Esta es la indagación de Corte a Álvaro Uribe por la masacre de El Aro

En una providencia de 71 páginas, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia  César Reyes –el mismo instructor del caso por soborno y fraude procesal- citó a versión libre al expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro del expediente por la masacre de El Aro (1997). 

Tal como lo reveló EL TIEMPO en exclusiva este sábado, la citación, programada para el próximo 15 de septiembre, hace parte de un cúmulo de prácticas testimoniales y pruebas ordenadas por Reyes, en momentos en los que la Sala de Instrucción va a entrar a definir si pueden seguir o no procesando a Uribe,  luego de que este renunció a su curul en el Senado, el pasado 18 de agosto.

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La defensa del exmandatario se declaró sorprendida por el hecho de que la Corte decidiera impulsar procesalmente el caso de El Aro. Y la mañana del domingo emitió un comunicado en el que manifiesta que ese proceso debe regresar de inmediato a la Fiscalía.

Según su abogado, el penalista Jaime Granados, la providencia en la que se cita a Uribe a versión tiene fecha del 14 de agosto, pero tan solo les fue notificada el 19 de agosto en la noche, cuando ya era de público conocimiento la renuncia de Uribe al Senado.

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Por eso insiste en que ni el caso por soborno en actuación penal y fraude procesal –por el que se le dictó medida de aseguramiento, con prisión domiciliaria-, ni el de la masacre de El Aro ni ningún otro contra Uribe es ya del resorte del alto tribunal, que los debe enviar de inmediato a la Fiscalía.

De hecho, el penalista señaló que causa extrañeza que la Corte Suprema indague a Uribe (por su fuero de senador) por hechos que supuestamente están relacionados con su desempeño como gobernador de Antioquia, ya que este tipo de servidores está fuera de la órbita del alto tribunal.

Al respecto, EL TIEMPO estableció que la defensa de Uribe pidió, desde 2012 que la Fiscalía lo escuchara en versión. Y en 2018 le elevó la misma solicitud a la Corte que  ahora decreta esa y otras pruebas, algunas pedidas por la defensa del expresidente.

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En la decisión de 71 páginas -publicada por el periodista Daniel Coronell-, está la explicación del magistrado instructor de por qué viene indagando a Uribe por El Aro, y adelantando inspecciones a procesos, solicitud de testimonios, y hasta el levantamiento de planos georreferenciales y de estudios físicos y jurídicos de predios como Guacharacas y La Carolina (fincas que pertenecieron a los Uribe) y hasta del Ubérrimo, la hacienda en Córdoba en la que Uribe cumple su detención domiciliaria.

El mismo proceso se ordena para otros predios como La 53, una finca ligada con el asesinado exjefe de las Autodefensas  Carlos Castaño; Mesa Verde (al parecer, también vinculada a los Uribe Vélez)  y La 35.

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Dentro de las pruebas también se pide averiguar por laFundación Astenfar, cuyo representante es Darío Muñoz: "Sobre la misma deberá obtenerse la información referente datos relevantes para su ubicación y citación". 

De hecho, Uribe no es el único llamado a rendir versión libre: también están citados para la misma semana Juan Guillermo Monsalve (testigo en su contra en el expediente por soborno), el condenado general (r.) Rito Alejo del Río; el condenado ganadero Santiago Gallón Henao y los exparamilitares Freddy Rendón, alias ‘el Alemán’; y Diego Fernando Murillo Bejarano, ‘don Berna’, quien purga una pena en Estados Unidos.

Los nombres aparecen en la providencia firmada por el magistrado Reyes.

En el contenido de la decisión, Reyes advierte que, de acuerdo con el artículo 235 de la constitución, en concordancia con la Ley 600, “ese despacho tiene competencia en el presente asunto para su trámite y posterior adopción de la decisión que en derecho corresponda, en relación con las conductas que fuera declaradas crímenes de lesa humanidad (imprescriptibles), eso es los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro, desplazamiento forzado y conexos”.

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Y explica que, por acumulación de proceso, en este caso se refiere a la masacre de San Roque (1996); la de La Granja (1996); la de El Aro (1997) y el homicidio de Jesús María Valle, en 1998.

Sin embargo, del documento  llama la atención que, sin dar mayores detalles, el magistrado instructor pide que se establezca el tiempo modo y lugar de otros hechos, como la muerte de Pedro Juan Moreno Villa, ex asesor de Uribe en la Gobernación de Antioquia, que murió en un accidente aéreo. Y se pide se establezca si uno de los de la seguridad de Uribe, cuando era gobernador, es pariente del mayor retirado del Ejército Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, condenado por varios crímenes.

En la providencia, que registra más de 15 actuaciones desde que llegó a la Corte, también se pide la inspección a procesos y estados judiciales de personas del entorno íntimo de Uribe.

