Delta Airlines, una de las marcas de transporte aéreo más grandes del mundo que se despidió así de su convenio con la NRA, que generaba grandes descuentos a los que viajaran en grupo para actividades asociadas a la Asociación Nacional del Rifle. Foto:123RF

Delta Air Lines, tenedora del bono de carbono, según certificado de la plataforma EcoRegistry, le dijo a EL TIEMPO: “Hemos tenido conocimiento de una disputa local sobre quién autorizó el proyecto, y estamos intentando comprender mejor la situación”.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Y agregaron: “En marzo de 2020, Delta estableció una visión audaz y comenzó su viaje hacia la neutralidad de carbono con la mejor herramienta disponible en ese momento: compensaciones de carbono de alta calidad. La estrategia de futuro se centra en dos pilares: integrar la sostenibilidad en todo lo que hace Delta en nuestro viaje continuo para ofrecer experiencias de viaje y operaciones sostenibles; y eliminar el impacto climático de los vuelos, optimizando operaciones para acelerar la disponibilidad de combustibles limpios y aeronaves revolucionarias”.

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