En el documento se menciona a Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia y exsenador, procesado por parapolítica. Y se pide inspeccionar el proceso que está en etapa de juicio en contra del ganadero Santiago Uribe, hermano del hoy exsenador Álvaro Uribe Vélez.

También aparece el general (r.) de la Policía Flavio Buitrago, exjefe de seguridad de Uribe (como Presidente de la República) condenado por nexos con alias 'el Papero', tras una investigación periodística de EL TIEMPO. Junto con Buitrago, la Corte pide información sobre otros 12 de la Fuerza Pública, la mayoría en retiro.

También aparecen Juan Guillermo  y Luis Alberto Villegas y Sergio González. Al parecer, este último es un abogado, cercano al ex senador Mario Uribe, que cobró protagonismos por el montaje contra el exmagistrado Iván Velásquez, dentro del caso 'Tasmania'.

Además, del general (r.) Buitrago, en la lista de de la Fuerza Pública mencionados en el auto del magistrado figuran Alfonso Manosalva Flores, Armando Alberto Pérez Betancourt, Jorge Humberto González Ureña, Pedro Manuel Benavides Rivera, Hernando Cano Castaño, Rito Alejo, del Río, Edilson Hoyos Herrera, Juan Carlos Meneses Quintero, Juan Carlos Rodríguez Agudelo y Alexander Amaya Vargas.

Llama la atención que varios de los nombres que aparecen en el expediente que tiene  a Uribe privado de la libertad -el de presunto soborno en actuación penal y fraude procesal- se repiten en el expediente de El Aro.

El primero es el senador Iván Cepeda, víctima dentro del caso de soborno, e impulsor del de El Aro, como accionante popular.

También aparecen Luis Guilermo Monsalve, el hijo del mayordomo de Guacharacas, una de las haciendas que perteneció a los Uribe; y Carlos López, alias 'Caliche'.

En el auto, el magistrado Reyes deja establecido hacia dónde va la indagación:

"Las presentes diligencias se encuentran en etapa previa, de suerte que con el propósito de establecer si los hechos denunciados en contra del senador Álvaro Uribe Vélez  han tenido ocurrencia, así como establecer quién o quiénes son los presuntos responsables, se dispone continuar con el recaudo de prueba documental y testimonial que resulta pertinente, conducente y últil para verificar los elementos fácticos denunciados".

Y a renglón seguido procede a oficiar las pruebas solicitadas tanto por la defensa de Uribe (incluida la versión libre), como las que él concidera conducentes. 

Los hechos a los que se refiere son presuntos nexos con varias estructuras paramilitares, como el Bloque Metro, que ejecutaron masacres y otras acciones violentas. Testimonios allagados al expediente por el senador Iván Cepeda, señalan que algunos de esos delitos fueron cometidos, supuestamente, en apoyo o siguiendo instrucciones del investigado.

El  magistrado también pide que se oficie a varios medios de comunicación, para que entreguen entrevistas ya publicadas con exjefes narcoparamilitares, como Juan Carlos 'el Tuso' Sierra, Salvatore Mancuso, Pablo Hernán Sierra,  alias 'Ernesto Báez' (q.p.d.) y  alias 'HH'.

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En este punto llama la atención que el magistrado pide que La W radio remita las fotos y videos que, al parecer, les fueron remitidas a algunos de sus periodistas en las que aparecería Álvaro Uribe Vélez con Fedor Nader, alias Jorge Millán. 

El expediente, por reparto, estuvo inicialmente en caso del hoy procesado magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández. en ese momento (2014) se declararon impedidos para saber del tema la entonces magistrada María del Rosario González y José Leonidas Bustos, este último también procesado por 'el cartel de la toga'.

Al respecto, la defensa de Uribe es enfática en que “ninguna relación existe entre los hechos objeto de investigación y el ejercicio de las funciones cómo Senador de la República, las cuales empezó a desempeñar Uribe en julio de 2014, es decir casi 18 años después”.

De hecho, preparan un pronunciamiento de fondo en el que insistirá que, desde el 2 de mayo de 2012, Uribe le informó a la Fiscalía su voluntad de aclarar cualquier duda sobre su proceder como Gobernador de Antioquia. De hecho, fuentes de la Fiscalía le confirmaron a EL TIEMPO que se alcanzó a disponer la diligencia, pero esta nunca se cumplió. 

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO) 

Por eso, insistirán en que se le explique al país por qué, en 6 años que estuvo el caso en la Corte, solo hasta ahora se ordena la diligencia pedida por la defensa y reiterada en un oficio al alto tribunal, con fecha de 2018.

De hecho, allegados a Uribe les dijeron a reporteros de este diario que desde que el expediente pasó a la Sala de Instrucción (en octubre de 2018) nunca fueron informados de ningún movimiento procesal. 

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